Xavier Díez de Urdanivia

Si está usted dubitativo sobre asistir o no a desahogar la consulta sobre la revocación de mandato, tal vez le sean útiles las consideraciones que siguen.

Conviene, por principio de cuentas, subrayar que no se trata de una elección de autoridades, sino de responder a una pregunta plebiscitaria, lo que implica consecuencias diferentes. En el primer caso se trata de intervenir en un proceso que necesariamente ha de efectuarse y cuyo resultado será “vinculante” siempre, mientras que en el segundo lo será sólo si acude a las urnas el 40 % del padrón electoral. En caso contrario, gane la postura que gane, no habrá consecuencias jurídicas.

Esta característica hace que sea sumamente extraño el afán presidencial por efectuar la consulta. Sin ella seguiría en el mando hasta el final previsto, sin sobresaltos, costos y desgastes innecesarios, pero sobre todo sin el riesgo por ser echado a la calle anticipadamente.

En la demagogia está la respuesta, y en la seguridad que confiere el hecho de tener el control de los poderes, las estructuras y los recursos públicos necesarios para asegurar un resultado favorable, lo que no sólo le permitiría continuar al mando, sino que le daría un nuevo aire a la “legitimidad” aparente que adquirió de sus electores originarios, especialmente en momentos en los que, históricamente, empieza el declive del poder político presidencial en México, que en el caso presente ha dado muestras de ser más agudo de lo usual, en virtud de los dislates recientes, que se han sumado a los yerros y deficiencias acumulados desde antes, incluso, de iniciar su gestión.

Nótese cómo esa pérdida de ascendiente sobre las huestes que, incluso de buena fe, lo habían apoyado, y el adelgazamiento mismo de ellas, ha motivado que, mañosamente, se hayan  tergiversado las cosas y se haya echado mano de trampas y marrullerías muy burdamente contrarias a la constitución y las leyes, como lo son el planteamiento mismo de la pregunta, que de ser simple y tratarse de apoyar o no la revocación, pasó a ser presentada como manifestación de apoyo mediante una “ratificación” -a cambio de “revocación”- del mandato, con una clara intención de influir en la
respuesta.

Mucho se ha dicho acerca de los efectos de los diferentes escenarios que podrían darse de reunirse o no el mínimo de participación para que el resultado fuera vinculatorio; también para el caso de que no lo fuera. Por eso no bordaré mucho sobre ese tema, sino que voy a referirme al caso -remoto, a mi juicio- de que se rebasara el mínimo de participación y prevaleciera la opción que implicara revocar el mandato, caso que implicaría que cesara de inmediato en sus funciones el presidente y el cargo quedaría vacante.

Es previsible, dado el acendrado presidencialismo de nuestro sistema y nuestra cultura política, el vacío de poder traería aparejados males que podrían ser peor que la enfermedad, si mucho espacio para darle la vuelta a los gravísimos inconvenientes que con seguridad se presentarían.

En primer lugar, el ingente poder presidencial recaería, de inmediato, en el presidente de la Cámara de Diputados federal (dominada por Morena), de acuerdo con los artículos 84, último párrafo, de la constitución, y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mientras el congreso designa un presidente sustituto, dentro de los treinta días siguientes, para que concluya el periodo que dejaría trunco la revocación. 

Es previsible una agitación política de proporciones mayores, no solo por la rebatinga que se daría para apoderarse de la presidencia vacante, sino, sobre todo, por el espacio de oportunidad que se abriría para todas esas fuerzas paralelas que se han generado en el país, a la sombra o por la incapacidad del poder público -muy activas unas, latentes otras- lo que daría lugar a algo muy parecido al caos, si no es que al caos mismo.

Ese es el panorama, la decisión de participar, o no hacerlo, sigue siendo personal.