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27Marzo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Rubén Aguilar Valenzuela

Los acontecimientos de Tlatlaya e Iguala reiteran en forma trágica, no descubren, las contradicciones profundas entre un México que, por un lado, avanza en la modernización de su economía, la solución de problemas sociales y el proceso de democratización y, de otro, mantiene caducas y corruptas instituciones de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno.

Día con día la distancia entre estos dos países se acrecienta y urge que vayan en la misma dirección. En estos últimos años, en el intento de mejorar el sistema de seguridad y justicia se han tomado distintas decisiones e implementado acciones valiosas en el ámbito federal y algunos estados, son los menos, y muy poco en el municipal.

Es evidente que éstas se han quedado muy cortas en relación con la debilidad estructural del sistema de seguridad y justicia. A ese problema se añade que malas estrategias en la lucha contra el narcotráfico provocan que la violencia se recrudezca y produzca, entre otras cosas, la pulverización y proliferación de grupos criminales.

El país no puede ser moderno y la calidad de la democracia no elevará sus niveles si no se reduce, hasta eliminarla, la brecha entre el México que avanza en el camino de la modernización y el que se mantiene en las viejas estructuras de seguridad y justicia que, si nunca funcionar bien, en un país estatista y autoritario, nunca fueron demandadas como lo son ahora por una sociedad cada vez más democrática y exigente.

Las reformas que se necesitan en el ámbito del sistema de seguridad y justicia son de enorme dimensión. Superan en su complejidad, sobre todo al momento de su ejecución, a las recientemente aprobadas, que sin duda contribuyen a la modernización económica del país. Éstas no son cosa menor, pero por sí mismas no resuelven la debilidad del sistema de seguridad y justicia.

La dificultad de estas reformas, que implica a todos los poderes y niveles del gobierno, ha provocado que nadie se haya propuesto asumir ese reto. El Ejecutivo Federal debe ser el líder. Ya son años que se deja que el problema continúe y sólo se toman medidas de urgencia y paliativos, como sacar al Ejército y a la Marina a la calle, para sustituir la labor de las ineficientes y corruptas policías, pero no se implementan soluciones de fondo.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante los últimos acontecimientos tiene dos disyuntivas; dejar que todo siga como hasta ahora y optar por soluciones de emergencia y paliativos, o hacerse cargo del problema, para resolverlo de una vez y para siempre. Él ya demostró su capacidad para sacar las reformas que estaban atoradas y parecían imposibles. Esa capacidad la puede comprometer en cambiar de fondo el sistema de seguridad y justicia. Haría un gran bien a México.

Twitter: @RubenAguilar



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