Rubén Aguilar Valenzuela
Los hogares más pobres son a quienes más afecta la corrupción por dos razones: pagan una mayor proporción de su ingreso en sobornos, y no reciben servicios que debieran ser gratuitos cuando el costo de la mordida se los impide.
En Corrupción: Le sigue costando más a los pobres, trabajo de Sofía Ramírez y Katia Guzmán investigadoras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documenta esta realidad.
Los hogares en México pasaron de pagar en sobornos el equivalente a 18% de un mes de su ingreso promedio (3,068 pesos) en 2019 a 11% (2,041 pesos) en 2020. Y también disminuyó el número de veces de las extorsiones en el año al pasar de 2.8 en 2019 a 2.0 en 2020.
El monto en sobornos que pagan los hogares más pobres cayó en una tercera parte de 2019 a 2020. Así, pasaron de destinar el equivalente al 30% del ingreso de un mes (1,457 pesos) al pago de mordidas en 2019, a 19% (928 pesos) en 2020.
A pesar de esto, que es una buena noticia, los hogares que ingresan hasta seis mil pesos al mes, el 25 % del total, pagan un mayor porcentaje de su ingreso en mordidas que el hogar promedio en México, de acuerdo al INEGI. La corrupción sigue costando más a quienes menos tienen.
Un hogar promedio paga el 11.0 % de un mes de su ingreso en sobornos y los más pobres el 19 %. La investigación arroja que el mayor de los problemas es que estos últimos dejan de recibir servicios por no pagar la mordida y por lo mismo son excluidos.
Las investigadoras señalan que hay servicios o bienes gratuitos como el patrullaje, la seguridad pública, el acceso a servicios de emergencia o sanitarios, que están fuera del alcance del bolsillo de los hogares que no pueden dar las mordidas que se les piden.
Que las familias más pobres puedan acceder a todos los servicios y bienes gratuitos a los que tienen derecho depende de que las autoridades mantengan una estricta supervisión y castigue a los funcionarios que exigen mordidas.
El estudio de MCCI plantea que la reducción de los sobornos puede estar asociada al discurso del presidente López Obrador que a perneado en los funcionarios públicos que prestan servicios, que ahora ven más difícil solicitar pagos indebidos.
