Héctor Reyes
La historia demuestra que pocas tentaciones resultan tan peligrosas para cualquier gobierno como la de regular aquello que se dice, se escucha o se transmite.

 
Ninguna democracia puede prescindir de reglas para los medios de comunicación, pero tampoco puede permitirse que esas reglas terminen convirtiéndose en instrumentos para limitar la crítica, condicionar las opiniones o inhibir el debate público.

La discusión que hoy vive México en torno a la nueva regulación de radio y televisión ha encendido nuevamente una de las alarmas más sensibles para cualquier sociedad democrática: la libertad de expresión.


Desde el Gobierno Federal se insiste en que no existe intención alguna de censurar a los medios de comunicación. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las modificaciones buscan fortalecer los derechos de las audiencias, combatir la desinformación y garantizar una comunicación más responsable, negando que se trate de una “Ley Censura”.

 

Pero este tema, no se trata únicamente de lo que una ley diga en el papel, por qué las dudas no han desaparecido…


Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Article 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que algunas disposiciones podrían permitir una intervención excesiva del Estado sobre los contenidos difundidos por radio, televisión e incluso plataformas digitales, dependiendo de cómo sean interpretadas y aplicadas por la autoridad. 


A estas preocupaciones se han sumado representantes de la industria de la radiodifusión, especialistas en derecho constitucional y diversos analistas, quienes consideran que la concentración de facultades regulatorias en un organismo dependiente del Ejecutivo podría debilitar los contrapesos institucionales que durante años buscaron garantizar la autonomía del sector.


La libertad de expresión existe para garantizar que las distintas voces puedan seguir siendo escuchadas.


Los medios de comunicación tienen, por supuesto, responsabilidades éticas. Deben informar con rigor, verificar datos, evitar la desinformación y respetar los derechos de las audiencias. Nadie discute esa obligación.


Pero también es cierto que corresponde a los ciudadanos decidir qué escuchar, qué ver y qué creer, no al gobierno determinar qué contenidos resultan aceptables dentro del debate público.

 

Por ello, el debate no debe reducirse a una confrontación entre oficialismo y oposición. La verdadera discusión consiste en encontrar el equilibrio entre una regulación y la preservación absoluta de una prensa libre, crítica y plural.


La libertad de expresión rara vez desaparece de un solo golpe. Generalmente comienza a erosionarse mediante pequeñas restricciones que, en nombre del orden, la protección o el interés público, terminan reduciendo el espacio para la crítica.


En democracia, la mejor respuesta frente a una mala opinión nunca ha sido el silencio impuesto por la autoridad. Siempre será mejor tener una opinión, más información y un debate abierto.


Porque los gobiernos pasan, pero la opinión pública permanece. 


Buen fin de semana, la frase: “El invierno más frío que he pasado fue un verano en San Francisco.” Ánimo. 

 

 

X:_hreyes