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28Abril2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

El juicio de amparo ha sido tradicionalmente un medio de defensa contra los actos violatorios de la Constitución -especialmente de los derechos humanos- perpetrados por las autoridades, lo que requiere, como es natural, de una definición precisa del concepto de “autoridad”.

Durante el largo camino que ha recorrido el Amparo a lo largo de su historia -que se remonta al siglo 19- ha variado la apreciación del término “autoridad” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero siempre de manera acotada, al grado de excluir a instituciones públicas –como las universidades-cuya posesión de “imperativo soberano” era discutible. Los particulares, con mayor razón.

Pero ocurre que los tiempos han cambiado, y con ellos la percepción limitada de lo que debería ser protegido y, sobre todo, frente a quién -y a favor de quién- habría que hacerlo de hacerse efectiva la protección, pues solamente podía activar el mecanismo quien se viera directamente afectado por el acto violatorio.

La ley de amparo recientemente expedida ha eliminado la rígida estrechez del ingreso a este medio de defensa, y no restringe ya con el rigor anterior la posibilidad de acceder a él para todos aquellos que no tuvieran un interés directo en la violación de los propios derechos, dando cabida a todos aquellos que indirectamente se vean afectados (todos, si bien se ve, porque en la garantía de las libertades reside, sin duda, el interés general, como ya se ha demostrado en ocasión anterior).

De cualquier modo, los actos de particulares, en principio y por regla general, siguieron quedando fuera de la noción de “autoridad”.

Ya no es así del todo, cuando menos en la perspectiva de la nueva visión jurisdiccional que se deja ver en una resolución, preliminar pero clave, del Juez de Distrito Fernando Silva, quien no solo admitió la demanda interpuesta por Carmen Aristegui en contra de la empresa particular MVS, que la despidió, sino que, además concedió a la periodista la suspensión provisional de los efectos del acto cuya inconstitucionalidad reclama.

Esta resolución es señera, incluso en el marco de la nueva época jurisdiccional de la Corte, porque precisa que un particular que actúa en ejercicio de una concesión pública no es, en rigor, "particular" pura y principalmente, sino -sobre todo- porque abre el camino a la reflexión sobre la necesidad de protección de la gente común, la que integra la verdadera "sociedad civil", contra los actos de particulares que violen sus derechos fundamentales, propiciando así la efectiva vigencia, frente a todos, de ellos y sus garantías.

En la inmediatez de las circunstancias y dada la celebridad de los personajes involucrados, parecería que se trata de una cuestión política de coyuntura, y hasta de un sainete de notables, con sonoros efectos mediáticos, pero no solo (ni principalmente) es eso.

Podrá cuestionarse la legitimidad de la actuación de las partes involucradas y hasta de quienes públicamente han tomado partido activo en el "affaire", pero nunca que el giro jurisdiccional que ha provocado sea trascendente.

Es un asunto de trascendencia estructural que puede afectar de raíz el modelo de país que en el futuro se desarrolle, no por el clamor que ha sido expresado en favor de una "libertad de expresión" que a veces parece desmesuradamente valorada, como tampoco por el pretendido carácter que por algunos se le ha pretendido asignar como factótum de la democracia, sino porque representa un paso adelante en la percepción de la verdadera legitimidad en el establecimiento y funcionamiento del estado y los poderes -públicos y privados- en su seno, que no puede consistir en cosa diversa que una efectiva garantía de las libertades y derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

De ahí no solo la relevancia, sino la vital trascendencia de la perspectiva que se vislumbra en la decisión inicial del juez Silva, que sin duda convoca a una reflexión seria, informada y profunda, acerca de los fundamentos mismos del estado, el gobierno -los tres poderes- y su legitimidad.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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