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30Marzo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

 

Asignatura pendiente

Alejandro Robledo Flores

 

 

   Los pueblos originarios han sido históricamente marginados en nuestro país. Los que habitan el Estado de Chiapas no son la excepción. La historia de esta entidad registra que cuando se hizo la Revolución Mexicana no pasó por Chiapas, y a su triunfo, las conquistas obtenidas tuvieron un efecto menor en ese Estado.

 

Para conservar el sistema casi feudal sobre el cual se basaba la organización político-social, los latifundistas del Estado evitaron, mediante la fuerza de las armas y la presión, que el proceso revolucionario se desarrollara en esta provincia. Los privilegios de unos cuantos caciques condenaron al subdesarrollo a los grupos étnicos del Estado.

 

Al triunfo de la Revolución, los latifundistas presionaron y lograron acordar con el gobierno nacional: la gobernabilidad a cambio de mantener el sistema que les convenía. Una de las consecuencias fue la exclusión de los indígenas y el no reconocimiento de sus derechos, lo que ha causado la pobreza que aún los lacera.

 

Fue hasta enero de 1994, con el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando se colocó en la agenda mexicana el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos. En la Primera Declaración de la Selva Lacandona se exige una nueva relación entre Estado y pueblos originarios, amparados en al artículo 39 constitucional, el cual la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

 

En 1997, después de un proceso de diálogo complicado, en San Andrés Larráinzar, Chiapas, se firmaron los históricos Acuerdos de San Andrés, por el Gobierno Federal y el EZLN, con la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).

 

Los Acuerdos de San Andrés, pondrían fin al conflicto armado en Chiapas y sus disposiciones serían constitucionales. Con la firma y reconocimiento del Gobierno Federal se daría inicio a una nueva relación del Estado con los pueblos originarios de México. Meses después, el gobierno federal desconoció los acuerdos que se había firmado.

 

Lo que motivó el desconocimiento de los acuerdos fue principalmente el contenido del capítulo: “Derechos y Cultura Indígenas”.

 

Dicho capítulo señala: “Se creará un marco jurídico a partir de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas… Podrán decidir su forma de gobierno interno y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente... El Congreso de la Unión reconocerá a las comunidades como entidades de derecho público. Las autoridades realizarán la transferencia de recursos, para que las comunidades administren los fondos públicos que se les asignen.”

 

Los acuerdos de San Andrés reconocen a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, con libre determinación y con los recursos necesarios para que estas comunidades ejerzan un presupuesto.

 

Lo dispuesto en los Acuerdos, puede sentar las bases para el inicio del cambio en la organización del estado mexicano, gestando la creación de un cuarto orden de gobierno, entendiendo a la Federación, Estados y Municipios como los otros tres. Con ello se desconcentrarían las atribuciones, y los recursos públicos para destinarlos a las comunidades, y que sus habitantes canalizaran sus presupuestos de acuerdo a las decisiones que tomaran colectivamente.

 

Empero, el reconocimiento de los Acuerdos pone en peligro el status quo del sistema político-electoral mexicano. Una vez que se reconociera constitucionalmente a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, se sentaría un precedente que daría la oportunidad para que otras comunidades del país exigieran ser reconocidas.

Es decir, en otros entidades de la República, comunidades urbanas y rurales (barrios y ejidos), podrían exigir el mismo reconocimiento.

 

El efecto que preocupó a la cúpula de la clase política nacional, es que las comunidades, eventualmente reconocidas, tendrían derecho a acceder a presupuestos y a decidir cómo ejercerlo, haciéndolas parte principal de las decisiones públicas. Los gobiernos en turno perderían el control discrecional del presupuesto, y por ende de gran parte de los programas de gobierno.

 

Lo anterior obligaría a los partidos políticos, como parte del sistema político mexicano, a replantearse su actuación y sus métodos; modernizarse, definirse claramente en su ideología y su praxis política; hacer sus agendas en base a las necesidades y aspiraciones de la sociedad, abrirse a ella y trabajar a su lado. Se transformarían en una herramienta para el ejercicio de la democracia, no como el sujeto principal de ésta.

 

Con las comunidades, y sus integrantes, participando y tomando decisiones se redefiniría el rumbo del país, y existiría un contrapeso a los poderes establecidos y a los fácticos, dándole equilibrio a la vida política de México. La participación es parte del ejercicio de la ciudadanía, donde la sociedad es el sujeto principal. Aunado a que es una de las formas de construir y fortalecer el tejido social, una urgencia y exigencia en estos tiempos aciagos por los que atraviesa nuestro país.

 

El reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés son una asignatura pendiente: como parte de una reforma política profunda que beneficie a la sociedad mexicana, y en cumplimiento de una demanda histórica de los pueblos originarios…

 

twitter: @alexrobledof

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Alejandro Robledo

Licenciado en Derecho con Maestría en Gestión Pública. Enfocado en temas de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Análisis de la Pobreza. Columnista de varios períodicos y de revistas online.

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