Jorge Tello Peón
Las deudas del pasado para atender la violencia en México respaldan el diagnóstico del presidente: errores de estrategia permitieron la corrosión de la Policía Federal y obligan a recurrir a las Fuerzas Armadas como último recurso. Con esta lógica, uno de los principales cuestionamientos al proyecto de la Guardia Nacional es porque recuerda los esfuerzos fallidos de anclarse en la militarización; la instancia a la que se recurre cuando “ya no hay de otra”. Así surgió la propia Policía Federal.
Las Fuerzas Armadas, sin embargo, son armas de guerra, pese a que en México llevan ya mucho tiempo desempeñando funciones policiales.
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No es un tema menor: se deben cuidar las formas y la integridad de las fuerzas castrenses pues, si sus objetivos cambian al tenor de la coyuntura, ¿quién queda para atender la seguridad interior, y acaso la seguridad nacional?
Asimismo, la falta de un proyecto civil de largo plazo y la carencia de una cultura de seguridad, han pasado factura a la Policía Federal, hoy desprestigiada y desesperada ante las perspectivas de su exclusión del nuevo proyecto.
Que no quede duda: la apuesta es que la Guardia Nacional funcione. Para ello, la integración de la Policía Federal es fundamental y el panorama no es óptimo. Integrar un cuerpo civil con dos castrenses es complejo, pues tienen distinta formación, disciplina, doctrina y remuneraciones; de ahí las protestas que no cesan por parte de las divisiones de la Policía Federal que ya han iniciado su transición.
Restricciones de presupuesto, administrativas y de personal, serán también obstáculos, además de la poca capacidad de investigación e inteligencia que urge construir. En cuanto a presencia, vigilancia y patrullaje, el panorama es más positivo, pero lejos de ser óptimo.
Más allá de la Guardia, también de otras piezas dependerá el éxito del proyecto federal. Con la nueva Fiscalía, por ejemplo, ha quedado en el tintero la revisión de la unificación de las policías investigadoras con las preventivas.
Uno de los retos más grandes será impulsar el desarrollo de las policías estatales y municipales. Ante la ola de violencia, impera la improvisación en el ámbito local. En los mejores casos, se gestiona el problema; en algunos otros, se sobrelleva una realidad que se percibe irremediable; en los peores, se pacta con el crimen organizado... en el extremo, acaso, unos optan por estrategias de exterminio que, con su eficacia, recogen aceptación.
Será de suma importancia no perpetuar los incentivos para transferir la responsabilidad a la federación y crear un entorno que favorezca la construcción de estrategias locales institucionales y sustentables en el largo plazo.
Faltan también protocolos claros. Pareciera, incluso, que los mismos cuerpos policiales no saben cómo hacer uso legítimo de la fuerza del Estado. Tampoco se percibe que se entienda cabalmente el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Asimismo, se deberá esclarecer la lógica de mando, sobre la que aún hay ambigüedades.
En los últimos meses, el país ha sido testigo de escenas que no abonan a dar certeza al proyecto en ciernes: ciudadanos que agreden a soldados, policías uniformados y armados que bloquean calles, expresiones del Presidente sobre deseos de que nadie esté en la cárcel e intenciones de desaparecer al Ejército...
También la Presidencia es contradictoria con señalamientos sobre la libertad de todos para manifestarse, pero la deslegitimación pública de la causa de los policías, combinada con la máxima presidencial de que “no se reprimirá al pueblo”. ¿Y si “el pueblo” que protesta está armado? Estas declaraciones podrían generar confusión en la operación de las fuerzas policiales o el sistema de procuración de justicia.
Este enjambre de contradicciones ocurre en un momento de fragilidad y debilidad: las instituciones existentes se destruyen, pero las nuevas bases apenas se gestan. Encima, los nuevos proyectos no necesariamente cuentan con el respaldo técnico que garantice su viabilidad de largo plazo.
No obstante, existe evidencia de que el presidente sí corrige el rumbo cuando lo considera apropiado. Pero no se puede rectificar si no hay claridad sobre una mejor ruta y los detalles que requiere su construcción; ahí está el reto.
Aproximadamente cada 10 años se han ajustado las estrategias de seguridad, normalmente sin planeación ni diagnóstico. En general, la clase política se ha caracterizado por un desconocimiento profundo de la labor policial y de las Fuerzas Armadas, lo que ha derivado en su incorrecta utilización.
Con buenas o malas intenciones, cada decisión ha pavimentado el camino hacia el escenario actual en el que no hay una estructura de seguridad pública que atienda eficazmente el fenómeno delictivo. Pero estos tiempos de construcción ofrecen oportunidades para articular una estrategia integral, con objetivos, presupuesto, indicadores y protocolos claros. Ciudadanos, organismos internacionales, especialistas, la academia, la IP y los propios cuerpos de seguridad deberán llenar con propuestas los vacíos conceptuales y encontrarse en el largo camino hacia la configuración de una salida de la emergencia nacional.
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El autor es presidente y director general de Madison Inteligencia México .
Artículo en colaboración con Alejandra S. Soto Plascencia y Sofía Navarro Boysen, analistas de Madison Inteligencia Mexico.