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29Mayo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015


Oscar Pimentel González*

 

Los años de la década del gobierno federal panista han sido trágicos para el país. Al desastre económico que nos coloca en un lugar cada vez más rezagado del mercado mundial, al acrecentamiento de la desigualdad social y de la violencia que nos hunde en el horror y la incertidumbre, se suma la postura del gobierno panista que pretende intervenir el proceso político de la sucesión presidencial para asegurar su continuidad, aún en contra del orden constitucional y la democracia.

 

El triunfo del PRI en las recientes elecciones será un motivo adicional que agudice la paranoia crónica de la corriente dominante del panismo y que, seguramente, inducirá al gobierno federal a profundizar, como parapeto, su estrategia bélica contra el narcotráfico, a propiciar que se incrementen los niveles de la violencia y a sostener su ataque frontal contra el PRI, todo como parte de una misma maniobra orientada a crear situaciones de excepción y condiciones que le favorezcan para continuar en el poder.

 

Lo más preocupante de nuestra vida política es precisamente la actitud cerrada y obcecada que ha mostrado el Ejecutivo Federal ante la necesidad apremiante de promover el diálogo y los acuerdos, como única vía para construir las nuevas instituciones y prácticas políticas que exige el desarrollo del país. Y como si esto no fuera suficiente, se ha embarcado también en la aventura de pretender criminalizar y desacreditar histórica y políticamente al PRI, y de impedir a cualquier costo, como un compromiso personal irrenunciable, su triunfo en las próximas elecciones presidenciales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy lamentable que desde el poder federal se propicie el deterioro de la convivencia plural y se pretenda convertir la contienda partidista en una operación de eliminación del contrario. Es un paso atrás el hecho de que quien está obligado a gobernar para todos se convierta en el jefe político de un partido, y es además motivo de juicio político que quien está obligado a respetar la Constitución no tenga empacho en transgredirla y en usar a las instituciones como instrumentos contra sus adversarios. En esta lógica, las “causas legítimas” que defiende el PAN justificarían el uso de cualquier medio para cerrar el paso al PRI, hasta el autoritarismo más exacerbado. Nada más falso y contrario a los principios de la democracia que los mexicanos estamos empeñados en construir.

 

El Ejecutivo Federal ha hecho una práctica de su gobierno el violentar el orden constitucional para inclinar la balanza a favor de su Partido. En 2009, el Ejecutivo Federal ordenó la detención ilegal de once presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez del estado de Michoacán, pasando por encima de la ley y violentando los principios de colaboración y coordinación que se derivan del Pacto Federal, tan solo porque se presumía, con base en información que provino de fuentes no confiables, que podían estar involucrados con la delincuencia organizada. Primero los detuvieron y luego los investigaron. Después de un largo proceso judicial están libres, pero el efecto político que buscaba el gobierno panista se logró: generar desconfianza hacia las autoridades locales del PRI y del PRD, e iniciar la operación de echarles la culpa de la violencia y la criminalidad que prevalece en el país.

 

El Ejecutivo actuó por encima de la ley cuando promovió los logros de su gobierno en los medios de comunicación en pleno proceso electoral del 2010, lo cual ameritó que el Tribunal Federal Electoral emitiera una resolución por unanimidad en la que determinó que el Presidente de la República violó el artículo 41 de la Constitución.

 

 

 

 

 

 

El más reciente acto de uso indebido del poder fue la detención por fuerzas militares de un ex alcalde priista de Tijuana, en el interior de su casa, sin orden judicial, sin que existiera una averiguación previa y sin la intervención del ministerio público como marca la ley. Fue un atropello a las garantías individuales con fines claramente electorales ordenado por el Ejecutivo en su modalidad de jefe máximo del PAN. Por fortuna, el Poder Judicial impidió que se continuara con esta violación flagrante al Estado de Derecho. Fue un acto gubernamental ilegal que afectó negativamente la imagen de las fuerzas armadas y de la institución del ministerio público.

 

Nada expone tan claramente las intenciones del Ejecutivo como el discurso pronunciado hace unas semanas en la Universidad de Stanford, en el cual reconoce su determinación de cerrar el paso al PRI como si se tratase de una cruzada política personal. Atribuir todos los males del país al PRI y criminalizar su existencia en un foro de un país extranjero habla de un uso partidista y faccioso de la investidura presidencial. Estaba ahí con la representación de todos los mexicanos, no como militante de un partido. Es además ofensivo para los millones de mexicanos que son priistas por convicción en el marco de nuestras leyes e instituciones políticas, y es una agresión a las autoridades estatales y municipales, legisladores federales y locales, y dirigentes políticos de este partido. Es literalmente como alguien acertadamente lo calificó: “la otra guerra”.

 

Ante este escenario, todos los mexicanos debemos estar alertas. No debemos permitir que se violente el orden constitucional bajo ninguna justificación, ni por el combate al crimen organizado, ni por la lucha partidista. Igualmente, debemos cuidar las instituciones políticas y las bases de nuestra democracia, de por sí todavía imperfecta e incipiente. No permitamos un atentado contra la democracia.

 

 

 

 

 

 

 

Y aún más, no se trata solamente de garantizar que el proceso de la sucesión presidencial se apegue al marco constitucional. Son necesarias también reformas profundas a nuestro sistema político, que permitan una mayor funcionalidad del gobierno en un contexto de pluralidad política, una mejor convivencia democrática de las diferentes fuerzas y una mayor participación y capacidad de los ciudadanos para incidir en las decisiones políticas que les afectan. En el PRI debemos comprometernos con estas reformas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vicepresidente de la Fundación Colosio, A.C.

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