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24Junio2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

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La desaparición forzada de personas ¿un delito federal?

En días pasados se dio a conocer el “Protocolo Homologado para la investigación del Delito de Desaparición Forzada”.

Su objetivo general es: “Definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, responsables de la investigación del delito de desaparición forzada, para una búsqueda e investigaciones eficaces, que nos permitan localizar a las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos similares”.

No cabe duda de que es un paso adelante en el combate a esta infausta lacra, sobre todo porque denota que un esfuerzo concertado entre las diversas autoridades y la sociedad civil es capaz de producir benéficos frutos.

El tema, sin embargo, clama por una reflexión más profunda, pues como el propio documento reconoce, “se tiene la claridad de que es necesario resolver algunos problemas estructurales, como la diversidad de tipos penales de desaparición forzada, que se resolvió recientemente con la reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley General en materia de desaparición forzada”.

Se supone que tal ley “precisará…funciones y responsabilidades en todos los niveles (sic) de gobierno, y generará las bases generales para un mecanismo de coordinación entre las autoridades federales y estatales”, a la falta del cual se atribuye ser “una de las deficiencias principales por las cuales no se logra una búsqueda eficaz”.

Puede que en este punto el documento tenga razón, y en la acción sin coordinación encuentre eco la ineficacia operativa, pero eso no basta para explicar el problema, y menos aún para delinear cursos de acción, tan eficientes como eficaces, para su solución.

En la comisión del delito se presentan, por regla general, factores que involucran materias de competencia federal e instituciones u organismos propios de ese orden de gobierno y administración, así como el tránsito entre dos o más estados y algunos otros factores que, por una parte, exceden la sola “coordinación”, y por otra la hacen tan compleja que se convierte en una aspiración irrealizable.

Una ley “general” –figura que parece, a pesar de su acuñación anterior, haber sido descubierta recientemente- no basta para resolver el problema de fondo y, en cambio, no hará seguramente otra cosa que abonar al abuso que de ellas se ha hecho en menoscabo del sistema federal, que así va pareciendo estorbo, porque se le han ido obstruyendo sus beneficios.

En los Estados Unidos, tras el “caso Lindbergh”, el secuestro, que era un delito local, se convirtió en federal, no sólo porque la instancia de tal orden contaba con más presupuesto y recursos técnicos –lo que también es cierto, como ocurre en México- sino, principalmente, porque el secuestro, como la desaparición forzada de personas, tiene lugar en ámbitos y circunstancias a las que, de hecho y de derecho, sólo tienen acceso los órganos del Gobierno de la Unión.

Si así es y hay además una grande diversidad en las descripciones que los códigos penales del país hacen de la conducta que habrá de considerarse en el ámbito de su vigencia como delito, la razón sugiere que no es “unificando” desde el centro –en el ejercicio de un “federalismo de espejo”, que infortunadamente se ha puesto de moda- sino en la “federalización” del tipo penal y su persecución, sin merma, por supuesto, de la necesaria coordinación y cooperación que deberá establecerse normativamente, a fin de que “los estados y la federación sean un sistema coordinado para la búsqueda, investigación y generación de información para la elaboración de estrategias de actuación” en tan relevante cuanto trascendente materia.

Si ha de maniobrarse, otra vez, para modificar el esquema constitucional ¿no valdría la pena plantearse muy seriamente la conveniencia y la procedibilidad de hacer de la desaparición forzada de personas un delito federal?

Es un tema sobre el que, a mi juicio, no está de más reflexionar.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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