Iván Garza García

Como era de esperarse, las noticias en relación al virus mas odiado de los últimos tiempos fluyen de manera vertiginosa  e inmediatamente son replicadas en medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, a través de las benditas redes sociales, las cuales no siempre incluyen información fidedigna, por lo que la confusión crece incluso más que el contagio mismo.

Mucho se ha dicho respecto a la tardía respuesta del gobierno mexicano frente a la pandemia que ha puesto de cabeza al mundo entero. Tal parece que fueron las entidades federativas (no todas por desgracia) las que optaron por atender las recomendaciones internacionales mucho antes de que la indicación surgiera del principal despacho de Palacio Nacional. Lo anterior ha posibilitado que – de momento – las cifras de casos confirmados en nuestro país no sea tan alarmante; esto, si consideramos los contagios y decesos oficialmente registrados, ya que va en aumento la  especulación sobre el posible subdiagnostico debido a la mínima cantidad de pruebas aplicadas para la detección del mal (apenas 29 por cada millón de habitantes) y el súbito incremento de defunciones a causa de neumonía atípica, del que - por cierto - pocos hablan. Pero, como dijera la “Nana Goya”, esa es otra historia.

Ya desde el lejano 30 de enero, la OMS declaró la epidemia del coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional. No fue sino hasta el 27 de febrero; es decir, casi un mes después, que el gobierno de la república decretó acciones extraordinarias para todo el territorio nacional en materia de salubridad pública, haciendo especial énfasis en la inmediata implementación del aislamiento social como principal medida para frenar la transmisión del virus. Días antes de la conferencia ofrecida por un visiblemente agotado Subsecretario de Salud - el 22 de marzo, para ser más preciso - el Presidente López Obrador difundió un video en el que invitaba a la población a salir de sus casas, visitar restaurantes y continuar con la vida normal. “Yo les voy a decir cuando no salgan; pero, si pueden hacerlo y tienen la capacidad económica, sigan llevando a la familia a comer…” decía en su mensaje un despreocupado mandatario nacional. Del referido momento, al delicado aviso de “la última oportunidad” dictado por el doctor López- Gatell, transcurrieron tan solo cinco días.  Dijera mi amigo Javier Esparza con afinada puntería: las y los mexicanos fuimos anunciados de la tercera llamada, sin que previamente se nos haya comunicado la primera y la segunda.

El constante cambio de señales recetado desde la presidencia, trajo consigo incertidumbre y falta de confianza en las medidas implementadas. Así, viendo al Jefe del Estado mexicano continuar con sus giras; desdeñar el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura, una buena parte de la población decidió hacer caso omiso a las sugerencias de sana distancia; sin embargo, la aparente calma mostrada por el gobernante dio un giro para muchos pronosticado.

Este lunes, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo por el se determinaron una serie de providencias extraordinarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del COVID -19, al tiempo que se declaró al país en estado de  emergencia sanitaria grave de atención prioritaria. Si bien, fueron siete las acciones anunciadas por parte de las autoridades, una de ellas adquiere mayor relevancia por las implicaciones sociales, laborales y económicas que conlleva.

La voz más autorizada en ésta crisis sanitaria (el Secretario del ramo ha brillado por su ausencia), informó que la suspensión de actividades no esenciales se extenderá hasta el 30 de abril, tanto en el sector público, privado y social; debiendo continuar aquellas que tengan que ver con la prestación de servicios de salud, seguridad, economía, así como las relativas a la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica.

Aquí en confianza, el acuerdo de marras se antoja incompleto. Nada se ha dicho aún sobre los estímulos fiscales que se piden a gritos desde el sector patronal para hacer frente a la contingencia; máxime que la emergencia declarada no encuadra en la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, los empleadores deben pagar los salarios íntegros a sus trabajadores. Por otro lado, en el aire aun se encuentra la celebración de las elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila; atentos habremos de estar a las determinaciones que al respecto tome el INE. Por lo pronto, es momento de que los enterados se den a la tarea de  buscar los mecanismos jurídicos para evitar un vacío de representación, en el caso de que los comicios no se lleven a cabo en los tiempos programados. Nada más falta que a la crisis sanitaria y económica, se sume una de naturaleza política; pero, mientras son peras o manzanas, la advertencia está hecha: ¡quédate en casa!