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18Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

El reto del control legislativo

Oscar Pimentel González

La elaboración, discusión y aprobación del presupuesto gubernamental es un proceso eminentemente político. Nada refleja de manera tan clara la estrategia de un gobierno como su presupuesto y la forma en que ejerce el gasto público. El presupuesto es un instrumento que articula lo que se quiere hacer con los recursos necesarios para lograrlo. De ahí la importancia de que las fuerzas políticas que pretenden incidir en el futuro del país sean capaces de influir en las decisiones de carácter financiero y presupuestal, en todo el ciclo presupuestal que va desde su elaboración hasta el ejercicio de los recursos, la ejecución de los proyectos aprobados y la rendición de cuentas. Conformarse con participar de manera parcial en este proceso –sólo en la discusión y aprobación, como lo hace normalmente la Cámara de Diputados- limita la participación de los legisladores y los aleja del concepto de equilibrio de poderes que plasma nuestra Constitución.

 

Quien ejerce el presupuesto detenta poder, y si las facultades de su ejercicio se concentran en el Ejecutivo, entonces el poder político se centraliza y se agrava el atraso de nuestra democracia.

 

En los primeros días de septiembre el Presidente de la República hizo llegar al Congreso el conjunto de iniciativas que integran el paquete económico. La Cámara de Diputados deberá analizar, debatir y aprobar el presupuesto para el 2012. Esta tarea que parece rutinaria, aún con la exacerbada polarización política que siempre motiva, tendrá circunstancias muy especiales que deben tomarse en cuenta, si no se quiere empeorar la ya de por sí terrible crisis por la cual atraviesa el país.

 

Como principales rasgos que seguramente perfilarán la realidad nacional el próximo año, deben considerarse el miedo y la incertidumbre que provoca la violencia del crimen organizado, la confrontación política del proceso electoral - agudizada por la obsesión del PAN de impedir el retorno del PRI a Los Pinos-, y una situación de alta vulnerabilidad frente a una posible recesión de la economía mundial.

 

La Cámara de Diputados tiene ante sí un doble reto. El primero será revisar los supuestos económicos y las prioridades de gasto que plantea el Ejecutivo para ajustarlos a la realidad de las tendencias que ya se vislumbran en el resto del mundo, a las verdaderas necesidades del país y a las reducidas capacidades de ejecución y de eficacia que ha demostrado el gobierno. Esto debe implicar un reordenamiento de prioridades de gasto, la reasignación de recursos y el establecimiento de normas adecuadas que faciliten el ejercicio del gasto y el cumplimiento de los objetivos de los programas.

 

Según el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el 2012, las prioridades serán seguridad pública, desarrollo social y crecimiento económico, sin embargo los incrementos son totalmente desequilibrados: al primer rubro se le asigna un 11.5% más de recursos que el año anterior, a los programas sociales solamente un 3.7% adicional y al fomento de la economía se le reduce un 1.6%. Es el mundo del revés: se definen prioridades y se les asigna menos presupuesto. Otro ejemplo de la pésima planeación del gobierno federal, que demuestra porqué se tiene que revisar en detalle la propuesta presidencial, es que a la reforma del sistema de justicia penal, que está concebida como la gran transformación institucional para mejorar la justicia en México, se le asignan solamente 443 millones de pesos, mientras que al área de seguridad pública se le destinan 147 mil millones, un incremento de 12 mil millones respecto de 2011. Discurso sin presupuesto es mera demagogia.

 

Hablar de una estrategia integral para combatir la inseguridad y sólo asignar recursos a la modalidad punitiva del combate a la delincuencia, es demagogia. Afirmar que se asignan más recursos al desarrollo social para mejorar la calidad de vida de la población, cuando realmente se pretende fortalecer los programas de gobierno susceptibles de un uso electoral, es demagogia. Como demagogia es también reducir el presupuesto que puede estimular el crecimiento económico en un escenario mundial desfavorable y, en cambio, incrementar el gasto corriente no asociado a programas prioritarios, tales como el gasto administrativo de la Presidencia y el relativo a la promoción de la imagen pública del gobierno.

 

 

 

El segundo reto que debería de asumir de un vez por todas la Cámara de Diputados, es el de afianzar el control legislativo sobre el ciclo completo de la formulación, aprobación y ejercicio del presupuesto, así como sobre la evaluación de los resultados. La Cámara de Diputados declina sus facultades cuando permite que el Ejecutivo realice modificaciones y recortes al presupuesto sin la intervención de la propia Cámara que lo aprobó, lo cual termina por dejar sin validez la serie de acuerdos políticos que se forjaron durante el proceso de negociación. Son necesarias normas claras para evitar, y sancionar en su caso, los casos muy comunes de subejercio presupuestal; transparentar la serie de fondos y fideicomisos que establecen las dependencias federales y que representan graves casos de opacidad; y, establecer mecanismos autónomos que vigilen el ejercicio del gasto y garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. De poco sirve una negociación exitosa del presupuesto anual en la cual el Poder Legislativo reorienta una parte de los recursos a las prioridades que considera más importantes, si de cualquier forma el Ejecutivo con miles de artimañas se sale con la suya: ejerce el presupuesto en sus prioridades y en acciones de gobierno muy distintas a lo que demanda el país, a su ritmo y sin rendir cuentas de manera satisfactoria.

 

El control legislativo en nuestro sistema federal implica replantear la función de las Cámaras, reorganizar su estructura institucional, definir la agenda de cambios necesarios y, sobre todo, avanzar hacia una nueva relación de interlocución y colaboración con los otros Poderes de la Unión. Debemos superar ya la idea tradicional de que los legisladores sólo trabajan cuando suben a la tribuna. El poder legislativo requiere una profunda reforma para ser más productivo en los nuevos tiempos que vivimos y para hacer del control parlamentario un instrumento que haga funcional y eficaz a nuestra democracia.

 

 

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