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12Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

En 2013, a invitación de nuestro gobierno federal, Christof Heyns, Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, visitó nuestro país.

En su informe formuló recomendaciones para una mejor protección del derecho a la vida en México, porque –asienta- a pesar de las iniciativas emprendidas por el gobierno para reforzar la protección de los derechos humanos de las personas vulnerables, sigue habiendo severas violaciones a ellos.

Reconoce que “los problemas de la protección del derecho a la vida en México se deben a diversos factores. Entre otros, “las deficiencias del sistema jurídico; el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico; la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el poder judicial; y la falta de rendición de cuentas”.

Dice, sin ambages, que “el derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener la máxima prioridad a nivel nacional”.

Niega -¡claro!- que en la represión esté la fórmula correcta para erradicar el mal; en cambio, dice, “es preciso un fortalecimiento sistemático, holístico e integral del estado de derecho”, para lo cual formula diversas recomendaciones puntuales.

Apunta que debe acabarse con la impunidad y han de fincarse responsabilidades, pero aborda también un punto que, siendo medular, suele no tomarse muy en cuenta: la necesidad de reforzar la capacidad de los organismos públicos protectores de los derechos humanos del país, para alcanzar los niveles de civilidad pretendidos.

Al respecto dijo: “Se recuerda que la existencia de instituciones de derechos humanos es fundamental para la protección del derecho a la vida. Sus funciones de vigilancia y documentación, fundamentales para evitar abusos y garantizar los derechos de las víctimas, se deben seguir potenciando en México”.

También que “México tiene una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 32 comisiones estatales de derechos humanos. Es necesario reforzar su capacidad y aumentar su grado de autonomía con respecto al Estado”.

El Relator Especial hace hincapié́ en que es “esencial que las autoridades tengan la voluntad política de aplicar las recomendaciones”, porque “incluso en los casos en que las recomendaciones se ‘cumplieron totalmente’…ello no se tradujo necesariamente en el enjuiciamiento efectivo de los responsables de violaciones del derecho a la vida”

En consecuencia, recomendó “sacar pleno provecho” de los procedimientos de seguimiento, y aun –en caso necesario- “considerar la posibilidad de revisar el sistema” a fin de cerciorarse, no sólo de que se abran investigaciones oficiales, sino también de que estas investigaciones se cumplan “con prontitud y a fondo, de modo que los responsables sean llevados ante la justicia. Todos los indicios dejan pensar que no ha ocurrido así́”.

La visita tuvo lugar catorce años después de haberse integrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 102, B) la reforma que, respecto de la CNDH y los organismos de competencia estatal, dispone, tajantemente que: “El organismo que establezca el Congreso de la Unión…contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”, y que las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal “establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos”.

A pesar de haberse celebrado, en 2014, con gran pompa y circunstancia, la promulgación de esa disposición, es hora, según deja constancia el propio relator de la ONU -y otras muchas evidencias obvias e indicios sofisticadamente encubiertos- en que, por la carencia de obligatoriedad de las resoluciones de esos organismos, pero sobre todo a causa de su crónica insuficiencia de medios económicos, la autonomía pretendida es, sin duda alguna, todavía una empresa inacabada, una aspiración en ciernes y, además, permanente y sutilmente –cuando no de manera abierta- acosada.

¿Tendrá que volver alguien de fuera, con su equipaje lleno de “estándares internacionales”, para decirnos que hacer –y cómo- a fin de cumplir con ese imperativo constitucional nuestro, como ha ocurrido ya en otras muchas ocasiones?



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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