Xavier Diéz de Urdanivia

Al cabo de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó esta semana la iniciativa, que así se convierte en ley, relativa a importantes reformas al Poder Judicial de la Federación. 

Lo primero que llama la atención es que la atención de los legisladores se haya centrado en ya tristemente célebre artículo transitorio que prorroga el término de gestión para el actual presidente de la SCJN, palmariamente inconstitucional, mientras que el resto de la legislación, plena de cuestiones tan importantes como interesantes, no haya convocado ninguna observación entre los diputados y diputadas.

Lo segundo, que en el contexto podría parecer anecdótico e irrelevante, no lo es: Una vez más hemos atestiguado la estrategia predilecta del partido dominante, la de la confusión generada a través del instrumento favorito, la falacia.

Un diputado, por Morena, repitió el falso dilema que ya hemos oído hasta la saciedad: Entre la justicia y el derecho, es preferible la justicia, planteando un falso dilema que deja claro que no tiene idea de lo que son las cosas que quiso contraponer, cuando debiera tenerla si su función es mantener a la justicia viva y actuante, a través del derecho.

Creo que siempre es bueno que temas como este sean ventilados públicamente y hasta me atrevo a afirmar que es necesario que todos nos ocupemos de ellos, porque en ellos descansa el sustento de la convivencia ordenada, pacífica y propicia para el desarrollo personal y colectivo, que no sólo es deseable, sino necesario; pero para que sea con provecho hay que hacerlo con conocimiento de causa.

Pero de todo eso, lo que más llama la atención es la animadversión por las normas, especialmente aquellas que, desde la constitución, limitan al poder o establecen mecanismos para neutralizar sus abusos y resarcir los daños que ellos causen.

La intención ha sido reiterada con la inclusión del tristemente célebre artículo transitorio, promovido por el Partido Verde fungiendo como la mano del gato que para otro sacó la castaña del fuego.

El Presidente AMLO apoyó la medida, porque según él es la única forma de llevar a cabo una reforma cuya elaboración, como proyecto, fue llevada a cabo en el seno del propio poder judicial. Eso es absurdo y, además, ofensivo de jueces, magistrados y ministros, de quienes se duda abiertamente al suponer que no estarán a la altura del reto.

¿Tendrá en mente, también, preparar a la gente y habituarla al método, con miras al 2024?

El presidente de la SCJN hizo bien, aparentemente, en no pronunciarse todavía, porque las impugnaciones llegarán a juicio y le está vedado prejuzgar; digo que aparentemente porque él mismo anunció ya que, de llegar a la Corte el asunto -y llegará- él tendría que excusarse.

Es conocida, sobradamente, su proclividad a publicar sus pareceres ¿no habría debido en tan grave situación dejar clara, de una buena vez, su posición y así honrar su encomienda, reafirmando la autonomía judicial?

Lo único que con su actitud ha conseguido, lamentablemente, es el deterioro en el aprecio general por el poder al que pertenece y tolerar una falta de respeto a la constitución que hace suponer a la mayoría de la gente que hay sumisión ante el poder presidencial y quien sabe si otro contubernio.

En este primer “round” se logró más que lo que habitualmente dejan los primeros escarceos, porque ya se consiguió desprestigiar al Poder Judicial Federa y con eso se da un primer paso firme para desacreditarlo y someterlo.

Por fortuna quedan jueces, magistrados y ministros pundonorosos, que de todas maneras tendrán que lidiar con ese adefesio que va quedando, llamado Consejo de la Judicatura Federal.

En fin: Quien nulifica el derecho, destruye la justicia que el sistema jurídico incorpora, protege y hace valer. Justicia y derecho son dos partes de un binomio indisoluble y no puede subsistir una porción sin la otra.

No lo olviden quienes invocan al pueblo y la democracia para justificar esas trapacerías: Democracia sin ley deviene demagogia.