Iván Garza García
Creada en el 2011 por un grupo de personalidades de América y Europa, entre las que destacan doce ex jefes de estado y un ex secretario general de la ONU, la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas se ha impuesto la tarea de promover la adopción de prácticas para el control de las drogas ilegales, basadas en evidencia científica, Derechos Humanos y seguridad pública. El objetivo perseguido por la organización de marras es romper paradigmas respecto a las consecuencias de la llamada guerra contra el narcotráfico, frente a las políticas de regulación.
En días pasados fue presentado en nuestro país el informe titulado “Regulación: el control responsable de las drogas”, mismo que fue elaborado por 25 expertos de los cinco continentes. Ahí, el ex mandatario mexicano Ernesto Zedillo lanzó al respetable una “bomba” que ha dado (y dará) mucho de que hablar. Quien fuera inquilino de Los Pinos entre los años 1994 y 2000, dijo – palabras más, palabras menos - que durante su gestión cometió un error al apostar por la prohibición de las drogas y no por su regulación. “Yo seguí una política equivocada”, reconoció el también doctor en economía por la Universidad de Yale. De acuerdo a sus recientes afirmaciones, Zedillo considera que la represión del estado ha incrementado aún más la problemática, al tiempo que ha generado terribles violaciones a los Derechos Humanos.
En esta parte del globo, hablar de la legalización de las drogas no es nada nuevo. Si bien, el tortuoso tema se discute un día sí y el otro también (al menos en las profundas reflexiones de café), el hecho de que un ex presidente asegure claramente que las políticas proteccionistas basadas en la represión y criminalización han tenido resultados devastadores en los países en los que se han aplicado, da al traste con las acciones que hasta ahora han implementado las autoridades para combatir el mencionado flagelo y abre la posibilidad de un debate nacional sobre la posición que deberá asumir el próximo gobierno mexicano respecto al control de las drogas.
En ese contexto, el ex presidente de Colombia, Cesar Augusto Gaviria, fue más allá y afirmó que el control legal de las drogas traería como consecuencia una efectiva disminución de los índices de violencia y corrupción. “Si México entra por el camino de la regulación, primero va a tener mucha menos corrupción y, segundo, va a mejorar sus policías y su fuerza pública”, sentenció el todavía mandamás del Partido Liberal colombiano.
Entre mitos y realidades respecto a la llevada y traída legalización, todo indica que las posturas habrán de polarizarse. En una esquina, los que defienden a ultranza la lucha contra la producción, tráfico y comercialización de narcóticos, mediante la criminalización; en la otra, quienes apuestan por el control a través de la regulación. Lo cierto es que el régimen internacional para la atención de la problemática ha presentado severas transformaciones en los últimos años. Cada vez son más los países, entidades y localidades que se han apartado de las conductas prohibitivas para poner en práctica novedosos mecanismos de intervención estatal; pero no todo es miel sobre hojuelas.
Aquí en confianza, asegurar que la solución a la violencia y la corrupción radica esencialmente en la legalización de las drogas, es una falacia (por decir lo menos). Sin embargo, resulta impostergable emprender un análisis responsable y serio respecto a las implicaciones del control de las drogas mediante su regulación, sin perder de vista que estamos frente a un asunto de salud pública. El fenómeno debe abordarse en forma integral y no a través de visiones parciales. Es innegable, el origen del problema planteado radica en el consumo; mientras no se destinen esfuerzos y recursos suficientes para prevenirlo y atenderlo adecuadamente, las acciones que se lleven a cabo conducirán a magros resultados.
Con sus declaraciones, Zedillo le puso el cascabel al gato. Por su parte, quienes habrán de gobernarnos han dado luces de disposición para la búsqueda de alternativas respecto al control de las drogas. Solo falta por ver si el señor López y sus huestes realmente le “entran al toro” o prefieren enfrentar la disyuntiva con otra consulta. Al tiempo.