Iván Garza García
“Eso que llaman el Seguro Popular ni es seguro ni es popular; tiene que haber un sistema que garantice el derecho del pueblo a la salud”, sentenció el primer mandatario nacional a inicios del año anterior, en medio de un discurso pronunciado en Tulancingo, Hidalgo.
Ya desde su campaña (la última de ellas), el hoy inquilino de Palacio Nacional se comprometió a crear un sistema de cobertura universal de salud para las y los mexicanos, buscando emular a países como Dinamarca y Canadá, los cuales, huelga decirlo, destinan más del 10 por ciento de su PIB para cubrir las necesidades en la materia.
La intención de acercar la salud a todas las personas en todos los rincones, no puede dar lugar a crítica alguna; ésta debe ser una de las principales aspiraciones de cualquier gobierno. Sin embargo, el engranaje que se ha puesto en marcha para lograr tal iniciativa, está dejando mucho que desear (por decir lo menos). Con el comienzo del nuevo año se declaró la defunción del Seguro Popular; programa que fue concebido por Julio Frenk, a mayores señas, Secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox. En su lugar y para cumplir con el propósito planteado por el Presidente López, se dio lugar al Instituto Nacional del Bienestar, el cual, a decir de Carlos Urzua, carece del debido sustento normativo, financiero y operativo, lo que puede convertirlo en “una riesgosa quimera”. Aclaro, las palabras antes transcritas y otros adjetivos menos amables, forman parte de una publicación de quien – hasta hace pocos meses – despachaba en la principal oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya en tiempos de la 4T.
La buena noticia es que – de un día para otro – los servicios de salud para quienes no gozan de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX o Fuerzas Armadas) se volvieron gratuitos por decreto. La mala, es que tal gratuidad solamente se encuentra en el papel y, hasta la fecha, no se ha determinado el mecanismo que permitirá a los usuarios transitar del Seguro Popular al Insabi. Dicho de otra forma, los más de 64 millones de mexicanos que eran atendidos a través del Sistema de Protección Social en Salud, ahora mismo desconocen las reglas mediante las cuales serán reconocidos y recibirán cobertura por parte del instituto de marras.
Para ser claros, con el Seguro Popular los derechohabientes contaban, al menos, con una cédula de afiliación y con un catálogo de los beneficios que podían obtener. Ahora, quienes requieren atención médica y hospitalaria, tienen la firme promesa de que los servicios serán gratuitos, pero desconocen como acceder a ellos.
Al respecto, la advertencia había sido lanzada. En el mes de agosto pasado, seis ex secretarios del ramo firmaron un comunicado público en el que sugerían la realización de un mejor diagnóstico sobre la problemática de salud en el país, así como un período más amplio para el desarrollo e implementación del Insabi. Las opiniones fueron desoídas y, a decir de los signantes del referido documento, el instituto nació sin reglas de operación, sin manuales de trabajo, sin una fase piloto de prueba y (aquí lo más importante) sin un mayor presupuesto para su operación.
Así, la evidente falta de planeación ha provocado incertidumbre también entre las entidades federativas, pues se desconoce el monto de los recursos que éstas recibirán para ofrecer atención médica en primer y segundo nivel; tampoco se sabe de que forma y cuando la federación absorberá tales atribuciones para centralizarlas de una vez por todas. Por lo pronto, algunos gobernadores han manifestado que no suscribirán el convenio para el funcionamiento del Insabi en sus respectivos estados. Como si faltara un “prietito” en el arroz, el hecho antes mencionado era desconocido por el Director del recién creado organismo, Juan Ferrer, quien – por cierto – es arqueólogo de profesión y no registra experiencia en el sector (pero es tabasqueño y amigo personal del presidente).
La operación del mentado Insabi se han convertido en un verdadero galimatías y ante el tremendo caos que ha representado su arranque, las autoridades federales optaron por alegar un nuevo intento de sabotaje orquestado por los siempre presentes conservadores, fifís y neoliberales. ¡Esa película ya la vimos!
Aquí en confianza, si el titular del Poder Ejecutivo (en cualquier tiempo y lugar), conforme a su función de administrar la cosa pública, ha de modificar un programa implementado por un régimen anterior, debe hacerlo con la finalidad de mejorarlo sustancialmente y no solo motivado por pueril afán de borrar de un plumazo lo que aún conserva el aroma y el sello de otros gobernantes. Ahí se los dejo para la reflexión.