Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

21Agosto2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

Entre las posibles vías de vulneración de los derechos humanos, ocupa un lugar preponderante, sin duda, la que se conoce como "desaparición forzada de personas".

Se trata del hecho de “privar de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere la forma en que ello ocurra, cuando sea cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de él, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas dispone, en sus artículos 3 y 5, que los estados tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre esas conductas y procesar a los responsables.

También que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable", algo que debería tomarse muy seriamente.

La Convención Interamericana sobre la materia contiene disposiciones similares, y en tiempos recientes México ha estado en la mira de los organismos internacionales.

El Comité contra la Desaparición Forzada, tras examinar el informe presentado por México para cumplir con la Convención Internacional citada, aprobó las observaciones finales, entre las que se cuentan algunas que no dejan de ser motivo de preocupación.

Consideró, por ejemplo, que el marco normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención, además de que la información recibida por el Comité ilustraba, para él, "un contexto de desapariciones generalizadas".

Incluyó preocupación por "la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada” (que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito); "los informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz, incluyendo: a) el hecho de que en varios casos las autoridades competentes no habrían iniciado las investigaciones con la debida celeridad inmediatamente luego de haber recibido información acerca de una posible desaparición forzada; y b) la calificación de los hechos con base a otros delitos en numerosos casos en los que habrían existido indicios para suponer que se podría haber cometido una desaparición forzada".

A causa de ello, consideró que el estado mexicano debería redoblar sus esfuerzos para asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Como el riesgo de victimizacion alcanza también a familiares y allegados de las personas desaparecidas, consideró que el estado deberá asegurar muy especialmente que todos los agentes estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas que pudieran descalificar, estigmatizar o poner en riesgo a los allegados de personas desaparecidas o a los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas.

En ese contexto, es plausible el hecho de que se instauren mecanismos de coordinación entre autoridades, entidades y personas afectadas por ese muy grave delito, como el que se ha instaurado en Coahuila, donde se efectuó este fin de semana una sesión en la que participaron las autoridades estatales, de otros estados, federales y, muy destacadamente, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros funcionariosde ella.

Ese encomiable empeño requiere, sin embargo, de acciones preventivas y correctivas más eficaces y generales. Buen ejemplo, buena vía, que tiene todavía un largo trecho por recorrer.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

MAS EN ESTA CATEGORIA La esclavitud del siglo 21 »

DEJA TU COMENTARIO

Ingresa datos requeridos(*) Código Básico HTML Habilitado

¡Síguenos también en las Redes Sociales!

TwitterFacefooter

twitter Facebook