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30Abril2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015


Rodrigo Mesa.

Cuando se aproxima alguna fecha en la que se conmemora algún suceso trágico, comienzan las notas, programas televisivos y discursos alusivos, aunque el resto del año el tema pase inadvertido o peor aún, que se dejen de lado las causas que lo originaron. En los últimos años hemos sido testigos de catástrofes naturales sin precedentes, como los terremotos y tsunamis en Indonesia, Haití, Japón y Chile, el huracán que asoló Nueva Orleans, entre otros.

Quizá los lectores más jóvenes no estén familiarizados con fenómenos de este tipo, que se porque no se han presentado en México en el pasado reciente. Lo cierto es que, cuando estamos a 26 años de distancia del terremoto que cimbró a la Ciudad de México en 1985 y después de una serie de desgracias como la de la Guardería ABC, las discotecas News Divine y Lobohombo, el incendio en el Casino Royale, la mina de Pasta de Conchos, etc, no es muy complicado establecer las razones que dieron pie a estos sucesos.

La mala o nula legislación en materia de protección civil y áreas relacionadas, la negligencia, falta de presupuesto y corrupción de las autoridades encargadas de atender el tema y el poco interés que genera en la población el tema de la prevención de desastres son el común denominador en estas situaciones y nos hacen pensar que estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad en caso de cualquier contingencia.

El concepto de protección civil en México se encuentra bastante difundido, aunque no se sepa bien a bien en qué consiste. Luego de la creación de la comisión especial de protección civil en la Cámara de Diputados, ésta ha generado una serie de informes que no hacen sino documentar lo que de manera cotidiana la gente percibe. Entre otras cosas se encuentran pendientes algunas reformas a la Ley General de Protección Civil, que al regular una facultad concurrente, debe delimitar de manera efectiva las atribuciones de los tres niveles de gobierno en esta materia, y que al día de hoy, no está bien claro el ámbito de competencia de cada uno, generando el escenario propicio para que todos los involucrados se desmarquen y se desentiendan.

La legislación en materia de protección civil se encuentra desarticulada y se aborda el tema en disposiciones legales tan disímbolas como educación, salud, desarrollo urbano, entre otras. Ahora mismo, la recién aprobada Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se ocupa de temas que ya están de alguna forma regulados en leyes educativas, de construcción y municipales. La cuestión es que nuestra legislación en la materia, es un conjunto de parches que se han ido agregando conforme los sucesos se han venido presentando y porque el tema no se ha colocado como un eje de relevancia en el diseño de políticas públicas.

Las funciones básicas en materia de protección de civil son las de mitigación, preparación, respuesta y recuperación, sin embargo donde se debe se invertir el recurso material y humano para que se trabaje correctamente, es en las dos primeras áreas. ¿Cuántos miles de millones de pesos se ahorrarían al año si tuviéramos una política nacional de prevención de accidentes y desastres? ¿Cuántas muertes se evitarían si desde el más sencillo establecimiento mercantil, hasta el más complejo implementaran protocolos eficientes de protección civil? Nuevamente, la entidad de gobierno que mejor puede desempeñar las funciones de protección civil es el municipio porque es el que sabe con mayor precisión y cercanía a la ciudadanía, cuáles son los riesgos existentes y las condiciones en las que se encuentran los inmuebles. Y valdría preguntarse, ¿Qué porcentaje del presupuesto de un municipio se asigna para funciones de protección civil y cuánto personal labora para tales efectos?

Desde 1949, los tratados internacionales en la materia, estipulan el mínimo de cuestiones con que un protocolo de protección civil debe contar, y todas son tendientes a un sólo objetivo: La protección de la vida de las personas. No es la intención hacer un ejercicio comparativo con otros países que cuentan con sistemas de protección civil avanzados, Cuando un extintor no funciona, las salidas de emergencia están inhabilitadas, se almacenan materiales peligrosos cerca de escuelas y hospitales o se edifican construcciones con materiales de mala calidad a sabiendas de los riesgos que implica, sabemos que algo no se está haciendo bien y sólo es cuestión de tiempo para que suceda una desgracia.

Resulta impostergable el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, así como la fiscalización eficiente del Fondo de Desastres Naturales y que la declaratoria correspondiente no esté sujeta a vaivenes políticos. Igualmente los municipios deben de tener los recursos suficientes para hacerse cargo de dicha tarea, empezando por realizar un trabajo a profundidad de concientización entre la ciudadanía sobre la importancia de la Protección Civil, y que cuenten, al igual que todas las entidades federativas, con un Atlas de Riesgos, completo y actualizado.

La realidad es que vivimos al lado o dentro de una olla de presión que, si no ha estallado intempestivamente, lo ha hecho de manera sutil a través de tragedias como las mencionadas líneas arriba, que ponen en evidencia la aplicación de políticas reactivas en vez de acciones planeadas estratégicamente. O dicho de manera coloquial, en Protección Civil en México sucede aquello de que, ahogado el niño, a tapar el pozo. Para que se deje de llenar el calendario de conmemoraciones de catástrofes que se pudieron evitar, empecemos ya, pongamos el tema como prioridad nacional, porque en ello va la preservación y viabilidad del país mismo.

Mi Twitter: @RodMesa



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