Xavier Díez de Urdanivia

Después de haber sido un opositor acérrimo de la intervención militar en asuntos de seguridad pública, modificó radicalmente su posición al llegar a la presidencia, a pesar de sus promesas y reclamos anteriores.

Ya de plano en el otro extremo del espectro, el mismo AMLO que prometió regresar al Ejército a los cuarteles, anunció esta semana que expedirá un acuerdo para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como era de esperarse, la noticia provocó airadas reacciones, a causa de su evidente inconstitucionalidad.

La Barra Mexicana, quizás el colegio de abogados más relevante del país, expidió un comunicado en el que, citando previamente los artículos que serían claramente violados, recuerda también los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llevan a la conclusión de que cualquier intervención de las fuerzas armadas debe ser: “a) Extraordinaria; b) Subordinada y complementaria; c) Regulada; y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes e independientes”.

El comunicado, a fin de cuentas, acaba por expresar lo que todo mundo sabe: “Ningún acuerdo presidencial puede estar por encima de la Constitución. Por lo tanto, la Guardia Nacional no puede depender de Sedena”.

Después de ese corolario y como consecuencia de él, se dirige así al presidente: “Desde la BMA exhortamos al Ejecutivo a respetar el marco constitucional y convencional aplicable y a dejar las tareas de Seguridad Pública en manos de personal civil. La presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser acotada y excepcional”.

Dos cosas se antojan pertinentes al comentar este acontecimiento: la primera, que ningún exhorto, ni exigencia alguna por enérgica que sea, va a disuadir al Presidente de imponer su capricho a cualquier norma o principio que se oponga a sus deseos, así sea constitucional o convencional, según ha demostrado.

La segunda tiene que ver con la natural suspicacia que despierta la evidente imposibilidad jurídica de que su anunciada pretensión sea eficaz, aunada al largo compás de espera que abrió, pues al señalar un lapso que concluye el 16 de septiembre y por la carga simbólica de esa fecha, se aseguraría mantener la atención distraída por un lapso suficiente para permitirle operar algún otro proyecto que podría interesarle mucho más ¿Hay, en el horizonte, alguno que tenga esas características?

Para saberlo es necesario eludir el garlito y otear en el horizonte para descubrir qué está ocurriendo en el mundo de la política. Así, destacará la discusión que, en medio de una gran tensión política, está teniendo lugar en el Poder Legislativo federal acerca de una modificación verdaderamente deseada por AMLO y sus cercanos: la reforma a la normatividad electoral, con el propósito fundamental de desmantelar el INE, cambiando su estructura, naturaleza e integración, para que convertirlo, de obstáculo como dice que es, a instrumento de control electoral dócil a sus designios.

No parece descabellada la hipótesis, y explicaría bien, además, la intención del buscapiés lanzado con el asunto de la Guardia Nacional que, si le resulta, bueno, pero si no, ninguna mella severa, en los hechos, le ocasionaría. A fin de cuentas, ya funciona como un cuerpo más del Ejército.

Lo que queda por hacer es pugnar porque se revierta la militarización del régimen, y no solo en materia de seguridad pública, sino también en otras ramas, como son la obra pública y las administraciones aeroportuarias, por mencionar solamente dos de ellas, pero sin perder de vista el objetivo de defender las instituciones y salvaguardar las características y naturaleza del órgano electoral autónomo, que con ser menos bueno que su antecedente IFE desde que se convirtió en “nacional”, es a todas luces mejor de lo que quedaría de concretarse la reforma pretendida por el Presidente y su grupo.

Habrá que estar muy atentos y activos, con un ojo al gato y otro al garabato.