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19Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

El pasado 12 de marzo, el Dr. Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el informe de labores de esa institución, correspondiente a 2013.

Lo hizo de manera exhaustiva –las cifras, reveladoras de las preocupaciones centrales de esa comisión- obran en el discurso que pronunció, reproducido en la página web correspondiente. Por ello no hago puntual referencia a esa parte del contenido del documento.

Creo en cambio que debe subrayarse la porción que se refiere a la que yo llamo “cultura de las libertades”, que trasciende con mucho a una mera cultura “de la legalidad, porque en aquella juegan un papel primordial, sobre todo en el quehacer de la autoridad –aunque también de los gobernados- los factores éticos del comportamiento.

Muy claramente dijo el ombudsman nacional en su discurso que en el momento que vive México, caracterizado por grandes transformaciones y grandes debates, importa tener presente que es en el desarrollo cultural –integral, diría yo- donde reside la perspectiva bonancible para el futuro de nuestro país, es en el pleno respeto de todos a los derechos humanos, puesto que la construcción de un futuro de libertades, bienestar y desarrollo para todos los mexicanos, tiene en ello su meollo.

Como bien señaló el ombudsman Plascencia, juega un papel primordial en tal empeño la prevención, antes que las medidas remediales, y por lo tanto la formación de cuadros aptos para desarrollar actitudes positivas frente a la promoción –no sólo el respeto- de los derechos fundamentales.

Coincido con él –ya lo he expresado repetidamente- en la convicción de que “un paso necesario, en ese sentido, es fortalecer la cultura de la legalidad, por la cual las personas asuman el compromiso de desarrollar una conducta en estricto apego a las leyes, para garantizar el ejercicio eficaz de derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Eso es, me parece, indiscutible, y para llegar a ese estado de cosas hace falta, sí, un marco jurídico que estructure y encauce las actividades sociales en el sentido correcto, aunque ese marco no basta para alcanzar el ideal propuesto como escenario deseado.

Pero hace falta algo más: hace falta una cultura –es decir, una actitud generalizada en la sociedad- de respeto a los derechos y libertades fundamentales que trascienda todo apetito sectario, por respetable que parezca, y que se ubique mucho más allá del mero mantenimiento del orden, para configurarse como un modelo de vida que tenga por función el respeto a la dignidad de la persona humana.

Si queremos que México sea un país respetuoso de los derechos humanos, es necesario reforzar las tendencias de todo servidor público –principalmente- hacia ese destino, porque aquel que actúa en el sentido contrario no sólo agravia a las víctimas de sus actos, sino también a las instituciones y aun a quienes en ellos, sus superiores, depositaron de manera inmediata su confianza.

Nuestro país, como otros lo han hecho, ha experimentado algunos avances, sobre todo en el ámbito normativo, pero queda todavía mucho camino por andar.

A pesar de las reformas legales, se cuentan todavía por miles las violaciones a los derechos humanos, según lo refleja el informe Ese es un síntoma inequívoco de un mal que no ha sido erradicado.

Roma, es cierto, no se hizo en un día, pero no existe camino más largo que el que no se empieza a recorrer.

El Presidente Peña Nieto, en ocasión del evento que aquí refiero, lo dijo con una frase que resulta lapidaria, contundente, e ilustra muy bien el aserto: un país protector no es donde existen las mejores leyes, sino menos violaciones a los derechos y libertades.

Esa del Presidente es una buena receta, según a mí me parece ¿No lo cree usted también, lector paciente y gentil?



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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