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18Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Luis Efrén Rios Vega

Luis Efrén Rios Vega

Domingo, 08 de Mayo de 2011 21:10

Centro de derechos políticos

Centro de Derechos Políticos

Lunes, 02 de Mayo de 2011 02:11

Barcelona vs. Madrid

Barcelona vs. Madrid

Desde hace un par de semanas hemos sido testigos de una serie de encuentros de futbol entre el Real Madrid y FC Barcelona. El próximo martes se enfrentarán de nuevo del que resultara el campeón de la UEFA Champions League.

Domingo, 24 de Abril de 2011 16:56

Campañas Sexistas

¿Es válido utilizar el sexo para ganar votos?

Domingo, 17 de Abril de 2011 22:04

El homo twitter

«Twitteo, luego existo»

Domingo, 10 de Abril de 2011 20:10

El voto de los presos sin condena

¿Tienen derecho a votar los detenidos en prisión preventiva?

Lunes, 04 de Abril de 2011 00:30

Las Candidaturas Peligrosas: El Caso Greg

Las Candidaturas Peligrosas: El Caso Greg

El caso Greg ha generado opiniones divididas. La polémica tiene una doble cara. Por un lado, los antecedentes [López 2005, Godoy 2009 y Orozco 2010] sugieren la intención de criminalizar al adversario con fines políticos:

Lunes, 28 de Marzo de 2011 02:15

La “Poca Madre del Juez”

La “Poca Madre del Juez”

En esta última entrega del caso Presunto Culpable presentó algunas posibles soluciones para resolver el problema de qué derecho debe prevalecer en el conflicto entre el derecho a la imagen del menor y el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que el problema que plantea la resolución de la juez Blanca Lobo consiste en determinar si la orden de difuminar la imagen del testigo que era un menor de edad para proteger su imagen e integridad personal, resulta una medida protectora de los derechos fundamentales del testigo o una violación al derecho a la libertad de expresión, tanto de los “abogados con cámara” que pretenden la libertad de grabar y difundir hechos acontecidos en lugares públicos, como el derecho del público en general que exige conocer ese tipo de información de interés general. Presentaré las dos opciones y al final la solución que estimo correcta.

1.

Una primera opción es argumentar la protección del derecho a la propia imagen: nadie tiene derecho a grabar, difundir y comercializar la imagen de un menor que puede poner en riesgo su identidad e integridad física.

¿Por qué? En primer lugar, toda persona tiene derecho a proteger su imagen por dos razones: cada quien decide si desea ser grabado o no, porque la imagen es un atributo personal que depende de cada quien y que, por tanto, no puede ser difundida por otros el consentimiento del titular. Por ejemplo: este derecho a la imagen lo defendemos cada vez que nos quieren tomar una fotografía; hay personas que no desean ser fotografiadas; el sentimiento de aversión a la foto significa pues el derecho a la propia imagen: ¿en cuántas ocasiones nos hemos sentido incómodos con una fotografía? Al negarnos ejercemos pues nuestro derecho a la propia imagen. En segundo lugar, la imagen propia tiene por objeto evitar la discriminación o el peligro a su integridad que puede tener una persona si su imagen si difunde sin su pleno consentimiento. Por ejemplo, si difundimos sin consentimiento la imagen de un menor violado, lo sometemos al escarnio social. No es justo por más que los noticieros y la prensa lo hagan como norma cotidiana.

¿Qué pasa con el testigo de Presunto culpable? Al margen de si es el malo o no de la película, lo cierto es que si prueba que la difusión de su imagen le ha ocasionado el riesgo a su integridad física (personas que pretendan agredirlo), la juez Blanca Lobo tiene un buen argumento para evitar en la medida de lo posible y necesario que la imagen resulte difundida. Pero, además, cuando fue grabado el juicio el testigo era un menor de edad cuyos derechos tienen una relevancia especial por tratarse de un delito violento, con lo cual aún cuando el representante legal hubiera prestado su consentimiento de permitir la grabación del juicio (que no sé si se colmó ese requisito), podría alegarse que ese consentimiento fue ilegal por no proteger el interés superior del menor.

En suma, el testigo menor que declara en el juicio de un delito de homicidio, tiene el derecho prevalente a que su imagen personal no resulte al descubierto público para evitar un riesgo inaceptable a su integridad física y moral.

 

2.

Una forma distinta de proponer la solución consistiría en el argumento de la relevancia pública del derecho a la información: los juicios son públicos, los “abogados con cámara” tenían autorización judicial y las personas, por ende, tenemos derecho a conocer lo que sucede en un juicio penal.

¿Por qué? Los juicios deben ser públicos para garantizar la correcta impartición de la justicia: solo si todos sabemos lo que pasa en un juicio, las autoridades estarán vinculadas y sometidas al ojo ciudadano que permite evitar acusaciones y condenas de inocentes. Entre más opacos sean los juicios, mayores posibilidades existen para la arbitrariedad.

Pues bien, podemos alegar que todos tenemos derecho a saber lo que un testigo de cargo dice en un juicio para valorar la actuación del juez: todos nos dimos cuenta que aún cuando el testigo no declaró en forma precisa que le consta que el inculpado fue la persona que disparó en contra del occiso, el juez tomó como válida esa declaración insuficiente para condenarlo. De ahí la frase de ¿qué poca madre tiene el juez?

Pero además de la relevancia pública, los “abogados con cámara” tenían la autorización judicial para grabar con fines de hacer el documental y podrían alegar también el consentimiento tácito del menor porque en ningún momento se negó a que fuera grabado, no obstante que fue un hecho notorio porque las cámaras no estaban ocultas. El juez, por tanto, al no fijar una audiencia privada del testimonio, permitió el juicio público sin excepción.

3.

¿Cuál es la solución correcta? En la doctrina constitucional existe el «test del peligro real e inminente» como criterio que sirve para analizar la justificación o no de los límites de la libertad de expresión. La fórmula consiste en determinar si la expresión genera un peligro inaceptable, debe ser reprochada si el riesgo resulta real e inminente. Es decir: nadie tiene derecho a difundir información personal (rostro y nombre) que ponga en riesgo a las personas. Por ejemplo: todos queremos saber qué pasa en el juicio público de un presunto responsable de un delito de narcotráfico, pero si alguien en forma indebida difunde la imagen de los testigos de cargo por más derecho que tengamos a conocerlos, dicha información puede poner en riesgo la vida de aquéllos. Ergo: ¿tendremos derecho a saber la imagen de alguien no obstante que la puedan matar? Es claro que no.

En el caso del testigo del Presunto culpable me parece que todos tenemos derecho a conocer el testimonio para valorar la “poca madre del juez”. ¿Pero ese derecho implica la libertad de difundir su imagen? No. Los “abogados con cámara” para mostrar la “poca madre del juez” no necesitaban difundir la imagen del menor: bastaba con difuminar la imagen y omitir su nombre. Pero además no tenían derecho a difundir ni a comercializar la imagen del menor con el filme porque aún cuando tenían autorización de grabar, no tienen derecho a poner en riesgo la integridad personal del menor, ni tampoco pueden alegar un consentimiento tácito del menor, justamente porque dicha imagen se tutela con el mayor interés del menor, aún cuando su representante legal hubiera consentido la grabación -que no lo creo-. Por tanto, si en autos se probó el riesgo real e inminente a la integridad física del menor, la juez Blanca Lobo falló de manera correcta porque, por un lado, tuteló el derecho de todos a conocer el testimonio para conocer la “poca madre del juez penal”, mientras que, por otro lado, protegió la integridad física de una persona que puede ser dañada por la permanente difusión de su imagen personal.

4.

Para finalizar. Una cosa es que resulte razonable la medida de difuminar en todas las cintas la imagen del menor, otra muy diferente que esa medida resulte técnica y económicamente posible y garantizable. La juez Blanca Lobo, por tanto, debió soportar su fallo con pruebas periciales que le permitieran motivar si puede ordenar difuminar la imagen personal en la cinta y en todo caso cuantificar ese gasto que el interesado tiene que garantizar. Si no lo hizo, la juez Blanca Lobo volvió a actuar más con intuicionismo judicial que con racionalidad legal.

Al final de cuentas qué poca madre del juez Palomino: no solo condenó a un inocente sin pruebas claras y confiables, sino también condenó a un menor de edad al escarnio público: en lugar de dictar las medidas conducentes (audiencia privada) para proteger su imagen personal por estar involucrado como testigo en un delito violento, se la pasó violando la constitución una y otra vez con su toga: ¡qué poca madre…!

 

 

Lunes, 21 de Marzo de 2011 01:09

El regreso de Blanca Lobo

El regreso de Blanca Lobo

La semana pasada dije que una de las posibilidades que tenía la juez Blanca Lobo sobre el filme de Presunto Culpable, consistía en la medida provisional de difuminar la imagen del testigo de cargo mientras resuelve en definitiva el amparo para proteger el riesgo a la integridad física del mismo.

Esta semana Blanca Lobo regresó a la carga y resolvió esta medida. ¿Es razonable? ¿Puede un juez constitucional defender la imagen propia del testigo menor de edad? ¿Es posible ejecutar esta medida? ¿Se viola la libertad de expresión y de información? En la semana, los sabios del periodismo mexicano expresaron en Tercer Grado que lo hecho por la juez Blanca Lobo era una insensatez porque no esta regulado en la ley este tema.

Pero si la semana antepasada se la llevo nuestra juez Blanca por su insensatez de suspender todo el filme de manera desproporcional (se trataba de proteger la imagen del testigo en todo caso y no de censurar la difusión de todo la cinta), esta semana se la llevan estos periodistas y la opinión pública en general que ignora no solo la ley vigente sino los derechos más fundamentales que tenemos como personas: los derechos personales a proteger la vida privada, el honor y la imagen propia. En esta entrega me referiré a este problema.

1.

Para el caso del Distrito Federal, existe una Ley de 19 de mayo de 2006 que establece el derecho a la propia imagen: toda persona puede disponer de su imagen (rostro, voz o cualquier otro rasgo físico de identificación personal) a partir de su libre consentimiento. Esto que quiere decir que nadie tiene derecho a grabar o fotografiar la imagen de otro sin el consentimiento de cada quien. Triste, por ende, que nuestra opinión pública nacional desconozca los derechos personales más elementales. Pero bueno es parte de lo mucho que nos hace falta: conocer nuestros derechos para defendernos.

Existen, además, dos elementos que refuerzan este derecho:

a) por un lado, la ley procesal penal establece que las audiencias públicas pueden ser a puerta cerrada, si se tratan de delitos violentos para salvaguardar a los testigos.

b) como el testigo era un menor de edad, el principio de interés superior de la niñez previsto en convenciones internacionales y en la Ley del 31 de enero de 2000, prescribe la prevalencia de los derechos de los menores frente a otros derechos en contradicción, como lo es el de la publicidad.

Pues bien, el juez Héctor Palomares le dio a conocer al menor de edad o a su representante legal, que tenía derecho a rendir su testimonio en audiencia privada, es decir, que se podía oponer a ser grabado por los “abogados con cámara”. No lo sé. La juez Blanca Lobo debe indagar sobre este tema.

Este situación, por tanto, genera una primera apariencia del buen derecho que le asiste al testigo: menor de edad cuando fue grabado, protección prevalente de su imagen como testigo de un delito violento y riesgo probable de poner en riesgo su integridad física (por la difusión de su imagen puede ser objeto de discriminación o agresión), son datos claves que permiten ofrecer buenos argumentos para defender el derecho del testigo para salvaguardar su imagen (rostro, nombre, voz, etc.).

No es pues tan descabellada la resolución de nuestra querida Blanca Lobo. Lo fatal ahora es que Ciro, Marin, Dresser, López Dóriga y compañía digan que no hay nada en la ley que proteja el derecho a la imagen del testigo. Si hay malos jueces, también hay columnistas desinformados.

2.

Pero: ¿si la audiencia fue pública, el testigo tiene derecho a alegar su falta de consentimiento? Ese es el argumento de los “abogados con cámara”: ellos tenían autorización para grabar el juicio público. ¿Puede justificarse entonces la falta de consentimiento del menor o su representante?

La Ley de fecha 19 de mayo de 2006 nos ofrece las excepciones al consentimiento, cuando la grabación de la imagen se haga:

a) en un lugar público; y

b) el hecho sea de interés público.

En el caso la audiencia fue pública: haiga sido como haiga sido, como dice Calderón, tenían autorización judicial para filmar y los hechos que muestran (las miserias del proceso penal en México), son sin duda de interés de todos: tenemos derecho a saber cómo nuestras autoridades cometen atropellos a personas inocentes para demandar una mejor justicia.

Luego los “abogados con cámara” llevan también una buena apariencia de su derecho a la libertad de información: nadie necesita el permiso de las personas titulares de las imágenes cuando son captadas en un lugar público, previa autorización judicial y su difusión tiene relevancia para todos.

3.

Entonces, ¿cómo se debe resolver esta contradicción de derechos?: imagen de un menor v. derecho a la información. La doctrina constitucional contemporánea nos ofrece una serie de criterios para resolver este problema de tensión entre derechos: ¿cuál es el que prevalece?

En la siguiente entrega describiré algunas reglas y soluciones posibles. Porque este capítulo de la novela “La juez Blanca Lobo” aún no termina. Continuará.

 

 

 

 

Domingo, 13 de Marzo de 2011 22:57

Presunto Culpable

Presunto Culpable

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