Armando Luna
La pena de prisión tiene tres objetivos: 1) el castigo; 2) la disuasión; y 3) la reinserción. Se confunden habitualmente estos conceptos y resulta en discusiones intensas, porque pareciera que para la mayoría de las personas todo se trata de un castigo que asemeja más a la venganza que a la justicia. Traigo este tema a la discusión después de una álgida plática entre varios conocidos sobre el tema. Criticaban algunos y apoyaban otros la propuesta de un diputado federal para otorgar seguridad social a los internos que trabajen en los esquemas de industria penitenciaria.
Es importante destacar que no se trata de ninguna novedad que los internos trabajen en los centros. Esto es parte indispensable de su proceso de reinserción, pocas cosas dan a la persona tanta dignidad como el realizar una actividad y recibir un pago a cambio. Este pago permite que el interno tenga un ingreso para que sus familiares vivan en el exterior y así evitar que ellos también paguen por un delito que no cometieron.
El trabajo en las cárceles hace años que es uno de los programas que mayor impulso reciben, por todo el país se conocen casos de éxito donde los internos continúan laborando para estas empresas una vez cumplida la pena. Hay ventajas para los empresarios que contratan, para los centros penitenciarios y sobre todo para los internos y sus familias.
Cabe hacer la pregunta de ¿por qué una persona que trabaja para un patrón, recibe un sueldo, cumple horario y realiza labores personales y subordinadas, no tiene derecho a recibir seguridad social? ¿Qué diferencia hay entre un trabajador de una fábrica que está libre, y uno que esta interno? A primera vista, ninguna, solamente que uno tiene derecho a la seguridad social y el otro no. Esto extiende los prejuicios de la sociedad hacia el interno y sus familias.
La propuesta del Mijis retoma ideas que en los últimos años se han trabajado por la autoridad penitenciaria del país y por muchos empresarios. Aprobar esta propuesta es un acto de justicia hacia quienes generalmente se encuentran privados de todo, ellos y sus familias.Votar esta ley daría certeza a los miles de personas que una vez cumplida su pena, pueden reinsertarse a la comunidad en mejores condiciones. Privar a miles de familias en todo el país del acceso a la seguridad social, contribuye a la desigualdad y atenta contra el objetivo del sistema penitenciario y contra los más elementales derechos de las personas.