El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal, acudieron a las urnas a emitir su voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura. Ese día es el Día de la Emisión del voto femenino.
La emisión del voto femenino requirió de una larga y contundente lucha, que tiene presencia desde 1884 y 1887 con la primera publicación de la revista femenina Violetas del Anáhuac.
Fue hasta 1952 que más de 20 mil mujeres protestaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, para reclamar lo que el presidente Adolfo Ruiz Cortines había prometido en su campaña presidencial: tener en la Constitución el derecho a votar y ser electas. Pasaron algunos meses para que el entonces presidente promulgara, el 17 de octubre de 1953, las reformas constitucionales al artículo 34 que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal.
Es importante mencionar que México fue de los últimos seis países en legislar el voto de las mujeres y gran parte se debió a la presión internacional de la ONU, quien en 1952 estableció que ningún país podía decirse democrático sino tenía la ciudadanía más de la mitad de su población. (inmujeres.gob.mx)
En los siguientes años continuó la lucha de las mujeres por obtener espacios de participación política, esfuerzo que ha llevado al establecimiento de las cuotas de género como un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. No obstante, para lograr esto se requiere un cambio actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.
Surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. En México, los avances en esta materia no pueden ser ignorados: para 1996 se fijó un límite de 70% de legisladores de un mismo género y en 2007 se estableció que las candidaturas para integrar el poder legislativo debían de integrarse, cuando menos, de un 40% por personas de un mismo sexo.
Durante el proceso electoral federal 2011-2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputadas/os y senadoras/es respectivamente. Por su parte, el IFE emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del tribunal.