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21Agosto2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

Se creído siempre que los partidos políticos son necesarios como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno. Durante toda la vigencia del modelo de organización política que llamamos “estado” en la era moderna, esa aseveración ha sido tomada como si fuera un dogma.

La reflexión sobre el tema ha propiciado, sin embargo, un criterio más amplio, conforme al que la democracia requiere un sentido compartido de pertenencia, expresado a través de cosas tales como la prensa y otros medios, los partidos y el debate políticos. Por eso, y porque ha entrado en crisis el complejo de fenómenos en que se basaba, aquella convicción se ha ido diluyendo.

Gianni de Michelis (citado por Kenichi Ohmae en “The end of the Nation State”, N. Y., 1995, The Free Press) dijo: “Estamos atestiguando la explosión de un muy obsoleto modelo de democracia liberal que no puede por más tiempo adecuar nuestras dinámicas, complejas sociedades, a sus sofisticados electorados, de vasta diversidad y altamente diferenciado interés”.

Esa certera reflexión se agudiza cuando la insuficiencia interna de los partidos políticos enfrenta una realidad caracterizada por el desplazamiento de toda capacidad de decisión trascendente para efectos prácticos, que ha dejado de residir en los gobiernos para ubicarse en aquello que Salvador Giner llamó neocorporativismo y Emilio Suñé “redes de poder”, a la que no son ajenas las empresas transnacionales, las organizaciones laborales o empresariales de alcance mundial, las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas.

Ellas, conforme Suñé demuestra, “oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil, tienen fuertes conexiones entre sí [y] claras vinculaciones con los Estados, partidos políticos y demás burocracias que los gobiernan” (“La Sociedad Civil en la Cultura Postcontemporánea”, Madrid, UCM, 1998).

Ciertamente, como bien dice también Suñé, las redes de poder descritas “no sólo son proclives al oligopolio económico [...] sino también al oligopolio social y al oligopolio político, contra los que la sociedad está prácticamente inerme, al tratarse de problemas consciente o inconscientemente silenciados”.

Por si no bastara lo anterior, la opinión –base de acuerdos y acciones como el “Consenso de Washington”- que formulara la célebre fuerza de tarea configurada por la “Comisión Trilateral” en 1975 con Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, formuló sobre la gobernabilidad de las democracias, resaltó la pérdida de control, la ingobernabilidad debida a la emergencia de una comunidad desencantada de las instituciones políticas tradicionales, incluidos los partidos políticos, no sólo en aquellos países del llamado tercer mundo, sino también –y sobre todo- en aquellos agrupados bajo la denominación de “democracias occidentales”, más “desarrolladas”.

No hace falta mucho más para encontrar las causas de un debilitamiento partidario, que parece haberse ha intentado compensar con la concentración del poder y el empleo de mecanismos adicionales de concertación cupular que más se parecen a una oligarquía que a una democracia, y aun hay que agregar el ingrediente de la codicia que, como ya lo había percibido el general Álvaro Obregón, alienta la corrupción y pervierte al ejercicio político, a lo que los partidos no han sido ajenos.

Así las cosas, no parece que los actores involucrados en la política mexicana se hayan percatado bien a bien de la nueva circunstancia, y si lo han hecho, ha sido para aprovechar el nuevo entorno en su propio interés inmediato, es decir, el de ocupar y engrandecer sus espacios de poder, sin dejar de lado los beneficios individuales que para sus dirigentes conlleva tal hecho, incluidas, por supuesto, los económicos.

La sociedad civil misma dista todavía de percatarse claramente del fenómeno y sus consecuencias políticas, a pesar de los atisbos claros de que ha dado muestras en tiempos recientes.

En tales circunstancias es difícil ser optimista respecto del corto plazo, pero si las crisis son oportunidades, el momento es inmejorable para transitar de una vez por todas hacia nuevos estadios, dinámicos y virtuosos, de la democracia. Ojalá no lo veamos pasar con culpable pasividad.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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