Xavier Díez de Urdanivia
El martes 18 de agosto hubo un “primer diálogo virtual” convocado por la Cámara de Senadores para analizar -una vez más- los “Desafíos de la Justicia Mexicana”.
En él participaron, además de varios senadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, el de la Comisión Permanente de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la secretaria de Gobernación y muchas otras celebridades de la cartelera del momento.
Pletórico como estuvo de desgastados lugares comunes, se hizo patente, además, la arraigada confusión conceptual que impide a los legisladores, y algunos otros funcionarios, distinguir entre las funciones de las fiscalías, las policías y los jueces.
Por supuesto, el propósito del foro fue analizar los aludidos retos en vista de una inminente reforma, cuyo objeto explícito, para no variar, es “transformar la justicia para hacerla pronta y expedita”, desterrando de ella, “de una vez y para siempre”, el nepotismo y la corrupción, para que en México impere “un auténtico estado de derecho”, siempre, claro, con pleno respeto de la autonomía judicial y con la mejor garantía del “debido proceso”.
Algunos suspicaces, de esos que no faltan -embozados emisarios de pasados tiempos neoliberales seguramente- habrán querido suponer que, tras ese objetivo, se esconde la intención de restarle capacidad al sistema jurisdiccional, sobre en todo en materia de justicia constitucional y en todo aquello que pueda obstruir la tersa fluidez de las decisiones “de arriba”.
Quienes así lo hayan podido hacer, por desgracia, vieron estimulados sus motivos por la ocurrencia de algunos eventos que no abonan a la credibilidad de las buenas intenciones y, en cambio, dan lugar a inferencias que conducen al lado contrario.
En primer lugar, las filtraciones conectadas con el caso Lozoya, que no solo vulneran principios básicos del “debido proceso”, sino que introducen presiones indebidas a los titulares del poder judicial, que son los jueces, cada uno, individuales o colegiados, según la competencia que por razón de materia, territorio o grado les corresponda.
¿Aciertan quienes, además de la pretención de controlar y poner candados a la función jurisdiccional, le atribuyen el subproducto de transferir a la judicatura el fracaso y las responsabilidades de la fallida gestión administrativa en materia de seguridad pública, cuyo control, según se ve, está perdido y sin trazas de recuperación?
Al análisis habría que agregar un par de eventos que, coincidentemente, se presentaros en los mismos días en que tuvieron lugar las cuestiones mencionadas: el anuncio del amparo concedido a uno de los implicados en una de las muchas facetas del “caso Lozoya” y la inmediata suspensión del juez que lo concedió, sin mediar averiguación anterior y con una celeridad inusitada, además de la “inhabilitación” administrativa de la revista “Nexos” por supuestas irregularidades que pudieron o no tener lugar hace ya tiempo y ahora se reviven.
¿Qué reforma jurisdiccional hace falta para evitar que tales cosas sucedan? ¿Hay alguna que pueda aspirar a lograrlo?
De nada vale enarbolar la bandera de la justicia y el “estado de derecho” si a la constitución se anteponen el capricho, la conveniencia o cualquier otro interés que se encubra por el velo de lo que, a fin de cuentas, es la misma arbitrariedad oculta tras la tristemente célebre “razón de estado”.
Hace unos días “El País” publicó una entrevista que el diario italiano “La Repubblica” hizo a George Soros, una de cuyas preguntas inquiría sobre su opinión acerca de la situación actual en Europa y en Estados Unidos, a lo que respondió, en lo que al país del norte se refiere: “EE. UU. es una de las democracias más longevas de la historia…tiene una larga trayectoria en la implementación de controles y contrapesos, y también cuenta con unas reglas bien establecidas. Y, sobre todo, tiene la Constitución”.
¿Hubiera podido decir lo mismo si la pregunta hubiera sido sobre México?