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25Abril2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emitió un reporte que intituló “¿Tiene la transparencia una recompensa para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano?”, según el cual la desigualdad de ingresos en América Latina -la mayor en el mundo- ha provocado un notable incremento en las “prácticas corruptas”.

Dice ese informe que “aunque en los últimos años los líderes de la región son electos por vías democráticas, los asuntos públicos se manejan en secreto, los gobernantes no informan a la población de sus decisiones y tampoco son sancionados por sus faltas”, así como que “una buena parte de las instituciones y legislaciones en la zona tienen serios vacíos y limitantes orientados a conservar el poder del Ejecutivo, a ofrecer poco control sobre los abusos de este poder, y a tener pocas disposiciones para asegurar la autonomía de las entidades”.

Pone énfasis, además, en que esa falta de información y transparencia en la toma de decisiones “incrementan los costos de transacciones y dan lugar a relaciones asimétricas entre el gobierno y los gobernados, afectando adversamente procesos democráticos clave tales como los de participación ciudadana”.

Aunque sea una característica atribuida a los países de la región, hago mención específica a algunos rasgos que el contexto actual de nuestro país ofrece, y que corroboran esa apreciación, con el agravante de que, en lugar de ir en el rumbo de remediar los males, tienden a reforzarlos si bien se mira.

De una parte, es evidente la concentración inveterada del poder político en el poder ejecutivo federal, exacerbado durante la hegemonía post-revolucionaria, pero añorado e invocado también –a veces lastimeramente- durante la “alternancia” que inauguró, conservando diseños pre modernos, el siglo XXI.

Ese infortunado fenómeno fue siempre contradictorio de las normas fundamentales mexicanas, que por un lado partían, desde siempre, el poder en tres para evitar esa perniciosa concentración, y que además aportaba la estructura federal para mejor canalizar la energía de las regiones y los estados, pero que se anuló a partir de falacias como aquella de instalar en el discurso político la idea de “niveles de gobierno”, que ni está en la Constitución ni conviene a una sana práctica en la gestión pública y en un ejercicio político que no sea espurio.

Lejos de la democracia y de los acuerdos abiertos, además, se ha instalado la práctica oligárquica de la partidocracia, instrumentada a través del llamado “Pacto por México”, donde se acuerda la acción política, primero, y su “formalización” aparentemente jurídica, después, a la vera de los poderes legislativos y de espaldas a quien es dueño de la soberanía, según una correcta doctrina y también la proscrita constitución: el pueblo.

No vamos por buen camino cuando prevalece la fuerza centrípeta de la concentración del poder en el gobierno de la Unión y sus aliados políticos en el sector privado –que los hay ¿alguien lo duda?- y se le suma la práctica de tomar las decisiones trascendentales del país en pequeñas camarillas, que para mayor agravante, operan en, desde y sólo con la perspectiva del Distrito Federal, sin apenas conocimiento de causa de las realidades de lo que allá llaman “provincia”.

Si no enmendamos a tiempo y con visión de futuro, el agujero se profundizará irremediablemente.

Una buena parte de las instituciones y legislaciones en la zona tienen serios vacíos y limitantes orientados a conservar el poder del Ejecutivo, a ofrecer poco control sobre los abusos de este poder, y a tener pocas disposiciones para asegurar la autonomía de las entidades, alerta.

Las imperfecciones en la información incrementan los costos de transacciones y dan lugar a relaciones asimétricas entre el gobierno y los gobernados, afectando adversamente procesos democráticos clave tales como los de participación ciudadana, indica el análisis.

 

Por otra parte, enfatiza que la desigualdad económica y la toma de decisiones centralizada pueden proveer una tierra fértil para las prácticas corruptas y hasta pueden justificar el comportamiento ilícito, lo cual puede conllevar a mayor desigualdad.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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