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16Agosto2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Armando Luna Canales

Armando Luna Canales

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Lunes, 07 de Octubre de 2013 16:54

‘No vienen de París’

Los embarazos de adolescentes son un gran problema. Reflejan graves atrasos sociales y un adeudo con miles de personas cuya vida se ve amenazada incluso por la muerte al sostener relaciones sexuales sin protección. Sin mencionar el riesgo por enfermedades de transmisión sexual, nos referiremos hoy sólo a los embarazos.

Domingo, 15 de Septiembre de 2013 21:35

Manifiéstate, pero...

En el mundo hay manifestaciones creativas, acciones que nos dan ejemplos de tranquilidad y respeto, pero siempre buscando un fin en común ya sea a favor o en contra.

En España, por ejemplo, a las afueras de los bancos un grupo de personas se manifiesta de manera pacífica, mientras la luz del semáforo se mantiene en rojo las personas se paran frente a la institución bancaria y comienzan a mostrar sus inquietudes con gritos y pancartas para después, en el momento que la señal verde se activa, dejar que el tráfico vehicular siga su curso.

Otra, es la que hacen los activistas por la caza desmedida de focas en el mundo.

Su forma es inusual, pero atrevida, por ejemplo en el 2010 AnimaNaturalis realizó un performance en contra de este hecho en Canadá. Cientos de personas se reunieron en la Plaza de los Pinazos pintadas de focas y escenificadas muertas en el suelo, manchadas de sangre.

En nuestro país últimamente las manifestaciones no han sido pacíficas, no han servido como ejemplo de respeto y armonía entre la gente que exige y las personas que transitan de manera cotidiana por las calles.

Pero no sólo eso, en el imaginario actual han generado una pérdida de dinero y tiempo. El bloqueo de avenidas, cierre de carreteras, toma de inmuebles con lujo de violencia, han dejado un descontento social incalculable.

Es indiscutible que estos descontentos y manifestaciones son con base en derecho; tienen razón en expresar su inconformidad y lo pueden hacer en las calles, pero no hay un derecho absoluto.

El derecho de decir lo que piensan y lo que creen tiene como límite los derechos de los demás. Pasa de una manifestación a convertirse en un acto delictivo, en un acto que podría tomarse de esa manera, en un delito.

Por eso, en los países desarrollados han encontrado mecanismos para hacerlo sin tener que interrumpir el tráfico. Volvemos a recordar lo que hacen los españoles; se mantienen al margen de sus exigencias, respetando siempre a las personas que circulan por las avenidas donde mantienen sus actos, o en su caso sólo bloquean un carril o establecen horarios para hacerlo.

Si entendemos que el derecho de manifestarse tiene como límite el derecho de los demás, creceremos como sociedad. Entre todas las formas que existen de manifestarse, los pequeños grupos que se oponen tienen que preocuparse por los derechos de los demás. Tenemos que transformar nuestro país, pero sobre todo en la forma en la que nos manifestamos.

Tomemos en cuenta que en nuestro país el empleo de la fuerza pública se interpreta como represión, pero también debemos de entender que el uso de la fuerza es necesaria cuando se deja de ser un objeto y se convierte en una obligación.

Las reformas planteadas por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el rubro de educación y energía, son un elemento indispensable para impulsar el desarrollo de nuestro país. La ciudadanía lo quiere y el país lo necesita.

Si bien es cierto que los derechos de las minorías no pueden estar en manos de las mayorías, también es verdad que el interés público no puede estar sometido a los intereses de unas minorías.

Manifiéstate, pero respeta a los demás.

 

Twitter: @alunacanales

Domingo, 25 de Agosto de 2013 20:41

El justo título

En Coahuila de Zaragoza hay al menos 100 mil predios irregulares, digo al menos 100 mil porque en estas cifras no se incluyen los intestados y los juicios que están pendientes de definir al propietario.

Este es un problema añejo, tiene que ver no sólo con una falta de tradición de certeza jurídica entre los ciudadanos, quienes no dan importancia a las escrituras, a la adquisición o a la formalización de un predio, hasta que se ven envueltos en un problema, sino a innumerables invasiones promovidas por agentes políticos y terratenientes quienes durante muchos años, incluso décadas, fraccionaron ilegalmente enormes predios. Al día de hoy los predios irregulares se han convertido en un enorme problema social.

Cientos de miles de personas viven en estos predios, ajenos al desarrollo, sin servicios públicos como agua potable o electrificación, en donde las calles no están pavimentadas, donde no hay drenaje y donde el alumbrado público es un sueño.

Esta realidad convierte a estas colonias, que en ocasiones son millares de casas, en un espacio que no permite la instalación de escuelas, en donde los servicios de recolección de basura no pasan, pero sobre todo en donde los pobladores están condenamos a vivir en condiciones de marginación.

Es indispensable complementar los programas que existen actualmente de regularización de tenencia de la tierra. La modificación de nuestro esquema legal es uno de ellos. Por un lado tenemos que estos programas han sido exitosos en la medida que el poseedor del predio y el propietario llegan a ponerse de acuerdo sobre el mecanismo para regularizarlos. Sin embargo, nos topamos con que muchos predios no encuentran esa solución pactada.

También es prioritario encontrar los esquemas legales que puedan sustituir la negociación o incluso la expropiación con la prescripción adquisitiva de los mismos. Al día de hoy, el justo título se ha convertido en el mayor obstáculo para regularizar estos predios.

En la actualidad nuestras leyes establecen que una persona puede hacerse propietario de un predio después de 5 años de posesión pacífica continua y en carácter de propietario, sin que exista mala fe. Por otra parte, establece que a los 10 años de esta posesión, incluso cuando la misma se deriva de la mala fe, puede darse también la prescripción adquisitiva, sin embargo la exigencia del justo título hace prácticamente imposible esta figura, complicando excesivamente la posibilidad que tiene una persona de recurrir a esta figura legal para regularizar su propiedad.

La realidad es que después de 10 años de no ser reclamada una propiedad o, después de estos 10 años, no aparece o no surge como propietario del mismo, es evidente que no tiene interés en esta propiedad. Especialmente si consideramos que en no pocas ocasiones se tratan de invasiones promovidas por el propietario, buscando presionar socialmente a las autoridades para introducir servicios básicos, obteniendo un importante beneficio de plusvalía.

Desde mi punto de vista es importante destacar que el justo título no debería de exigirse para la prescripción de mala fe.

Esta simple acción legislativa permitirá dar una solución a más de 100 mil familias que actualmente viven ajenas al desarrollo y sin servicios públicos.

Tenemos que reconocer que estos miles de predios se encuentran fuera del comercio, lo que implica que no pueden ser comercializados y que no pueden incorporarse a las actividades productivas. Esto imposibilita que estas familias generen riquezas, pero también se da el hecho de que no se pagan impuestos.

Por eso, suprimir el llamado justo título no es una cosa descabellada. En varios estados del país el justo título no se exige, sino que únicamente se pide acreditar fehacientemente el origen de la posesión, así como tampoco se requiere en asuntos agrarios.

 

Esta decisión legislativa, que pareciera simple, permitirá que miles de familiares cuenten con un predio regular, pero también llevaría justicia a miles de personas que han estado sin posibilidad de crecimiento o desarrollo. Evitaría que unas cuantas personas hagan negocios ilegales con este tipo de actividades.

Domingo, 28 de Julio de 2013 21:02

Rebase de tope en gastos de campaña

El sistema electoral mexicano se ha caracterizado por ser uno de los más complejos y sofisticados a nivel mundial. Lo anterior, para buscar condiciones de equidad en las contiendas. No es fortuito que uno de los compromisos del Pacto por México sea continuar con el perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales.

Entre los compromisos asumidos en la materia encontramos la aprobación de una Ley General de Partidos y una reforma electoral que atienda los siguientes temas: 1) Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos; 2) Disminución en el monto de los topes de campaña; 3) Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: a) el rebase de los topes de campaña; b) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y c) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate; 4) Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios; 5) Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción. 6) Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto; y 7) Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.

Todas estas propuestas ameritan una amplia discusión, pero sobre algunas pudiéramos hacer anotaciones en función de la legislación que ya se encuentra vigente en Coahuila.

En lo referente a los topes de gastos de campaña debo comentar que en nuestro estado las campañas son sumamente breves. Mientras que en otras partes duran meses aquí tenemos campañas de 10 días y las que más duran son de poco más de un mes. La duración es la menor a nivel nacional y los presupuestos también, no sólo el tope de gastos sino también el financiamiento público y privado que se puede utilizar.

Este precepto se complementa con una sanción penal para aquellos candidatos que excedan el límite de gasto de campaña. Además la ley local ya contempla la anulación de la elección en caso de que se determine que el ganador violó los topes permitidos.

Al día de hoy el Tribunal Electoral coahuilese ya anuló una elección municipal al corroborar el exceso en los gastos de campaña. Esta anulación fue confirmada por la Sala Regional del Tribunal Federal Eelctoral.

Mucha razón tenía el ministro Cossío cuando señaló que había con voltear la mirada hacia los estados al momento de legislar a nivel nacional. Cuando la discusión nacional se centrará en próximos meses en los temas antes descritos podemos decir que en Coahuila de Zaragoza desde hace años nuestras campañas políticas utilizan pocos recursos, tanto públicos como privados. Además podemos también asegurar que estos gastos reducidos se garantizan mediante la sanción penal del responsable y de la nulidad de la elección.

Lunes, 15 de Julio de 2013 09:53

Hijos de matrimonios homosexuales

El registro civil de Coahuila asienta sin problema alguno los nacimiento de hijos nacidos en matrimonio. Por lo tanto sólo es cuestión de aportar un acta de matrimonio y un certificado de nacido vivo para que una pareja registre a su hijo. En Coahuila de Zaragoza el matrimonio es un contrato celebrado entre hombre y mujer. Pero no en todos los estados es igual. Por ejemplo en el Distrito Federal puede celebrarse un contrato de matrimonio entre personas del mismo sexo y una pareja de mujeres puede perfectamente recurrir a técnicas de fertilización asistida para tener hijos. Por lo tanto estamos ante un hijo nacido de un matrimonio.

En esta lógica si una pareja de mujeres coahuilenses decide acudir al Distrito Federal para casarse y tienen un hijo, el Registro Civil debe asentar dicho nacimiento como hijo de ambas, aplicando las reglas que para el matrimonio existen en nuestro estado.

Esto es así ya que el artículo 121 constitucional dispone que los actos del estado civil realizados de conformidad a la legislación de los estados, tengan validez plena en el resto de los estados del país. Por ello, un matrimonio celebrado conforme a las leyes del Distrito Federal es válido en Coahuila y sus efectos deben incluir el de registrar a los hijos de este matrimonio en idénticos términos que el del resto de los matrimonios.

Este caso se presentó recientemente ante el registro civil de Coahuila. Ante este panorama se discutió ampliamente sobre los alcances y opciones para brindar este servicio. Desde recurrir a una resolución judicial hasta una propuesta de registro por parte de la madre que dio a luz y de una adopción para la otra. Todas ellas fueron correctamente rechazadas.

La realidad es que no existe motivo legal o moral que permitan distinguir entre un matrimonio entre personas del mismo sexo casadas en el Distrito Federal, a uno de personas de distinto sexo celebrado en el Distrito Federal o en Coahuila.

Nuestras leyes nos obligan a no discriminar, pero también a privilegiar a la persona. Al día de hoy hemos centrado las discusiones en torno a los derechos de los cónyuges, pero hemos omitido discutir los derechos del menor. A tener un nombre, una identidad, una nacionalidad y una familia.

En el Periódico Oficial de Coahuila ya se publicó el acuerdo correspondiente que instruye al Registro Civil para registrar a los hijos nacidos de matrimonios de personas del mismo sexo en las mismas condiciones que se haría con uno de personas de distinto sexo. Con la salvedad de que en ambos casos se identificarán como madre del menor y en su caso podrán escoger el orden de los apellidos para el nombre del menor.

Las nuevas instituciones como el matrimonio de personas del mismo sexo proyectan sus efectos sobre la legislación y normas de otros estados. Estamos obligados a registrar a estos menores, es lo legal y es lo correcto, ya que sobre todos los intereses existe el interés superior de la infancia.

Tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, una familia, no son opciones, sino derechos inalienables, que todos los menores deben tener, independientemente del derecho de sus padres o madres a escoger el esquema legal de su unión o al estado en el que decidan llevarlo a cabo.

Lunes, 10 de Junio de 2013 08:42

Tragedia humanitaria

En México, como en todo el mundo, el tema de las desapariciones forzadas es el peor de los delitos. Y es que tan sólo ver los números que maneja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales pasan las 24 mil personas desparecidas, teniendo un número de poco más de 2 mil 400 que hacen alusión a una desaparición forzada, nos encontramos con un panorama desolador.

Testimonios de esta tragedia se pudieron observar en el Foro Internacional Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, realizado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este importante encuentro se pudo entender el dolor de familias enteras quienes presentaron sus casos; exigieron a los ponentes que llevarán su voz a la autoridad correspondiente para que intensificaran las investigaciones y profesionalizaran sus métodos.

Aquellas voces eran claras. Los analistas, como Rupert Knox, de Amnistía Internacional, o Alán García, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, o de Jaime Cárdenas Gracia, de la UNAM, fueron enérgicos, pero a la vez reconocedores de lo que el mismo Estado ha realizado.

Fueron concisos y demandaron el respeto a los derechos humanos en las políticas públicas como en la legislación. Remarcaron su postura en la creación de nuevas leyes en la materia. Por ejemplo, Rupert Knox, de AIM, dejó en claro que nuestro país cuenta con todas las posibilidades para solucionar esta tragedia, pero para ello es necesario que las autoridades cambiaran su forma de actuar, de proceder ante tal problemática.

Otros, como Rainer Huhle, expresaron que miles de personas han sido víctimas del también llamado “crimen de lesa humanidad”, no sólo en México, sino en diferentes partes de Centroamérica y Sudamérica.

Sin duda, ante el hecho constante de las más de 400 familias que se dieron cita en este Foro, los analistas coincidieron en un punto, aunque confuso en ocasiones, sobre que el Gobierno Mexicano no ha respondido de manera adecuada en relación a la protección de los derechos de las víctimas, así como tampoco en el derecho a la verdad y a la justicia.

En este foro plural la autoridad, junto con los especialistas, pero sobre todo con familias enteras pidiendo justicia, llegaron a acuerdos, se construyeron diálogos, vínculos de confianza que, en un corto tiempo, se lleve a una credibilidad absoluta.

Por eso las familias levantaron la voz, expresando su sentir y dándole oportunidad a la autoridad de mejorar, de enriquecer sus métodos de búsqueda. Así puntualizaron: “Hemos reiterado la confianza a la autoridad, y esta tiene que hacer un esfuerzo claro y concreto para restituirla”.

Como parte de esta confianza se emitió la “Declaración de Saltillo sobre Desapariciones Forzadas en México”, que resalta el simple hecho de la búsqueda efectiva e inmediata, y de la investigación científica, de todos los casos de desaparición.

Fueron en total ocho mesas, de las cuales 43 propuestas salieron de ellas, enalteciendo la modificación de leyes respecto a la materia como cambiar la figura de “Declaración de Ausencia” por “Desaparición de Persona”, contenida en la Ley de Víctimas. Además, se enfatizó, en crear una Ley General de Desaparición de Personas federal y en cada uno de los estados.

También dejaron en claro en generar el marco normativo para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas con los más altos estándares internacionales. Asimismo, propusieron convenios con las compañías telefónicas para obtener información precisa y con prontitud, con el único objetivo de poder ubicar a las o los secuestradores.

Sin duda, las familias nunca perderán la esperanza de encontrarlos vivos, aunque han sufrido un calvario durante años para seguirle las huellas a sus seres queridos, mostraron su compromiso de colaborar con las autoridades que, reconocido por el mismo Estado, esto se ha convertido en la más grande tragedia humanitaria en México.

Lunes, 03 de Junio de 2013 08:50

Desaparecidos

Hoy, las cifras oficiales muestran la disminución de la violencia y de los índices delictivos, especialmente aquellos de alto impacto. Pero la ola de violencia que sacudió a la sociedad mexicana con la furia de un tsunami parece volver a los niveles de lo que pudieramos llamar la normalidad de antes de la guerra, lucha o estrategia iniciada en 2006.

Pero en este proceso de normalización no todo son buenas noticias. Al retirarse la violencia de algunas zonas del país vemos que empieza a asomar el saldo del desastre. Miles de personas fueron devoradas por máquinas de guerra. Millares de personas simplemente desaparecieron involuntariamente víctimas de un afán de eliminar a los rivales, cobrar deudas, castigar traiciones, dominar el territorio, reclutar, aterrorizar o simplemente por error.

No hay lógica en esto. Salvo la contundencia de la realidad. Decenas de miles de historias tienen un acta circunstanciada o denuncia almacenada en alguna agencia del Ministerio Público, algunos ni eso. Muy pocos han tenido efectivo acceso a la justicia, en poquísimo casos se ha esclarecido el delito, en otros incluso la desaparición corrió por cuenta de las propias autoridades, configurándose así uno de los más terribles delitos: la desaparición forzada.

La política pública en este tema durante la administración anterior fue de simple negación, llegando incluso a la criminalización de las víctimas con aquella famosa historia de que estaban involucradas.

El Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra este fenómeno en todas sus dimensiones. La personal, la familiar y los efectos sobre la sociedad. Las recomendaciones incluye el reconocimiento de una figura legal que preserve los derechos del desaparecido y su familia. La investigación y el castigo de quien resulte responsable.

El reconocimiento de la dimensión del problema por parte del Estado mexicano es un gran avance, ya que abandona la estrategia de negación. Para encontrarlos hay que buscarlos, y para buscarlos es necesario saber que están desaparecidos. La creación de una unidad especializada en PGR para conducir las investigaciones es una buena noticia. El proyecto encabezado por la Secretaría de Gobernación para legislar en torno al reconocimiento legal de los derechos de las personas víctimas de desaparición forzada o involuntaria, es también importante.

Los relatos de los familiares son piezas de un rompecabezas que deja ver un fenómeno de dimensiones inimaginables. Aun cuando la primera y más fácil versión pudiera ser que se trata del resultado de rivalidad entre delincuentes, la realidad es que hay un sinfín de historias que conducen a otras líneas de investigación. Por ejemplo, la privación de la libertad para que trabajen para la delincuencia. Esta especie de leva incluye gente para tareas especializadas como comunicaciones o contabilidad.

 

Las miles de historias que esperan justicia en agencias del Ministerio Público de todo el país obligan a una reflexión crítica sobre el papel de las autoridades ante este fenómeno. Es indiscutible que no estábamos preparados institucionalmente para enfrentarlo. Ni las leyes, ni la organización de las instituciones públicas, ni por procedimientos estaban concebidos para este problema. En todo el país se han hecho esfuerzos, pero urge tomar medidas adicionales y cambiar algunos enfoques. Por ello es de gran relevancia el foro que se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo los días 5, 6 y 7 de junio. Familiares de víctimas, y autoridades acordaron su organización para abordar este problema desde una perspectiva académica para incorporar la experiencia de la comunidad internacional y dar a esta política pública un enfoque humanitario de derechos humanos con enfoque a las víctimas.

Lunes, 20 de Mayo de 2013 10:21

#Noalahomofobia

 

El 17 de mayo se decretó en Coahuila como el Día Estatal de la Lucha Contra la Homofobia. No se trata sólo de resaltar una fecha de conmemoración internacional, sino de recordar a la sociedad que la homofobia existe, que no está bien que exista y que debe ser erradicada.

El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) informó que de enero a marzo de 2013 registró 377 presuntos casos de discriminación en agravio de personas de la comunidad lésbica, gay, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Estos números muestran que 325 quejas tratan sobre presuntos actos de discriminación imputables a personas físicas o morales, y 52 a reclamaciones contra autoridades o servidores públicos federales por la misma razón.

Asimismo, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indica que de 370 profesionales de la salud (131 hombres y 239 mujeres en los estados de México, Yucatán y en el Distrito Federal), casi una cuarta parte piensa que la homosexualidad es causa de sida en México.

De acuerdo con el documento, más de 25% dijo que no compartiría una casa con un homosexual y casi el 75% que las personas viviendo con VIH eran culpables de su condición. También están las otras cifras, las mortales, que nos muestra una radiografía de un México distinto. Ricardo Bucio Mújica, presidente de Conapred, señaló que en los últimos 10 años se han reportado poco más de 630 crímenes de odio. Pero también hizo énfasis sobre la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), en donde revela que los jóvenes son más tolerantes que los adultos y ancianos, y que el 67% de la población no cree tener motivos para a oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.

Enadis también señala que siete de cada 10 homosexuales y lesbianas en México consideran que no se respetan sus derechos humanos y laborales, mientras que uno de cada dos denuncian agresiones en su contra por su condición de preferencia sexual. La discriminación está prohibida y existen sanciones por vulnerar la dignidad de una persona. Pero el reto es convencer a todas las personas que los derechos no son cuestión de mayorías. Que la felicidad de las personas sólo les incumbe a ellas.

 

Lunes, 06 de Mayo de 2013 10:50

Condones para todos

 

Entre los derechos que más inciden sobre el desarrollo del ser humano está la salud, y la salud reproductiva es una de sus vertientes más importantes. Incluye una amplia gama de servicios como la reproducción asistida; la atención a enfermedades de transmisión sexual; la prevención, diagnóstico oportuno y control de cáncer cervicouterino y de mama; el acceso de la población adolescente a los métodos anticonceptivos; y en general todos los padecimientos de hombres y mujeres vinculados con los órganos sexuales. Estos derechos fueron asumidos por nuestro país desde 1994 durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en El Cairo.

A nuestra legislación nacional y a la de los estados les falta un importante ajuste dado que la salud reproductiva es abordada desde la perspectiva de dar protección a un binomio integrado por la madre y el hijo o hija. Disposiciones importantes, pero no suficientes para cumplimentar la obligación del Estado mexicano en relación a la salud reproductiva. Es necesario que la ley reconozca y garantice el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En Coahuila, el Gobernador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal para imponer una obligación a los establecimientos públicos para que instalen máquinas para la venta de condones. Implica el impulso a una política de salud reproductiva, orientada a la disminución de embarazos en adolescentes y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si bien es cierto que tenemos que inculcar en las y los jóvenes una cultura de responsabilidad, también es cierto que deben tener a su disposición los elementos para practicarla.

Queramos o no, gran parte de las y los jóvenes tienen una vida sexualmente activa. Desde una perspectiva de políticas públicas la autoridad debe garantizar que quienes decidan tener relaciones sexuales lo hagan en condiciones seguras para no resultar en un embarazo no deseado y para evitar enfermedades. Para ello deben tener acceso a condones en espacios públicos, a donde vayan, en donde se reúnan. El acceso libre a condones de las y los jóvenes es una obligación legal y ética del Gobierno. Para ello debe hacer todas las acciones, incluidas la repartición gratuita de preservativos, así como la promoción de máquinas expendedoras en sitios públicos, incluidos bares, discotecas, restaurantes, centros comerciales, cines e incluso en escuelas donde haya adolescentes.

Actuar de otra forma sería negligente, considerando que un embarazo en la adolescencia trunca gran parte de desarrollo de las jóvenes, quienes aún no se encuentran preparadas para enfrentar dicha responsabilidad, y de sobra está hablar sobre los efectos de algunas enfermedades de transmisión sexual. Coahuila es uno de los estados donde hay un mayor índice de embarazos de adolescentes. Esta cifra disminuyó en 14% de un año a otro mediante acciones como la distribución de millones de condones en forma gratuita entre jóvenes. Este resultado muestra claramente que esta es la ruta para disminuir este fenómeno.

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno del derecho a la salud han sido los prejuicios disfrazados de moral y religión. Quienes ven en la abstinencia una línea de acción efectiva sueñan con una realidad que no existe. La emancipación del ser humano ha destruido la efectividad de esos mecanismos de control sobre la conducta de la persona. Es importante fortalecer la autoestima de las y los jóvenes, informarlos sobre su sexualidad y sobre las consecuencias de una práctica no responsable de relaciones sexuales. La apertura que existe, los caudales de información a los que están expuestos, la erradicación de muchos de los controles atávicos con que se sometía a la sociedad, hacen necesario buscar otras vías a la abstinencia.

 

Domingo, 28 de Abril de 2013 20:52

El accidente, ¿se podía evitar?

 

Hace una semana despertamos con la trágica noticia del fallecimiento en Ramos Arizpe de varios miembros de una familia en un choque. La indignación de la comunidad no se hizo esperar al saber que el conductor del vehículo responsable era un menor de edad de 15 años. Peor aún cuando se dijo que conducía en estado de ebriedad.

Estoy seguro de que nadie sale de su domicilio con ánimo de matar a otra persona en un accidente. Pero aún sin intención, el Código Penal señala que privar de la vida a otro configura el delito de homicidio. Cuando es sin intención se trata de un homicidio culposo, lo que implica que fue sin dolo. Por lo tanto este menor de edad será procesado en los términos de la legislación de adolescentes. La pena se la impondrá un juez de conformidad a lo que dispone la ley. Aún tratándose de adolescentes el régimen especial no debe ser entendido como impunidad.

Pero este terrible accidente abre muchos espacios de reflexión en torno a los adultos que promovieron con sus actos u omisiones esta tragedia. Creo que deben rendir cuentas ante la ley quienes le facilitaron a este menor un vehículo y también quienes consintieron o le facilitaron las bebidas alcohólicas. Un menor de 15 años no puede ni debe conducir, la ley dispone claramente la edad mínima, pero tampoco debe consumir alcohol. Su falta de responsabilidad y criterio son la justificación de estas restricciones. Si el menor de edad no puede ser plenamente responsable de sus acciones, los adultos que facilitaron el vehículo y el alcohol deben ser investigados en torno a su coparticipación o incluso por corrupción de menores.

Lo que también queda de manifiesto con este tipo de trágicos accidentes es la importancia de las reglas en nuestra comunidad. Si cada quien hace lo que quiere la convivencia sería imposible. Si nadie pone límites a su actuación entonces la anarquía trae saldos que pueden ser mortales.

Recientemente se han establecido reglas más estrictas para los horarios de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Se han restringido conductas fuera de la ley. También se han establecido controles estrictos para las licencias y permisos de conducir, así como en placas y control vehicular. Todo esto orientado, junto con la prohibición de casinos y el control en hoteles, a tener una sociedad con reglas más claras que se cumplan por todos. Este accidente evidencia el rompimiento de todas las reglas y las funestas consecuencias.

Las reglas en una sociedad no son caprichos o necedades. Son la base de la convivencia. Cuando pensemos en horarios, restricciones y límites hay que analizarlos bien y a fondo. Puede ser que lejos de ser una molestia sean un elemento de salvación. Seguir las reglas es el único camino que permite el desarrollo de una comunidad, pero voy más allá, son la única vía para mantenerse y para sobrevivir. Manifiesto mi más sentido pésame a la familia afectada y al pueblo de Ramos Arizpe.

 

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