Iván Garza García

El escándalo de la “casa gris” protagonizado por el primogénito del Presidente López Obrador, ha escalado de manera alarmante y su conclusión (si es que la hay) se antoja de pronóstico reservado.

La noticia dada a conocer en una emisión de Latinus por el periodista Carlos Loret de Mola, reventó los medios tradicionales y las benditas redes sociales. A ningún mexicano le fue ajena la información que inundaba el ciberespacio. De acuerdo a una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el señor José Ramón López Beltrán y su esposa habitaron entre 2019 y 2020 una residencia ubicada en la zona privada del fraccionamiento Jacobs Reserve, a las afueras de Houston, en el estado de Texas. No solo las recamaras, el salón de juegos, la sala de cine privada o la alberca de 23 metros llamaron la atención de los investigadores, sino la posible razón por la cual la pareja poseía precisamente ese inmueble. Conforme a la nota periodística, la vivienda pertenecía en aquel entonces a Keith Schilling, alto ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes con la cual el Gobierno de México mantiene contratos millonarios; de hecho, de agosto de 2019 (cuando la referida casa fue ocupada por López Beltrán) ha enero de 2020, la compañía recibió asignaciones de Pemex por el orden de los 194 millones de dólares (algo así como 3 mil 900 millones de pesos); inversiones sin precedentes que convirtieron a la empresa  en una de las principales proveedoras en su ramo para el gobierno actual. Indudablemente, el  hecho así narrado evidenciaba un posible conflicto de intereses.

Ante la incendiaria noticia, el mandatario mexicano arremetió contra el periodista que se dio a la tarea de difundir la incomoda información. Lejos de explicar  “en que trabaja el muchacho” – como dice la canción de los Huracanes del Norte – (no solo de trova vive el hombre), el inquilino de Palacio Nacional señaló que “al parecer” la señora - refiriéndose a su nuera - tiene dinero y por ese motivo ella y su hijo pueden vivir con lujos en el extranjero; al mismo tiempo y con el afán de atacar de frente a su ahora acérrimo adversario, el gobernante en turno hizo públicos los supuestos ingresos obtenidos por Carlos Loret en su labor como periodista, tratando con ello  de evidenciar supuestos actos de corrupción en la actividad del informante. Para no pocos, la conducta desplegada por el titular del Ejecutivo es ilícita, pero esa es otra historia, diría la célebre Nana Goya.

Ni el supuesto aprieto diplomático que se avecinaba derivado de las poco afortunadas declaraciones del Jefe del Estado Mexicano respecto a las relaciones de nuestro país con España, ni el febril sueño de amor de la maestra Gordillo que terminó en suntuoso enlace matrimonial, lograron disminuir los decibeles del alboroto generado por la casona gris y sus ocupantes.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el susodicho López Beltrán quiso salir a escena para explicar de donde obtenía los ingresos necesarios para su subsistencia. A través de las redes sociales, el también tabasqueño aseguró desempeñarse como asesor legal en la empresa KEI Partners. Hasta ahí todo indicaba que las aguas volverían a su cause; sin embargo, apenas unas horas después se supo que la mencionada compañía era propiedad de Iván Octavio Chávez Saúl, hijo de Daniel Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta; empresario cercano al Presidente López,  a quien incluso designó como su representante personal para la supervisión del Tren Maya. Lo antedicho, irremediablemente llevaría la historia hacia un nuevo posible conflicto de intereses (llevamos dos y contando).

Aquí en confianza, el respetable se pregunta: si la controversia respecto a la casa de Houston subía como la espuma y ponía en entredicho la pregonada austeridad de la 4T y la honestidad con la que supuestamente se conducen sus cercanos, ¿por qué el señor López Beltrán demoró 16 días en explicar (o tratar de hacerlo) el origen de sus ingresos?, ¿de que vivió el personaje de marras cuando dejó de ser coordinador estatal de MORENA en 2018 y hasta el 2020, año en que se hizo con su nuevo empleo?, ¿por qué la página de internet de KEI Partners sufrió modificaciones apenas un día antes de que se diera a conocer que tal compañía era el centro de trabajo del hijo del mandatario? y finalmente, ¿cómo se le hace para conseguir chamba de asesor jurídico en el extranjero (con alto pago según se ve) cuando se cuenta solo con la visa de trabajo pero no con la licencia para ejercer la profesión en aquel país?... ¿será que al “gabacho” le faltan abogados? Ahí se los dejo para la reflexión.