A vuelo de guacamaya

A ocho años de haberse perpetrado la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de Escuela Normal de Ayotzinapa y con la intención de dar el tema por concluido, el subsecretario de Gobernación reconoció que se trató de un “crimen de Estado”, en el que participaron diversas instancias de autoridad, incluido personal militar. 

Como inmediata consecuencia, se giraron 83 órdenes de aprehensión en contra de otras tantas personas supuestamente involucradas, entre las que se contaban varios militares.

Lejos de resolver la maloliente maraña del caso, las medidas adoptadas por el gobierno avivaron el fuego y complicaron aún más la situación, lo cual se veía difícil que pudiera pasar.

La reacción adversa de las madres, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos se ilustra bien con este párrafo, tomado del sitio web del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.: “A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa… sea conocido (sic) por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Ellos no son los únicos inconformes. Es evidente que también entre los detenidos existe inconformidad, sobre todo si es que nada tuvieron que ver, pero la oscura información y la imperiosa necesidad política de cerrar el caso hubieran llevado a recoger las redes, llevándose a todo aquel que estuviera en ellas.

Entre estos últimos hay una corporación integralmente comprendida, pues al calificarse como “crimen de Estado” e ilícito, su participación habría sido en ejercicio de funciones institucionales: el Ejército Mexicano, en cuya comunidad, ha trascendido, han brotado diferencias e inconformidades por ésta y otras situaciones anteriores, a la que se acumula la más reciente.

Algo ha de estar pasando y alguna medida debe haber provocado cuando, inopinadamente, la Fiscalía General de la República canceló al menos 21 órdenes de aprehensión, 14 de las cuales correspondían a militares.

Nadie quedó contento, pero la animadversión en el Ejército puede que sea más acentuado y capaz de provocar una preocupación mayor para los planes de profundización y permanencia del grupo en el poder.

Mientras se vivían las primeras reacciones entre los afectados, víctimas y defensores, surgió una cuestión aparentemente inconexa con el evento: un colectivo, autonombrado “Guacamaya”, violó la seguridad de la red interna de la Secretaría de la Defensa Nacional, obteniendo ilegalmente un volumen de información que, según se ha informado, asciende a la friolera de 6 terabytes de información, que equivalen a “36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video”, según un tuit del propio colectivo, que también lanzó otro al aire diciendo: “Presidente López Obrador, sólo usted sabe la información que viene y saldrá a la luz. Tome una buena decisión y #AMLORenunciaYa”, en español e inglés.

Ante el disgusto que entre los militares campea, según se dice, no faltó el mal pensado que considera que pudo haberse tomado por algunos la decisión de presionar de la forma más eficaz de las disponibles hoy en día, y se pregunta en consecuencia: ¿Y si hubiera sido filtración y no hackeo?

Desaparecidos en Coahuila. Ver lo que está pasando debería concitar a revisar lo que ocurre en Coahuila con los casos de desaparición forzada, respecto de cuyo fondo no hay resultado alguno que sea satisfactorio. En cambio, lo que ha operado bien es el fenómeno que se conoce como “expropiación del sufrimiento”, que evita que madres y familiares puedan tener “cierres” dignos para sus penas. Hay, según datos oficiales, más de 1700 casos sin resolver, lo que no es poca cosa. El congreso, la Fiscalía y otras instancias, están al tanto de eso ¿van a hacer algo al respecto?