Xavier Díez de Urdanivia
El primer deber de un gobernante es respetar la ley, aunque hay algunos que ningún aprecio tienen por ella, como se dejó ver en estos días, una vez más, cuando un juez de distrito decretó, la suspensión de la obra del tren maya, lo que fue olímpicamente ignorado por las autoridades responsables, aduciendo que esa obra fue declarada, por ellas mismas, como necesaria para la seguridad nacional.
¿Es correcta esa declaratoria? según la ley de la materia, la “seguridad nacional” comprende “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, cuando conduzcan a: la “protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país”; la “preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio”; el “mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”; el “mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación”; la “defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”, y “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.
El artículo 5 de esa misma ley reconoce como “amenazas a la seguridad nacional”: los “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional”; los de “interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano”; aquellos que “impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; los “tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; a “obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; los que sean “contra de la seguridad de la aviación”; los que “atenten en contra del personal diplomático”; “todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; los “actos ilícitos en contra de la navegación marítima”; “todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”; “actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y los actos “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos”.
He transcrito la parte medular del artículo 5 con prolijidad quizás excesiva, a fin de no dejar resquicio alguno a la enumeración de la ley, para constatar que la declaratoria del tren maya como asunto de seguridad nacional es improcedente, sólo una maniobra burda para eludir la ley, una más de la serie, que se vuelve cada vez más grave y se plantea más descaradamente.
No contentos con ello, el 19 de julio se presentó por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, una iniciativa que pretende añadir a los artículos 128 de la Ley de Amparo y 15 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II de la Constitución, un párrafo que dice: “Los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no serán objeto de suspensión”.
Anular la eficacia de las garantías constitucionales es, a todas luces, el propósito y las fracciones opositoras y todo legislador que conserve un ápice de decencia, tendrán que emplearse a fondo y cuidar, no sólo la constitucionalidad de la pretensión, sino también su potencial destructor de toda posibilidad de contar con un gobierno sustantivamente democrático.
Rescatar el “estado de derecho” y restablecer las posibilidades de un buen gobierno requiere, además, del reforzamiento de la función judicial, que tendrá que ser respaldada vigorosamente por todos, no sólo por sus órganos de administración y disciplina, sin protagonismos y desviaciones que, en estas circunstancias, son disfunciones que debilitan y corrompen la estructura toda.