Francisco Treviño Aguirre

De acuerdo con Daniel Yergin, uno de los principales consultores en el sector energético a nivel mundial, la soberanía energética de un país se define en un entorno donde se proporcionan suministros y servicios básicos de energía suficientes, fiables y asequibles de una manera que no entra en conflicto con los valores, intereses u objetivos de política exterior de un país ni los pone en peligro. Por lo tanto, la soberanía energética no es sinónimo de seguridad del suministro, sino que requiere un sistema técnicamente robusto, formando así la base de la autonomía estratégica y la capacidad del estado para actuar en asuntos energéticos. No obstante, si bien es necesaria, esa soberanía es en sí misma es insuficiente para garantizar la seguridad energética sostenible de un país a lo largo del tiempo.

Las capacidades de implementar acciones estratégicas deberán de ser determinadas por las formas en que se garantiza la seguridad y suministro energético de forma continua. Esto requiere flexibilidad, diversificación y la capacidad de seleccionar entre tantas opciones para su generación como sea posible. Los generadores de energía existentes y futuros tanto del estado como los privados deberán crear condiciones de beneficio colectivo y no para impedir que los actores relevantes lleven a cabo e implementen sus propias prioridades de seguridad y de política energética, esto le restaría competitividad al país.

Sin embargo, la soberanía no debe confundirse de ninguna manera con la autocracia, y dejar que una sola entidad opere el sistema eléctrico nacional sin contar con regulares externos, Por el contrario, las asociaciones estratégicas y las relaciones mutuas pueden ayudar a ampliar la gama y el alcance de las acciones disponibles. La soberanía energética también tiene una dimensión interna, ya que los objetivos, intereses y principios rectores deben definirse claramente. Se requiere un consenso básico dentro de la sociedad para crear un balance adecuado en el sistema eléctrico, donde todos tengas las mismas oportunidades, pero favoreciendo aquellos generadores menos contaminantes.

En este sentido, la transición energética implica un doble cambio sistémico: la eliminación progresiva del sistema energético convencional en base al uso de carbón y combustóleos y la creación de un sistema basado en la energía sostenible. Los desafíos que este proceso transformador plantea para la gobernanza son considerables. Paralelamente, debe garantizarse la seguridad del suministro, al mismo tiempo que se logra el equilibrio adecuado entre eficiencia y seguridad energética. Desde una perspectiva climática y medioambiental, la transición energética es urgente, como ya se ha mencionado en los acuerdos internacionales: el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de Paris. Una vez implementado, ofrecerá más margen político de maniobra porque los recursos renovables, que están disponibles en todas partes, pueden proporcionar energía localmente y de manera descentralizada, garantizando mejores precios al consumidor y una generación de energía menos contaminante.

Frente a las graves consecuencias de la pandemia de Covid-19, se debe enfatizar al final que la soberanía energética es, por supuesto, solo un principio rector que debe equilibrarse con la competitividad y el desarrollo sustentable dentro de los objetivos estratégicos de una política energética. Después de todo, es imperativo analizar que la generación y distribución de la energía sean de acuerdo a la demanda de los usuarios para evitar congestionamiento en las redes de transmisión y así garantizar un suministro energético correlacionado con las políticas ambientales, impulsarr la inversión extranjera y proporcionar una verdadera soberanía energética.

 Twitter: @pacotrevinoa