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16Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Abdelali Soto

Abdelali Soto

La estrategia de descentralización que un Gobierno decida poner en marcha, tiene un impacto determinante en la capacidad de las localidades, para ser potenciadores de su propio crecimiento y desarrollo.

Existen varios elementos que impactan sobre el mayor o menor éxito de un gobierno descentralizado y su capacidad, para atraer inversiones productivas y el mejoramiento de los estándares de vida.

¿Qué es la descentralización?

La descentralización busca reducir la concentración del poder. Este proceso supone la transferencia de capacidad de decisión, de un determinado agente hacia otro; los agentes son entidades orgánica y funcionalmente diferenciadas.    

La descentralización varía según su objeto, puede ser de tipo político- administrativo, cuando lo que se busca es repartir el poder de decisión, la administración de los recursos fiscales o las competencias y funciones.  En lo que respecta a reasignar la población o el territorio, se denomina desconcentración territorial, y se trata de procesos que están sujetos a fuerzas, más allá de lo político, como las de mercado o las sociales. (Marcel, 2010).

Una de las principales causas, que originó la ola de descentralización vivida en América Latina a partir de las décadas de 1980 y 1990, es el libre comercio y el aumento de las transacciones globales, convirtiendo a la competitividad, a la innovación y al desarrollo, en cuestiones territoriales.

En este sentido, variables como el clima de negocios, la identidad y pertenencia ciudadana, la localización y especialidad de la mano de obra, así como la promoción y el fomento económico en las regiones colindantes; son más importantes que antes, y marcan la diferencia para recibir y retener las inversiones.  (Campbell, 2010).

Los elementos que configuran un gobierno descentralizado

Un proceso de descentralización, tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos en los procesos de gobierno, a través de la mayor rendición de cuentas por parte de los gobernantes y un mayor control por parte de los gobernados.

Para Campbell (2010), son siete los elementos básicos que toca cualquier proceso descentralizador.

  1. 1)Política y estrategia nacional que empleará el gobierno central en lo político, económico, financiamiento y fortalecimiento institucional, a fin de producir un sistema de gobierno descentralizado sostenible y de largo
  2. 2)Organización del Estado, el rol funcional en la provisión de bienes y servicios que desempeñan los gobiernos así como el de la representación del interés público, deben ser especialmente equilibrados, al dividirlos entre los diferentes niveles de autoridad.
  3. 3)Responsabilidades funcionales, los temas relacionados con este elemento, resultan fundamentales para el desarrollo económico local, y éstos son: a) precisión y cumplimiento de las competencias (subsidiariedad) y la libertad para su gestión y priorización (autonomía de escogencia); b) eficiencia en la asignación, producción y entrega de servicios; c) la tecnología, todos éstos hacen que se dinamicen las responsabilidades funcionales.
  4. 4)Financiamiento, la capacidad financiera de los gobiernos locales, se ve determinada por su facultad para fijar tarifas, aumentar impuestos o solicitar préstamos. Este es uno de los aspectos más problemáticos de la descentralización, pues la tendencia apunta a la imposición de mayores responsabilidades sobre las localidades sin ampliar sus fuentes de financiamiento o libertad para decidirlas.
  5. 5)Mecanismos de participación y rendición de cuentas. Este elemento, representa la dimensión participativa de la descentralización, la cual involucra componentes como elecciones y reglas electorales, focalización en el Ejecutivo y autoridades en el nivel local, y mecanismos opinión, participación y selección de opciones.
  6. 6)Capacidad institucional; constituye uno de los principales obstáculos al fortalecimiento de los gobierno locales. Está relacionada con la dotación de personal capacitado, la existencia de sistemas de contratación y gestión; además, la necesidad establecer incentivos basados en el mérito y sanciones a las conductas trasgresoras.

 

El rol de lo local en el desarrollo económico

Dependiendo de la combinación resultante de los elementos antes enunciados, un gobierno local estará en una mejor posición para diseñar, formular y ejecutar, las políticas que buscan influenciar el crecimiento económico y el desarrollo en su territorio.

Abreviando, se pueden señalar los tres los factores básicos del desarrollo local; los empresarios locales, la participación ciudadana y las autoridades locales. La actividad empresarial mediante su capacidad de innovar, tanto en el producto como en la tecnología, permite que la economía retome el ciclo de expansión. Por lo tanto, aquellas localidades que estén mejor dotadas con el recurso iniciativa empresarial, es decir, con individuos capaces y dispuestos a usar esa capacidad, para combinar los otros factores de la producción (tierra, trabajo y capital) y crear así empresas productivas, serán también las que alcanzarán mayores niveles de desarrollo. Por su parte los ciudadanos locales son esenciales para permitir que los otros agentes (empresarios y autoridades locales) efectivamente, lleven a cabo las actividades que propiciarán el desarrollo. Específicamente, es rol de la autoridad local,diseñar y gestionar los planes y políticas públicas para el desarrollo, previo consenso con la ciudadanía. (Campbell, 2010) (de la Cruz, 2010)

 

Bibliografía.

Campbell Tim, 2010, “Condiciones para el desarrollo económico local en los sistemas de gobierno descentralizados”, en Rafael de la Cruz, Carlos Pineda y Caroline Pöschl (Editores), La Alternativa local: Descentralización y Desarrollo económico, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 5-40

De la Cruz Rafael, 2010, “Descentralización y desarrollo local en América Latina”, en Rafael de la Cruz, Carlos Pineda y Caroline Pöschl (Editores), La Alternativa local: Descentralización y Desarrollo económico, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 41-60

Marcel Mari, 2010, “Modelos alternativos de descentralización y la experiencia chilena”, en Rafael de la Cruz, Carlos Pineda y Caroline Pöschl (Editores), La Alternativa local: Descentralización y Desarrollo económico, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 61-86

En un mundo cada vez más globalizado, los gobiernos locales deben asumir nuevos desafíos que superan casi siempre sus capacidades técnicas, humanas y económicas. La importancia de lo local, radica en la privilegiada posición que tienen con respecto a la ciudadanía, pueden identificar más fácilmente sus necesidades y preferencias vinculándolos con la definición de las soluciones a los temas que les aquejan y con la eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas. (Ramírez, 2009)

En América Latina desde mediados de 1990, se han emprendido reformas que promueven la descentralización en materia de bienes y servicios sociales y aún de participación política, que sin embargo, ha creado presiones sobre el equilibrio fiscal de las localidades y no ha contribuido a reducir la concentración económica.

Los principales obstáculos que ha encontrado este proceso de devolución del poder, es de dos tipos: política y técnica. En el primer caso se trata del predominante centralismo que caracteriza a los gobiernos nacionales, acompañado de la oposición político-burócrata a ceder poder. El segundo caso, se refiere a la creencia de que la descentralización sucede por decreto sin la previa construcción de las instituciones y capacidades de ejecución, en las instancias municipales para su adecuado funcionamiento (Wiesner, 1997)

A continuación se delinearán algunas a las características que deben adquirir los arreglos institucionales y sus organizaciones para un eficiente proceso de descentralización; así como a  los alcances y límites del mismo.

Las instituciones sí importan.

La capacidad de los factores institucionales para potenciar la efectividad de las políticas públicas es destacada tanto por Wiesner (1997) así como por Waissbluth y Arredondo (2011). Estos autores coinciden en que hay una serie de elementos que deben estar presentes en cualquier estrategia de descentralización para que sea exitosa.

Algunos de los elementos a destacar son:

1) Una estructura de incentivos que propicie la competencia inter-jurisdiccional por mayores recursos o transferencias; en función de mejores resultados.

2) Mecanismos que induzcan al uso eficiente de los recursos, premiando la competencia y castigando las conductas trasgresoras. Estos controles a la conducta del agente son de naturaleza ex -post tanto administrativa como de impacto.

3) Modificar el origen del financiamiento del gasto público, para que sea el habitante local quien lo haga a través desus propios recursos.Esto tiene como efectos secundarios: la mejoría en el acceso a la información, la transparencia de los procesos políticos y la capacidad de hacer evaluaciones reales a la gestión pública. Además, la gestión de recursos propios contribuye a preservar los equilibrios fiscales.

4) Fortalecimiento del capital humano, cultural y social; así como de liderazgos locales, quienes se constituirán en los pilares para la edificación de la política de descentralización.

5) Consideración de la gradualidad y articulación de las medidas a implementar.

En resumen, el desafío es construir y mantener las condiciones institucionales propicias al cambio, a la competencia y a la evaluación de sus resultados a través del mercado y del proceso político.

Alcances y límites de la descentralización como elemento favorecedor del desarrollo local

Entre los efectos negativos que han resultado de los inadecuados e inacabados procesos de descentralización en Latinoamérica se enumeran: la generación o reforzamiento de cacicazgos, clientelismos políticos y la atomización de los presupuestos de inversión social y productiva que dificulta el emprendimiento de proyectos clave.

Sin embargo en aquellos contextos con la provisión de las estructuras institucionales, de capital humano y financieros adecuados; la descentralización fortalece la capacidad decisional en los gobiernos; además debido a su proximidad con la ciudadanía es más factible una mayor participación en las actividades prestacionales, en la planeación de la infraestructura y en la mejora a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. (Mariñez, 2007). La participación social mejora el aprovechamiento de los limitados recursos, que administran los gobiernos municipales.

En el contexto actual de nuevas expectativas y de la profundización democrática, entre los actores no públicos, el reto del diseño de una estrategia de descentralización se torna mayor; ya no basta con crear las condiciones para la efectiva inclusión de los gobiernos locales, ahora se debe pensar en la provisión de las condiciones y los espacios, para que los diferentes actores logren construirse en redes de gobernanza con una auténtica capacidad para afrontar nuevas temáticas y satisfacerlas; creando así una verdadera posibilidad de desarrollo con características endógenas.

Bibliografía

Mariñez Navarro, Freddy, 2007, “El reto del bienestar: ¿estado o gobernanza?”, Revista Venezolana de Gerencia, 12(38):167-182.

Mario Waissbluth, Cesia Arredondo, 2011, “Descentralización En Chile: Una Trayectoria Posible”, Nota tecnica #4, Documento de trabajo.

Weisner Eduardo, 1999, “La Economía Neoinstitucional, la Descentralización y la Gobernabilidad Local”, en Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual, RolfLüders y Luis Rubio (Ed.), CINDE-CIDAC, 48p.

Ramirez Marc, (2009) “Algunas Reflexiones Sobre Las Políticas Públicas Locales De Cohesión Social Y Cooperación Descentralizada”  en Pascual Esteve  y Pascual Guiteras (coord.), 2009, “Cohesión Social y Gobernanza Democrática: Para unas Regiones y Ciudades más Inclusivaspp. 196- 207

La participación ciudadana es un aliado estratégico para el Estado; sin embargo en el contexto latinoamericano, aún son contadas las experiencias exitosas y con continuidad, que muestran el efecto multiplicador que para el desarrollo de un territorio tiene la colaboración entre los actores públicos, la sociedad civil y los agentes económicos.

A continuación se abordarán algunas de las razones que han impedido una verdadera relación colaborativa entre gobernantes y gobernados; así como algunas lecciones aprendidas, todo con el objeto de derivar en elementos que permitan reforzar las bases para la producción satisfactoria de la acción colectiva.

¿Por qué no termina de cristalizarse la participación en América Latina?

Las crisis provocadas por los gobiernos neoliberales que predominaron en América Latina durante 1980 y 1990, dieron paso a una ciudadanía más consciente y con mayores deseos de participar en las decisiones de la vida pública.

No obstante cierta voluntad política y económica de los gobiernos para abrirse hacia la comunidad, la maduración democrática aún es mínima. Esto es atribuible fundamentalmente, a dos factores estrechamente vinculados: la pobreza y la desigualdad.

La pobreza, limita las capacidades y libertad de las personas, condicionándolos en muchas ocasiones a su reproducción intergeneracional. La desigualdad que cruza los aspectos humanos, sociales y económicos de la vida de las personas, congela la movilidad social trayendo aparejada desesperanza e impotencia.

El efecto agregado de ambos fenómenos es la pérdida de la cohesión social y tensión al interior de las sociedades, “caracterizada por su atomización, el egoísmo personal a la cooperación y de la lucha despiadada de las sinergias” (Kliksberg, 2007, p.570)

Aunado a ésto, persisten prácticas como el clientelismo, el elitismo y discriminación hacia los desfavorecidos, la visión simplista y procedimental de la participación; así como una escasa convicción burócrata de compartir el poder, todos obstáculos para el enraizamiento de la cultura participativa en la sociedad.

Elementos coincidentes para la participación efectiva.

Aunque las instituciones y sus prácticas varían de una sociedad a otra, existen concurrencias entre las diferentes experiencias latinoamericanas, relacionados con un verdadero “efecto democratizador de la participación (…) social en la aplicación y la definición de las PP” (Vaillancourt, 2009, p. 482)

Hay dos precondiciones básicas para una participación efectiva; la primera, el respeto y cumplimiento de los derechos cívico-políticos de los ciudadanos y el segundo, garantizar un mínimo de ingresos. Aparejado a ésto, se encuentran la existencia de prácticas endógenas que fomenten el capital cultural y social, así como la movilización. Es necesario también un liderazgo político, que cuente con un proyecto nacional incluyente.

Deben diseñarse instrumentos organizacionales y modelos de participación que intensifiquen la transversalidad y las relaciones horizontales, vigilando la representatividad de los grupos interesados. Finalmente, se requiere una concertación social completa, que permita activar al máximo el potencial productivo, cultural y humano de la sociedad. (Kliksberg, 2007)

¿En qué etapas del proceso de la PP debe incluirse la participación?

Tradicionalmente, el Estado ha sido responsable de conducir y decidir todo lo relacionado a la formulación de PP; sin embargo, es cada vez más frecuente la participación de otros actores en este proceso, de ahí que el Gobierno se haya visto obligado a buscar mecanismos reconciliadores de las aportaciones provenientes de actores de la sociedad civil, el mercado y de la economía social (entendida como las organizaciones sin fines de lucro).

Vaillancourt (2009) sugiere la formación de asociaciones (partenariat) con un origen tripolar, es decir Estado, mercado y sociedad civil; que deben tomar parte en el policy making process originándose así la co-construcción y co-producción de las PP.

Las asociaciones pueden registrar diversas configuraciones dependiendo de los atributos y roles que asuman los actores a lo largo del proceso. Uno de los principios más importantes que los partenariat deben desarrollar, es una relación de equidad y respeto, urge replantear el significado que el impacto de las ideas, la experiencia, los conocimientos y la voluntad de la ciudadanía tienen en la transformación de su entorno; y que representan alcances mayores que las aportaciones económicas puras, que otros grupos pudieran ofrecer.

Bibliografía

Kliksberg, 2007, “¿Cómo avanzar la participación en el continente más desigual de todos?”, RAP, 41(3):537-581

Vaillancourt, “La democratización de las políticas públicas: una mirada canadiense y quebequense”, en Freddy Mariñez y Vidal Garza (coord.), Política Pública y Democracia en América Latina: del Análisis a la implementación, Porrúa: México, pp. 11-32. 

Lunes, 11 de Marzo de 2013 10:59

La Democracia desde lo local

El agotamiento del modelo de Estado de bienestar, ha obligado a los gobiernos, a reformular la manera en que se relacionan con los ciudadanos; este proceso aunado a la aparición de una ciudadanía más activa y exigente, en sus relaciones con las instancias político administrativas, han decantado en una evolución de la participación ciudadana, más allá de los aspectos electorales, hasta ubicarse en niveles que apuntan hacia una relación colaborativa.

Particularmente, este proceso de maduración democrática ciudadana, ha tenido especial relevancia en los niveles locales de gobierno, que han resentido los efectos de las políticas descentralizadoras, de los gobiernos centrales que les han transferido la responsabilidad por los servicios, pero no el poder para recaudar los ingresos necesarios.

¿Cuáles son sus alcances y límites de la participación ciudadana en su rol decisor? ¿Cómo se ha configurado esta realidad en el contexto latinoamericano? ¿Cuál es el futuro de la relación gobierno- sociedad civil? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán a continuación

El porqué y el quién de la participación ciudadana.

¿Por qué deben participar los ciudadanos?  Dos son los criterios que participan en la respuesta a esta pregunta. El primero tiene que ver con los resultados que esperan  los políticos de la misma, lo cual va desde la legitimidad y mejora de sus decisiones hasta la obtención de colaboradores en la producción de las PP y la formación de capital social en su territorio. El segundo criterio, estrechamente relacionado con el primero, determina el rol que se otorga a los gobernados, ya sea como receptores de la información, solicitando su opinión o como  tomadores de decisiones de la acción gubernamental.

Además de la legitimación y apoyo a sus decisiones en temas complejos para con los políticos; las organizaciones ciudadanas pueden proveer ciertos bienes y servicios, así como en la generación de capital social, elemento indispensable para la cohesión y el buen funcionamiento y desarrollo de la comunidad.

Así, el actor ciudadano adquiere una relación más activa con sus autoridades. En su dimensión económica, se constituye en accionista que vigila el uso eficiente de sus recursos. En lo administrativo- prestacional, es un cliente que exige estándares de calidad y precio en los servicios que recibe. Desde su rol político es un agente con voz y voto en las decisiones públicas.

Existe una contraposición del actor ciudadano en lo individual y en lo colectivo. Esta última se reconoce en la teoría como la forma menos desarrollada y sin embargo la que mejor puede ser aprovechada para la co-gestión y el desarrollo pleno del territorio. (Brugué y Martí i Puig, 2011)

El cómo: Algunas reflexiones latinoamericanas sobre el diseño de los mecanismos de participación ciudadana.

El cómo de la participación ciudadana, constituye por su complejidad el Monte Everest de los impulsores de la misma. La necesidad de mecanismos que permitan decidir con rapidez y eficacia, a la vez que posibilitan escuchar la pluralidad de voces ciudadanas y traducir sus demandas, se ha convertido en el desafío de las democracias actuales. (Subirats, 2000)

Una de las aportaciones de América Latina en esta materia, es el presupuesto participativo, originado en Brasil en la década de 1980 (Gomes, Montesinos, Parés y Ramírez García 2011), y cuyas resultados son ambiguos a lo largo de varias latitudes del continente; por lo que resulta muy útil, el marco explicativo empleado por Montecinos ( en Gomes et al., 2011) que atrae la atención hacia ocho condiciones necesarias y suficientes, para el desarrollo del presupuesto participativo; estas son: el origen de la iniciativa; el rol y voluntad de la autoridad municipal y su cuerpo de gobierno, la naturaleza y origen de los fondos destinados a ser planificados por esta vía, así como el apoyo recibido desde niveles superiores de gobierno, condiciones e incentivos legales, que fomenten esta práctica y finalmente la posición de los partidos políticos, la sociedad civil y los gobiernos regionales y centrales con respecto a este tema.

Según la experiencia en que en la medida que se configure una política de participación ciudadana, de práctica regular y vinculada con otros instrumentos de planeación y gestión, se verá fortalecida la participación responsable y completa por parte de la ciudadanía, además advierten que la población no será capaz de priorizar temáticas distintas a la infraestructura y de servicios básicos, en tanto no vea estas necesidades satisfechas. El otro gran reto, lo constituye el progreso hacia la apropiación de estos procesos por parte de los involucrados, para que sean ellos, quienes demanden la generación de estos espacios de participación y decisión.

Bibliografía

Brugué y Marti i Puig (2011) “Participación y democracia en el ámbito local”, en Alberto Briseño Becerra (coord.), Presupuesto Participativo: una herramienta para la democracia, Congreso del Estado de Jalisco, pp. 15-36

Gomes et al., (2011) “Ejercicios del presupuesto participativo en Brasil, Chile, España y México: contexto, democratización, diseño institucional, aplicación y evaluación”, en Alberto Briseño Becerra (coord.), Presupuesto Participativo: una herramienta para la democracia, Congreso del Estado de Jalisco, pp. 37-124

Subirats Joan (2000) “Democracia, Participación y Eficiencia”, Foro Internacional, 161, XL (3):430-450

Domingo, 03 de Marzo de 2013 22:05

La participación social

El ejercicio de la ciudadanía sólo está

al alcance de aquellas personas que

disfrutan un mínimo de seguridad material,

educación y acceso a la información.

Adam Przerworski

 

 

La inclusión de la sociedad civil y sus organizaciones en el proceso de política pública (PP), particularmente en el contexto latinoamericano, se reforzó con la ola de reformas de segunda generación, que se implementó hacia mediados de los años 90 (Hevia F, 2009). Esto sucedió aparejado al surgimiento de una ciudadanía más consciente e inconforme con los resultados mostrados por el modelo neoliberal.

 

La participación social, evolucionó de formas tradicionales como el voto o su inclusión en foros públicos de discusión, hasta mecanismos e instancias con suficiente poder, para incidir en las estructuras oficiales y en las políticas públicas a implementar. (Canto Chac, 2008).

 

Sin embargo, la inclusión ciudadana tanto individual como colectiva en los asuntos de la vida pública es muy limitada; esto debido a factores estructurales, tales como el autoritarismo político, la exclusión social o la pobreza, y también a cuestiones que responden a lo reciente del concepto así como a un período de adaptación y aprendizaje, que resulta lógico para los actores privados, la burocracia y los programas gubernamentales.

 

Las herencias políticas y sociales como impedimento a la participación social.

Actualmente los campos de actuación del Estado se han diversificado y multiplicado de forma tal, que entre la clase gobernante tiene un mayor enraizamiento, la noción de que las políticas públicas involucran activamente a la sociedad. (Canto Chac, 2008).

 

La relación que establece el Estado con actores sociales heterogéneos y poseedores de sus propias agendas, es más horizontal y permeable; sin embargo, el Estado sigue manteniendo su rol de coordinador y regulador de los intereses individuales, en pro del beneficio público. (Subirats, 1997).

 

A la par de esta realidad, coexisten rasgos de formas autoritarias en las que el gobierno, no solo inhibe el control social de los programas negando a los usuarios la autonomía y el poder efectivo para tomar decisiones con respecto al funcionamiento de éstos; sino que mantiene el uso clientelar y patrimonialista de los recursos públicos (Hevia, 2009). Asimismo, en mucha ocasiones las autoridades limitan la participación a una de tipo corporativo y excluyen a otras formas de organización social. (Canto Chac, 2008).

 

Aunado a lo anterior que impide la efectiva inclusión de la sociedad civil en el proceso de la PP, también es necesario reconocer que la existencia de sectores marginados, genera ineficiencias por partida doble.

 

Por un lado, la exclusión supone una alta fragmentación de la sociedad, lo que se traduce en una multiplicidad de grupos e intereses poco armonizados, entre los cuales alcanzar el consenso en torno a un mismo propósito implica altos costos de transacción, por concepto de información, investigación, negociación, decisión y supervisión. Además, la organización social reclama por parte de los actores, un conjunto de capacidades y destrezas técnicas, científicas, económicas y hasta políticas, muchas veces ausentes particularmente, en grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, los indígenas, discapacitados, entre otros.

 

La necesidad de diseñar mecanismos de participación, innovadores y efectivos.

La parte valorativa de las PP se vuelve particularmente relevante cuando de participación social se trata, pues la inclusión en ella de elementos como: eficiencia, participación, representatividad, transparencia, equidad entre otros, requiere de un delicado balance. Es por esto que no existen soluciones de one size fits all cuando de mecanismos de participación se trata (Subirats, 1997). Hay que diseñar estructuras que combinen la información, la deliberación y capacidad de intervención de los ciudadanos en el proceso decisorio, a la par que aseguren el cumplimiento de criterios técnicos y económicos; permitiendo alcanzar resultados óptimos y en beneficio de las mayorías, aunque con algunos sacrificios.

 

Bibliografía.

Hevia, Felipe. (2009) “Mecanismos de participación ciudadana y control social en los programas de transferencia condicionada de renta en México y Brasil, un análisis comparado”, En Nómadas Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Complutense, 22(2)

 

Canto Chac, Manuel. (2008) "Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo", En Política y Cultura, núm. 30, pp. 9-37.

 

Subirats Joan. (2000) “Democracia, Participación y Eficiencia”, Foro Internacional, 161, XL (3):430-450 

Domingo, 17 de Febrero de 2013 22:09

La Pobreza: Una Explicación Alternativa

La pobreza se ha convertido en la mayor preocupación de los gobiernos nacionales en todo el mundo. En América Latina en general, y en México en particular, sus niveles son crecientes e incluso la calidad de la pobreza se ha degradado. Entre los pobres el sector que más ha crecido es el de los "pobres extremos” (Kliksberg, 2006)

Como resultado de lo anterior, los recursos financieros y humanos se han orientado hacia la implementación de políticas para su reducción y muy poco se han detenido a reflexionar sobre la conceptualización de la pobreza así como tampoco lo han hecho sobre su medición.

Esta situación tiene importantes implicaciones para la verdadera mejora del bienestar de las personas pues de otra manera, los esfuerzos hechos pudieran resultar tan efectivos como tratar un cáncer con aspirina.

Los 80 y los 90,décadas perdidas: La precariedad de la calidad de vida en Latinoamérica.

No existe consenso sobre qué es lapobreza ni sobre su medición, sin embargo sus efectos son evidentes. En una comparación desde 1980 y hasta 2004 de los niveles de pobreza en América Latina, la CEPAL mostró que no sólo había aumentado el porcentaje de pobres sino que el número de indigentes era mayor. Además que problemas asociados con la carencia de recursos, también se dispararon tanto que el desempleo pasó de representar el 8.0% de la población a casi el 11.0%, triplicándose para los jóvenes menores de 20 años. El 30% de los hogares son monoparentales, debido al abandono de uno de los cónyuges. En materia de salud, un 60% de mujeres no reciben asistencia durante el parto (Kliksberg,. 2006).

 

Lo anterior afirma Kliksberg, es resultado de las políticas neoliberales que predominaron en la región en los 80 y los 90, y que no sólo redujeron a su mínima expresión la red pública de seguridad social sino que además erosionó a la burocracia ocupada en este sector. 

¿Qué es la pobreza? Un debate abierto de graves consecuencias

Por lo que respecta a Rodríguez Gómez (2009), ésta aporta una variable con alto poder explicativo sobre el crecimiento del fenómeno; se trata del marco conceptual que eligen las autoridades para definir el problema, y que tiene importantes consecuencias en el impacto de las políticas a instrumentar. Explica que existen dos enfoques dominantes y contrastantes sobre la medición de la pobreza. El primero, es el cálculo del valor de una canasta de bienes y servicios específicos que se supone satisfacen las necesidades de alimentación, vestido y vivienda. La línea de pobreza que se sitúa justo en el ingreso de una familia, es igual al costo de adquirir dicha canasta. Su peor consecuencia en materia de políticas públicas, es que considera la pobreza de una manera fija y no da cuenta de la diversidad de necesidades de los grupos vulnerables (por ejemplo, un niño con desnutrición vs. un desempleado) por lo que las estrategias se plantean desde una pobreza estandarizada y pierden todo contacto con la realidad.

El segundo enfoque propone una medición multidimensional de la pobreza basada en los estándares relativos a la sociedad. En él se incluyen variables monetarias y no monetarias (sociales y simbólicas) del bienestar; así un individuo en pobreza es aquel que se ve impedido para participar plenamente de la vida en sociedad debido a la falta de recursos suficientes. Aunque, también presenta sus inconvenientes, como la dificultad de comparabilidad debido a sus componentes; su principal fortaleza radica en que las acciones de política social emprendidas en favor de los pobres son más amplias.

Si como afirma Kliksberg (2006), el enfoque de la política social en los gobiernos actuales, busca atacar la multi-causalidad de la pobreza y agrupa un paraguas de acciones que involucran transferencias monetarias hasta gobernabilidad en forma de red, para el tratamiento de los problemas colectivos; sería urgente pues, revisar las conceptualizaciones que se tienen sobre la misma, antes de que pasen otras dos décadas y cuando despertemos, la pobreza todavía este allí.

 

Bibliografía.

Kliksberg Bernardo, (2006) “Hacia una Nueva Generación de Políticas Sociales en Latinoamérica. Un Análisis Comparativo. ,En: Reforma y Democracia”, N° 35, pp. 1-25. http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma

 

Rodríguez Gómez Katya, 2009, “La Política contra la Pobreza en México: ventajas y Desventajas de la Línea Oficial a la Luz de Experiencias Internacionales”, En: Gestión y Política Pública, XVII (1): pp.107-148. http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=

 “Una política pública es

todo lo que los gobierno deciden hacer o no hacer”

Thomas R. Dye 

El origen del estudio de las políticas públicas como una disciplina formal que busca entender la manera en que los gobiernos estructuran sus decisiones, se remonta a la década de 1950 en los Estados Unidos, impulsada principalmente por los escritos de  Harold Lasswell. Aunque desde 1887, Woodrow Wilson en su artículo El Estudio de la Administración había dejado en claro la necesidad de “(…) descubrir, primero, lo que el gobierno puede hacer legítimamente (…) y segundo cómo puede hacer éstas con la mayor eficiencia posible y el menor costo de dinero o de energía” (Wislon W, 2004 (1887) p.73).  Es posible distinguir en esta cita la preocupación que desde entonces existía, en este país para que la acción gubernamental se cumpliera en términos de validez legal- institucional, sino también de validez técnica- causal.

En México, esta preocupación por un gobierno eficiente llegó con casi un siglo de retraso. Es hasta 1980 con el agotamiento del modelo de Estado de bienestar y en medio de una inconformidad social generalizada a causa de la crisis, que se exige que la acción pública acredite su legalidad y eficacia. (Aguilar L, 2011).

Sin embargo, la formulación de políticas públicas, entendida como un ejercicio político y técnico, que se traduce en una serie de acciones con una intención y sentido, orientados a lograr un efecto deliberado sobre lo que es percibido como un problema públicamente, (Aguilar L., 2009) aún no permea en todo el sistema político mexicano.

Una evidencia de lo anterior, son los comunes planes de desarrollo nacionales, estatales o municipales, instrumento que se identifica con un modelo de planificación estado-céntrico, holístico y omnisapiente, a diferencia de una planeación por políticas, propia de una democracia incluyente y plural, en la que se reconoce que no todo es panificable sino que la realidad entendida como problema, no admite fórmulas generales para llevar a cabo el análisis y la solución de las demandas sectoriales o locales de la vida comunitaria; de ahí que, la política necesaria puede ser regulatoria o prescriptiva, distributiva o de provisión de recursos, o redistributiva, es decir que requiere de un cambio estructural en la organización económica o social. (Aguilar L. 2011)

Esta planeación por políticas reconoce las capacidades limitadas de los gobiernos, tanto cognitivas como económicas, por lo que entonces, la generación de políticas públicas es un ejercicio que combina la participación ciudadana y la acción del gobierno.

Adicionalmente, su diseño es un ejercicio de prueba y error en el que aún y cuando se haya puesto el máximo cuidado, siempre habrá espacio para la equivocación, esto, implica la interacción del hombre y su mundo (Popper, K. 2003).

En la estructura de toda política pública es posible reconocer un componente subjetivo que hace referencia al sistema de valores políticos y sociales  mientras que un segundo componente lo constituyen las creencias científicas y tecnológicas de una sociedad. 

De igual manera, el análisis a una política debe poner atención a ambos elementos y situarlos en el tiempo y espacio en que éstos tomaron forma, puesto que ésto determinará los posibles aciertos o errores que resulten en la etapa a posteriori. (Aguilar L. 2009).

Actualmente, es posible observar una evolución en la manera en que se formulan las políticas y programas gubernamentales en México. Hemos pasado de un estado altamente vertical y burocrático, receloso en la capacidad de la sociedad civil y de los grupos económicos en lo que a acción pública se refiere, hacia estructuras más abiertas y democráticas, que hacen alusión a una interlocución más directa entre las organizaciones de la sociedad y el gobierno, con el fin de responder con mayor eficiencia en la naturaleza especifica de los problemas. (Aguilar L. 2009, 2011).

Bibliografía

Aguilar Villanueva Luis F. 2011, “Introducción”, en Luis Aguilar (comp.), Política Pública, Biblioteca Básica de Administración Pública: México, pp.17-60.

Aguilar Villanueva Luis F., 2009, “Marco para el análisis de las políticas públicas”, en Freddy Mariñez y Vidal Garza (coord.), Política Pública y Democracia en América Latina: del Análisis a la implementación, Porrúa: México, pp. 11-32. 


“El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las personas,

si estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos preocupan”.

Rosalyn Yalow, Premio Nobel

 

Lunes, 25 de Julio de 2011 01:13

Invertir en su educación… Por ser niñas

Invertir en su educación… Por ser niñas

… “Porque si educamos a una niña y la mantenemos en la escuela, podemos cambiar el destino de una nación” Reina Rania de Jordania

Existe un consenso general sobre el valor de educar a las niñas.

Domingo, 10 de Abril de 2011 20:14

En la … Madres Adolescentes, y ¿ahora qué…?

Las tendencias recientes en la evolución de la pobreza ubicada en relación con el ciclo biológico de las personas demuestran que en las historias de vida de los jóvenes es crucial el inicio temprano de la emancipación.

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