Xavier Díez de Urdanivia

El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”, y no se piense que es un derecho establecido por ella, porque recoge, casi literalmente, la disposición del artículo cuarto de la constitución de 1857, expedida por esa generación de mexicanos a la que tanto dice reverenciar el presidente AMLO, claramente personificada por el imaginario popular en el presidente Benito Juárez.

Entonces, como hoy lo hace la constitución vigente, se garantizaba ya el derecho de toda persona -individual o colectiva- a contar con asistencia profesional y una defensa adecuada si enfrentara la vulneración de sus derechos, sin importar su origen, nacionalidad o cualquier otra causa que significara discriminación.

A pesar de eso, el presidente AMLO, en su conferencia de prensa matutina del lunes anterior, tuvo la siguiente desafortunada expresión: “Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres pues, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria” (https://lopezobrador.org.mx/2021/02/22/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-474/).

Parecería que, quien dice inspirarse en los mismos ideales republicanos -liberales, por cierto- que están en el ánimo de los dispositivos constitucionales mencionados, reniega de los principios republicanos que tanto invoca, porque entre ellos destaca el de igualdad en derechos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad y otros diferenciadores accidentales.

En el contexto y por el tono en que fue expresada esa admonición, pareció más una amenaza que una advertencia. Los términos empleados por el presidente claramente convocan a los aludidos para que tengan presente que pueden ser perseguidos por la supuesta comisión de ese delito.

La seriedad de la cuestión se hace evidente con sólo leer la primera descripción típica de conducta referida como “traición a la patria” por el artículo 123 del Código Penal Federal y la sanción que le correspondería, que no es deleznable: “Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes: I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

Sin necesidad de adentrarse más en el derecho penal bien puede advertirse la amplitud del margen interpretativo, altamente inconveniente e inadecuado en la materia, respecto de voces tales como “independencia”, “soberanía” o “grupo extranjero”, por ejemplo, que son clave en la definición del tipo delictivo.

Hay muestras sobradas en el discurso cotidiano de la imprecisión e inexactitud con que habitualmente se manejan esos conceptos y el desprecio por la constitución y la ley en otros casos ¿con que confianza se puede esperar que en el presente las cosas queden en un mero incidente sin consecuencias, cuando el estilo sugiere que puede ser lo contrario?

Él protestó -que es tanto como decir que empeñó su palabra- cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen. Dejar de hacerlo es sin duda una falta grave.

El uso político de las instituciones creadas para prevenir y perseguir los delitos ante los jueces siempre será deplorable, pero es peor todavía su empleo para conculcar derechos y someter, por la vía del temor a quienes tienen, precisamente, la función social es coadyuvar a la implantación de la justicia como actitud en la vida cotidiana de la comunidad.

Para bien de México, más vale que no sea ese el caso y que su comentario, con todo y los visos que tiene de ser una ominosa amenaza, no pase de ser un impertinente exabrupto.