Iván Garza García

La llamada austeridad republicana ha sido uno de los principales emblemas de la bandera que enarbola el actual régimen; con motivo de ella, la narrativa oficial se ha venido adecuando para calificar como dispendio cualquier gasto que no este contemplado dentro de las prioridades fijadas unilateralmente por el gobierno en turno. Aunque hacer de un palacio virreinal la morada familiar y vivir en el extranjero a todo lujo sean hechos que chocan con la humildad pregonada, la llevada y traída austeridad siempre será parte del discurso que se nos receta diariamente desde el estrado mañanero.

No resulta sorpresivo que sea precisamente la austeridad el argumento utilizado para proponer la desaparición de una serie de organismos públicos que a la fecha cumplen tareas específicas; lo anterior,  con el fin – según se dice – de que sus funciones sean absorbidas por las diferentes secretarías que integra la administración centralizada y con ello adelgazar la burocracia y evitar duplicidad de labores.

Según el plan de simplificación y actualización que circuló por las oficinas federales, el Presidente de México ya trae en la mira a casi una veintena de organismos entre descentralizados, desconcentrados y áreas internas del gobierno. La  intención como ya se dijo, es dar las gracias y mandar a casita a sus titulares y personal adscrito; vaciar los escritorios; desocupar los inmuebles y ahorrarse una buena cantidad de recursos con estas acciones.

Para empezar, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (sí amable y única lectora, leyó usted bien) podría estar viviendo sus últimos días como área encargada de la prevención y control de faltas administrativas y hechos de corrupción. Igual suerte podrían tener el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  y el de la Juventud, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolecentes y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.  

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. En una esquina, los detractores habituales arremetieron contra la medida argumentando que la mayoría de los organismos señalados gozan de autonomía técnica para el desempeño de sus actividades, algunos de ellos incluso cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que fusionarlos representa un retroceso en términos de descentralización administrativa; en la otra esquina, los bienquerientes del régimen aplaudieron la pretensión presidencial al considerar que los referidos espacios son únicamente elefantes blancos y que los dineros que ahí se gastan son requeridos más que nunca para llevar a cabo la cuarta transformación de México.

Al respecto, el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos de los que disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para la satisfacción de los objetivos a los que estén destinados, de ahí que la compactación del aparato burocrático no deben verse con malos ojos; sin embargo, lo que llama la atención es la realidad escondida tras la propuesta de marras.

Para nadie era un secreto que los megaproyectos de infraestructura costarían más de lo presupuestado, pero difícilmente imaginábamos que tanto. De acuerdo a cifras oficiales, tan solo el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas suman un sobreprecio de  226 mil millones de pesos y la cantidad va en franco aumento. Como ejemplo de lo anterior,  el día de hoy se dio a conocer que la ampliación del tren suburbano que será la principal vía de acceso al nuevo aeropuerto, costará 4 mil 422 millones de pesos más de lo previsto. Es un hecho, el dinero con el que se cuenta no esta siendo suficiente para concluir los proyectos de la 4T y es urgente obtenerlo de donde sea; así, la supresión de oficinas públicas – por importantes que estas sean – parece ser una solución.

Aquí en confianza, tras la desaparición de algunas áreas de la administración pública federal vendrá la intentona de desmantelar los organismos públicos autónomos (INE, INAI, IFT, entre otros), a los cuales el Presidente ha calificado como “instrumentos de simulación”. Con un solo tiro se matarían tres pájaros: eliminación de contrapesos; centralización del poder en la figura del gobernante e inyección de  recursos a favor de las obras emblemáticas y los programas sociales.  Mientras tanto, debemos entender que el presupuesto público es como un cobertor finamente decorado con la imagen de un agresivo tigre (de esos que venden en la feria) y para atender las prioridades del gobierno necesariamente se descubren otras necesidades públicas; de esa forma, los organismos que pronto pasaran al baúl de los recuerdos, así como  las áreas de salud, educación, cultura y un larguísimo etcétera, gritan a todo pulmón: Señor Presidente ¡no jale que descobija!