Andrés Manuel López Obrador formó un partido político y un movimiento con el objetivo de ganar la Presidencia de la República; a él se unieron una mezcla de personas con distintos y, a menudo, opuestos puntos de vista, criterios filosóficos, premisas teóricas y valoraciones éticas y políticas, con la única coincidencia que era la toma del poder.

Ya en el ejercicio del poder, López Obrador ha mostrado lo que realmente quiere como proyecto de nación y, por lógica, no es necesariamente lo mismo que desean los que se le unieron cuando el único proyecto estaba basado en su aspiración al poder. Al poder como nexo para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere, según el espíritu de cada uno de sus integrantes.

El actual gobierno vive todas las contradicciones derivadas del carácter ecléctico de sus componentes, lo que implica siempre navegar en un mar de contradicciones internas, pues todos ellos tienen su lado positivo y su lado negativo, su pasado y su futuro, su lado de caducidad y su lado de desarrollo; la lucha entre lados contrapuestos, la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que agoniza y lo que nace, entre lo que caduca y lo que desarrolla. 

 

El más reciente ejemplo de esa lucha de contrarios, al interior del equipo presidencial, se presenta ahora en un testimonio escrito por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, texto publicado en la edición 2368 de la revista Proceso, en donde acusa una confabulación entre la exsecretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi “extorsivo” –valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar “venganzas personales”– que se repite en los casos Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Mont y Álvarez Puga. Scherer, además, advierte: “La fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. No voy a cesar en la denuncia de sus atropellos”.

Entre sus argumentos, el exconsejero narró que “desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dieron diferencias con la secretaria de Gobernación. El Presidente de la República decidió que el asunto prioritario en la Segob sería el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y por decisión suya se limitaron las atribuciones en materia de seguridad en esa dependencia”.

De tal forma, “la responsabilidad en los asuntos de seguridad descansó en el entonces secretario de Seguridad Alfonso Durazo y la secretaría a cargo de Olga Sánchez Cordero se vio acotada en sus áreas de competencia respecto a la ‘supersecretaría’ que operó en tiempos de Enrique Peña Nieto”.

Por otra parte, “la interlocución con la fiscalía y el Poder Judicial recayó esencialmente en mi persona, en calidad de consejero jurídico de la Presidencia”.

Ante esto, escribe Scherer, “la ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales”.

“En un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a mi relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros”.

El documento, que Scherer califica como calumnioso, llegó a sus manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a su oficina para tratar de salvar la quiebra de Interjet. “En cuanto tuve conocimiento de su existencia yo mismo lo hice del conocimiento de mi jefe, el presidente López Obrador, quien le restó importancia y me recomendó hacer lo propio”. Señalándolos como chismes, según su relato.

Respecto a sus problemas con el fiscal Alejandro Gertz Manero, Scherer escribió: “A finales del último septiembre un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título ‘La casa secreta de Gertz Manero’, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto”.

Tras la publicación, señala Scherer, “nos reunimos con Gertz Manero el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas”. 

“Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender”.

“Me acusó también de haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia –al que comunicadores y analistas decidieron dar carácter oficial– cuando fue el mismo equipo del fiscal el que subió a sus redes sociales dicho trascendido”.

Ahora que la propia dinámica del ejercicio del poder ha sacado a la luz pública los conflictos dentro del equipo cercano al presidente López Obrador, por el bien de los gobernados sería prudente recordar que, al estar la política, en su finalidad, vinculada por necesidad interna a valores y por esto al deber ser, la política tiene una relación intrínseca con la ética. La ética política y del político, que no debe ser otra más que la “Ética de la Responsabilidad”.

Dice el historiador español Emilio La Parra López que, en 1806, coincidiendo con el estreno de la obra de Moratín “El sí de las niñas”, se agravó el enfrentamiento en la corte española entre los partidarios de Godoy y, en consecuencia, del rey Carlos IV, y un grupo de aristócratas y clérigos articulado en torno al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII.  A primera  vista, esta  disputa  puede  ser  considerada  una  lucha  cortesana  más, o  una  intriga característica del Antiguo Régimen, pero tras la “Conspiración de El Escorial” (octubre de 1807) adquirió otra dimensión, pues en ella se comprometió una parte importante de la sociedad española.

Lo que comenzó circunscrito a una élite, pasó a ser tema sustancial de conversación en tertulias, cafés, reuniones en casas particulares y en la calle. El traslado del debate desde la corte a la opinión pública tuvo gran incidencia en la crisis del modelo de monarquía sostenido por los ilustrados.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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