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17Octubre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

El mundo cambió, especialmente a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional y de las resoluciones de tribunales internacionales desplaza el fiel de la balanza. Hoy estamos obligados a revisar todo, incluidos los criterios de los tribunales.

Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dio la razón al recurso presentado por Inés del Río en contra de la Doctrina Parot, se eliminó la posibilidad de acumular penas a los terroristas y de limitar los beneficios en relación a las penas que reciben.

En España, la máxima condena es de 30 años, y la Doctrina Parot permitía que los beneficios se aplicaran a cada pena en lo individual y no al máximo impuesto.

La población no puede creer que un miembro del grupo terrorista ETA sentenciada por 24 homicidios, y por el que tendría que haber pasado 3 mil 828 años en prisión, fuera liberada.

La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la Doctrina Parot por ser retroactiva y vulnerar la Convenición Europea de Derechos Humanos. Esta doctrina permitía prolongar la condena de los terroristas más sanguinarios y de los delincuentes comunes con delitos graves.

A finales del mes de octubre la etarra fue liberada, un acontecimiento sin precedentes, pues no era concebido por la comunidad española que un miembro del también llamado “Comando Madrid”, que en uno de sus tantos ataques dio muerte a 12 guardias civiles, abandonara la cárcel. Incluso a su salida alrededor de 25 personas la recibieron con abrazos y con una “ikurriña”. Para unos vista como un acontecimiento simbólico, de gran alegría, para otros, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, como un acto de dolor, miedo, sufrimiento y vergüenza.

Esta sentencia del Tribunal Europeo abre la puerta para que otros etarras y presos del fuero común, como lo son asesinos, secuestradores y violadores, se acojan a esta decisión. La consecuencia inmediata de la resolución del Tribunal de Estrasburgo podría, en un plazo de tres años, conceder la libertad de más de 130 miembros de ETA condenados por el mismo delito que Inés, por terrorismo.

México y Coahuila no son ajenos a este fenómeno. Hace no muchos meses una francesa acusada de secuestro fue liberada llevando al límite el debido proceso y la demanda ciudadana por justicia. Hace días en Coahuila nuestro Tribunal Superior de Justicia declara inaplicable un delito consistente en circular en vehículos con placas sobrepuestas.

El ingreso de los derechos humanos y los tratados que los contemplan de lleno en nuestras leyes y en los criterios de nuestros tribunales implica un reto para conciliar la percepción de la sociedad en materia de justicia con la efectividad de las autoridades. Otra consecuencia directa es la propuesta de eliminar la figura del arraigo, derivado de recomendaciones de la ONU.

Insisto en que el mundo ya cambió, es tarea de todos entender los nuevos paradigmas de justicia y legalidad que imponen los derechos humanos.



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