Rubén Aguilar Valenzuela
Es algo que se sabe y sostiene a nivel internacional, que las y los integrantes de las Fuerzas Armadas no deben estar en responsabilidades públicas donde manejen recursos o en sitios donde puedan ser sobornados.
Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas son como cualquier otro ciudadano, no son de una condición ética superior, y por eso mismo no deben estar en puestos públicos donde se les pueda corromper.
Si un civil en el gobierno se corrompe, es grave y condenable, pero lo hace a nivel personal y no representa a una institución como las Fuerzas Armadas, garantes de la seguridad nacional, y garantía última del cumplimiento de la Constitución.
En el sexenio pasado, el presidente López Obrador (2018-2024) decidió que los militares y marinos se hicieran cargo de las aduanas del país, porque según él, ellos serían incorruptibles.
Un alto mando del Ejército me dijo en ese momento, que el presidente tomaba esa decisión, precisamente para que se corrompieran, y así desprestigiar a la institución. En su versión, López Obrador siempre tuvo en mente desparecer al Ejército.
Sobre este tema hay mucho que hablar, pero lo que es una realidad, ha sido que las aduanas a cargo de los militares, desde un inicio han sido centros de corrupción. Los casos son muchos y se repiten. Aquí solo un ejemplo:
Cuando entre 2024 y 2026, los tenientes coroneles, Armando Barrera y Blas Pedro Sarabia, fueron los responsables de la Aduana de Matamoros, participaron en el tráfico de 144 millones de litros de hidrocarburos, uno de los robos más grandes del huachicol fiscal, y ahora son prófugos de la justicia.
Aunque supuestamente el Ejército hizo «limpia» del personal en esa aduana, el contrabando de hidrocarburos continúa, y se sabe que, es la aduana en esa frontera, a cargo de militares, por donde ahora más entra combustible para surtir el mercado negro de las gasolineras de distintos estados del país.
Los que conocen del tema dicen que la mayor parte de los hidrocarburos entran por la aduana del puente «Tratado de Libre Comercio», que opera desde 1992, y está a 33 kilómetros de la marcha urbana de Matamoros. La aduana está a cargo de militares.
En los dos últimos años, el mayor operador del contrabando de hidrocarburos, como parte del huachicol fiscal, era el tamaulipeco Roberto Blanco Cantú, El Señor de los buques, a través de la aduana marítima de Altamira, Tamaulipas, a cargo de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Entre 2024 y 2025, Blanco Cantú, pagó 69.4 millones de pesos de sobornos a funcionarios de distintas dependencias y particulares que le permitieron introducir al país millones de litros de hidrocarburos de contrabando. Entre ellos a militares y marinos. Hoy está prófugo de la justicia.
El huachicol fiscal ha costado a las finanzas públicas del gobierno de México 700 000 millones de pesos, y en él han participado militares, marinos, civiles y políticos de Morena, del más alto nivel. Entre quienes investigan y estudian sobre este tema aseguran existen evidencias de que una parte de este recurso que se utilizó en el apoyo a las campañas de Morena en la elección de 2024.
La presidenta, comandanta en jefa del Ejército y la Marina, debe considerar, es estratégico, la decisión de retirar de las aduanas terrestres y marítimas a los militares y marinos. No deben de estar en sitios donde se les puede corromper. «En el arca abierta el justo peca».