Salvador Hernández Vélez

La educación es uno de los principales motores de desarrollo de los países y el mejor instrumento para impulsar los cambios que demanda un País. Por ello, las universidades deben constituirse en polos de innovación y de formación, con los más altos estándares de calidad para impulsar la transformación de la educación superior en México haciéndola más justa e incluyente, y ser así verdaderos instrumentos de combate a la pobreza y fomento de la movilidad social. En los últimos seis sexenios la educación superior dejó de atender a los estudiantes provenientes de las clases más necesitadas.

La Universidad nació de la sociedad, por tanto, se debe a la sociedad. En Coahuila la fundación del Ateneo Fuente –como primera institución educativa laica, pública y gratuita– hace más de 150 años contribuyó al desarrollo equitativo del estado y en consecuencia al combate a la pobreza. En su primera etapa fue una escuela de artes y oficios, donde estudiaban jóvenes de escasos recursos de los diferentes municipios del estado. Hoy, frente a un sistema neoliberal injusto, hay que rescatar la vocación por la cual surgieron las primeras instituciones de educación superior en el País y en Coahuila.

La Universidad Autónoma de Coahuila debe retomar su vocación, esto es ser el mecanismo para fomentar la movilidad social, para premiar el esfuerzo y permitir que nuestros alumnos puedan acceder a mejores oportunidades, sin importar su origen, por ello resulta fundamental sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Coahuila y la Federación, para que nadie que tenga deseos de estudiar y que en la preparatoria o secundaria demuestre un desempeño de excelencia, se quede sin hacerlo, para lo cual se debe apoyar con becas y un seguimiento personalizado. ¡La Universidad es de todos, por tanto, nadie con la capacidad requerida se debe quedar fuera! Busquemos una educación superior equitativa y justa. El que pueda pagar, que pague, quien no tenga capacidad económica debe ser apoyado. Por eso, todos los recursos que la Máxima Casa de Estudios de Coahuila reciba se aprovecharán de la mejor manera, para potenciar las tareas sustantivas que le dan sentido, como son la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la cultura.

La Universidad Autónoma de Coahuila entiende a la educación superior como un bien público social, que se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como la reducción del apoyo y financiamiento del Estado mexicano. Hoy el planteamiento que enarbola la federación propone revertir esta tendencia, pero se requiere que el Estado garantice el financiamiento adecuado de las instituciones públicas de educación superior, con la obligación de éstas de responder con calidad y con una gestión transparente, austera, responsable y eficiente.

Por tanto, Coahuila tiene el reto de ampliar la cobertura en educación superior, ya que, si bien estamos por encima de la media nacional, con el 38.5 por ciento de acceso, la meta a final de este sexenio, a nivel nacional, es lograr al menos el 50 por ciento de cobertura. En palabras del subsecretario de Educación Superior de la SEP federal, Luciano Concheiro, la obligatoriedad de la educación superior representa una posibilidad de futuro para los jóvenes, por tanto, se concibe como un derecho humano y corresponde al Estado vigilar por su cumplimiento, pues se trata de un compromiso social ineludible.

Hace unos días el investigador de la UNAM, Imanol Ordorika, expresaba en un artículo que los tres grandes retos de la educación superior en México son la autonomía, la gratuidad y la obligatoriedad. Citando textualmente sus palabras, menciona que “la autonomía es un derecho y una responsabilidad de las universidades y los universitarios. Es la máxima garantía para que cumplan con sus funciones y compromiso social a partir del análisis, la elaboración de alternativas y la crítica, fundadas en el conocimiento”.

Respecto a la obligatoriedad y la gratuidad, Ordorika precisa que la reforma de la educación superior debe contar con un compromiso financiero por parte del Estado, que apoye a las universidades, con base a resultados, para ampliar la cobertura. Hoy toda institución de educación superior debe contar con un plan general de inclusión social, a la par que contribuya a reforzar la empleabilidad de sus egresados.

@SalvadorHV

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