Héctor Reyes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó publicar un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde declara como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura y de las obras de su administración que estén asociados a la infraestructura de varios sectores, como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, incluso turístico.

Expertos en derecho constitucional y en transparencia concluyeron que el acuerdo que el presidente López Obrador, favorece la opacidad y además viola la Constitución.

“El presidente de la República ha violado nuevamente la Constitución Política: el principio de transparencia y el juicio de amparo”, han sostenido. 

Con el decretreyo se consumó la destrucción del estado de derecho y, con ello, ha impuesto la opacidad como regla y su libre arbitrio como instancia inicial y final… ha dejado a los mexicanos en estado de indefensión.

A base de decretos inconstitucionales y anticonstitucionales ha hecho algo más: ejercer el poder con base en la Carta Magna, al margen de ella y aún en contra de lo que su texto manda y prohíbe. Su acción, como la de toda autoridad arbitraria, no reconoce barreras legales o humanas. Nada detiene su acción. Eso es grave, general y reiterado.

“El decreto carece de fundamento. Los artículos 26 y 90 constitucionales que invoca, por el lado que se les vea, no lo fundan. Ninguno de esos preceptos le confiere facultades para hacerlo. En esas circunstancias, al emitirlo, viola los principios de que una autoridad sólo puede actuar en ejercicio de las facultades que tiene conferidas y que debe fundar y motivar sus actos”...

“Este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”, señaló el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.

“Las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que invoca el presidente de la República no fundan su actuación; jurídicamente no pueden hacerlo. Son normas de naturaleza secundaria; ellas, por ser de jerarquía inferior, no pueden contrariar lo dispuesto por la fracción X del artículo 107 y el 134 constitucionales, que prevén lo relativo a la suspensión en los juicios de amparo y la transparencia, como regla general, en el manejo de los fondos y recursos públicos. Estas normas son de naturaleza fundamental y de jerarquía superior”.

En resumen, dicho acuerdo rompe con varios principios constitucionales, primordialmente el principio de legalidad al pretender que un decreto establecido en un acuerdo pase por encima de normas legales vigentes.

Varios comunicadores han llamado a esta acción como el “Decreto del Silencio”, ya que albergará el secreto de con quienes y cuales empresas realiza y realizará sus obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, las cuales entrarían en la definición de seguridad nacional, así que el gobierno federal podría negarse a entregar información vía transparencia sobre estos proyectos.

El jueves pasado se publicó en “Loret Capítulo 63” un reportaje, construido a través de solicitudes de información pública, sobre 966 contratos del aeropuerto de Santa Lucía que se han entregado a empresas fantasma, compañías acusadas de desvío de recursos, proveedores que antes tenían otro giro comercial y pequeños comercios que surtieron miles de productos.

Por último, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto presidencial que considera a las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como de interés público y seguridad nacional.

¿Qué pasará en esta nueva novela? Veremos y diremos.

 

 

Punto y parte

 

En la pasada entrega comentamos el tema de la inflación, pues bien, después de una semana, este factor no da tregua en México. En la primera quincena de noviembre, el índice de precios se situó en un 7,05% anual, la mayor cifra desde 2001, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente López Obrador consideró que la inflación no es un tema exclusivo de México y por el contrario es una crisis mundial originada por la pandemia por Covid-19, pero cada vez, el bolsillo no alcanza dicen los economistas.

Buen fin de semana, la frase: “Las mejores cosas de la vida, suceden cuando menos las esperas”. ¡Ánimo!

 

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