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24Julio2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

 

A todos los integrantes de la marcha

por la Paz con Justicia y Dignidad

                                   A Javier Sicilia

 

Es posible salir de las ruinas y volver a edificar. Rescatar al país y reconstruir el tejido social. Cambiar la estrategia y colocar la seguridad ciudadana en el centro de la acción gubernamental. Se puede rectificar y establecer una nueva estrategia para combatir la violencia y la impunidad con el compromiso de todos, gobierno y sociedad. Hay propuestas y hay caminos. Hoy, como pocas veces, es necesaria la sensibilidad del gobierno y de toda la clase política para percibir correctamente los signos del hartazgo social y la urgencia de una reconciliación con la ciudadanía y sus exigencias de paz y de justicia.

 

México se encuentra en una situación de desastre social e institucional provocado por la violencia y la confusión de la estrategia fallida contra el crimen organizado. Ha sido una guerra improvisada contra un enemigo que era desconocido, al cual se le imaginaba fácil de vencer y cuya derrota aportaría legitimidad en el ejercicio del gobierno federal. El resultado es totalmente adverso. Se fortalecieron los cárteles de la droga, se diversificaron, se asimilaron al tejido social y político, aprovecharon las condiciones preexistentes de insuficiencia de capacidades de los cuerpos locales de seguridad y corrompieron a las propias corporaciones federales de la policía y a muchas otras instancias institucionales en todos los órdenes de gobierno.

 

Es muy grave la desorganización gubernamental, la falta de confianza y colaboración de los gobiernos estatales y municipales hacia las dependencias federales y viceversa, la ausencia de proyectos consistentes para incrementar las capacidades de las instituciones de seguridad y de justicia, y para reestablecer el monopolio estatal de la fuerza. Es más grave aún la falta de una política de Estado que privilegie los acuerdos y coloque por encima de las diferencias partidistas la seguridad ciudadana y la verdadera impartición de justicia. Y es también deplorable e injusta la ausencia de una política social que vaya a las causas que propician la violencia y el crimen; que abra alternativas a los millones de jóvenes que hoy no tienen trabajo ni escuela, a los cientos de miles de madres solteras que no pueden ofrecer certidumbre a sus hijos, a los millones de familias mexicanas que viven apenas con lo indispensable.

 

Más de cuarenta mil muertos y el país sumido en las ruinas y la incertidumbre es, hasta hoy, el saldo de la guerra. La confusión creciente, el desánimo social, la desconfianza hacia el gobierno, los partidos y la clase política y el descrédito de las instituciones, deben motivar a un ejercicio de reflexión que pondere como lo más valioso el diálogo y el entendimiento con los ciudadanos. Urge una reflexión cuyas preocupaciones fundamentales sean cómo garantizar la seguridad de la gente, cómo garantizar la correcta impartición de justicia y cómo garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho en beneficio de todos los mexicanos.

 

El cambio de estrategia implica también un proceso de reconciliación con la sociedad y un reencuentro con sus demandas y con sus preocupaciones vitales. Si de veras queremos salir de las ruinas y edificar un rumbo diferente para el país, necesitamos poner en juego una mayor capacidad de percepción y sensibilidad, establecer un compromiso responsable e impulsar un acuerdo de todos los órdenes de gobierno, los poderes de la unión, los partidos políticos, los sectores productivos, los medios de comunicación y la propia sociedad.

 

Contrario a lo que el gobierno ha pretendido hacer creer, sí existen alternativas y sí existen propuestas de una estrategia diferente para combatir el crimen organizado.

 

Ya en septiembre del año pasado la Fundación Colosio, en colaboración con el Instituto Republicano Internacional y la Asociación de Consejos de Participación Cívica, organizó el foro Violencia e Impunidad: Diálogo + Alternativas. Participaron organizaciones sociales, instituciones académicas, especialistas en la materia, legisladores de los partidos políticos más importantes, funcionarios estatales, municipales y del Distrito Federal, expertos de Colombia y Chile, los embajadores de Colombia y de Estados Unidos de America. La única ausencia fue la del Gobierno Federal que, curiosamente, declinó la invitación. Fueron más de 60 ponentes en 9 mesas de trabajo que aportaron sus diagnósticos y sus propuestas.

 

 

 

Se planteó el cambio indispensable de estrategia, por considerar que la guerra puesta en marcha por el gobierno solamente genera más violencia e incrementa la conflictividad social. Como alternativa se planteó la necesidad de una estrategia integral, con visión de largo plazo y sustentada en una verdadera política de Estado y en la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno y poderes de la república, cuyo propósito central sea garantizar la seguridad de la ciudadanía.

 

La aplicación de esta estrategia alternativa implicaría emprender una profunda reforma que permita ordenar el marco institucional desde el cual se combate al crimen organizado, desaparecer la Secretaría de Seguridad Publica y reintegrarla al área de Gobernación, crear una Fiscalía General de la Nación y una Fiscalía Especial para el combate del crimen organizado, así como dotar de autonomía constitucional al ministerio público federal, para dar certeza e imparcialidad a la procuración de justicia y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

 

Como parte de estas reformas es preciso también concretar las reformas aprobadas para transformar el sistema de justicia penal y dar paso a un sistema transparente y expedito con los juicios orales, promover la entrada en vigor de las recientes reformas en materia de derechos humanos y promover reformas para la profesionalización de los cuerpos policíacos.

 

Igualmente, es indispensable la definición de políticas públicas de desarrollo social, salud, educación, así como de una política económica expresamente diseñada para inhibir la delincuencia, crecer, generar empleos y focalizar acciones de desarrollo regional en las zonas más afectadas por la violencia y dar prioridad a la generación de nuevas oportunidades para los jóvenes.

 

Asimismo, se debe garantizar que el combate a la delincuencia sea compatible con el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales; impulsar iniciativas para fomentar la cultura de la legalidad y construcción de ciudadanía; establecer mecanismos para mejorar la colaboración y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno y fomentar una mayor participación ciudadana en la definición y seguimiento de la políticas públicas en materia de seguridad y justicia.

La inconformidad social que crece día a día en todo el país, las criticas y aportaciones que han hecho diversas organizaciones ciudadanas, políticas y académicas, y ahora la marcha por la Paz con Justicia y Dignidad , deben abrir un espacio de reflexión y autocrítica para que se revise con seriedad y se cambie la estrategia de combate al crimen organizado. Lo único que no debemos permitir es que se pretenda lucrar o maniobrar políticamente con sus demandas y con sus propuestas. Es hora de cambio y reconciliación. Es hora de fortalecer al Estado por encima de los intereses particulares y de partido. Es hora de responder a la sociedad.

 

*Vicepresidente De la Fundación Colosio A.C.

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