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12Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Una semana hace que publiqué un artículo sobre la necesidad de hablar de gente con derechos, antes que hacerlo sobre derechos humanos.

Esa propuesta tuvo una copiosa respuesta y fue favorable en general la reacción, porque se entendió la intención de humanizar el tema, desproveyéndolo de retóricas vacuas, “solidarias” en apariencia, pero a la postre ineficaces y, por qué no decirlo, hasta contraproducentes.

Un amigo lector, asiduo tanto como generoso –don Jorge San José Alcalde- compartió el artículo en una de las redes sociales, haciendo un encomioso comentario, que desde luego agradezco y agradecí, pero que fue replicado por una amiga de él –que espero llegue a ser mía también- quien literalmente dijo: “así es, pero no se trata de hablar, si no de actuar... y eso está muy lejos”.

Me quito el sombrero, porque en una sola oración plasmó la esencia del problema de fondo: ya basta de hablar, hay que empezar a llevar a la práctica acciones que empujen los males hacia la erradicación y, al mismo tiempo, provean medidas eficaces para reconstruir un tejido social que está, a todas luces, afectado de laxitud y relajamiento, sin que se encuentren visos de reconstitución, a pesar de las múltiples medidas que, a veces sin ton ni son, se han adoptado aquí y allá.

Juani León, que tal es la firma con que suscribe su comentario la inteligente lectora a que me refiero, tiene razón en parte. Sin duda, hace falta actuación congruente con el discurso para poder mover voluntades en pos del rescate de la dignidad legítima del quehacer social, pero decir que está muy lejos es casi tanto como claudicar de nuestras responsabilidades, y no hay cabida para ello.

Hace falta, sí, que la actuación sea ordenada y eficaz, que se dirija bien y consistentemente hacia el objetivo debido, y no se distraiga en escaramuzas mezquinas que mermarán energías y obrarán en favor del enemigo a vencer: la corrupción del tejido social, que no otra cosa es el relajamiento que contemplamos en la falta de claridad solidaria de las acciones, públicas y privadas, para rescatar los valores que nos permitieron hacer nación.

¿Cómo conseguirlo? Parece fácil la respuesta, aunque su implementación no lo sea: necesitamos políticas públicas congruentes, de muy amplio espectro en su espacio conceptual, que abarquen bien la compleja trama de los sistemas sociales y se conciban en congruencia con la realidad compleja que vivimos.

A fin de cuentas, Toda política pública es un curso de acción dirigido a resolver –y prevenir- problemas sociales, a partir de acciones concertadas que parten de información confiable y oportuna, e involucran a actores múltiples de todo el abanico social, que han de tener una participación activa, no reactiva, frente al desafío para todos de vivir con dignidad.

La defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos no puede agotarse en normas y discursos, tampoco en recomendaciones parciales y fragmentadas. Los organismos no jurisdiccionales a cargo de la misión promotora de la dignidad que descansa en las libertades y derechos fundamentales no puede quedar en la recomendación de medidas concretas para remediar casos específicos y menos aún hacerlo esperando, reactivamente, a que la gente con derechos vulnerados se acerque a ellos en queja.

Por el contrario, ha de promover acciones generales que tiendan a prevenir problemas que ya se avizoran y a remediar los actuales, que no son independientes, sino interactivos.

Tiene razón doña Juani León: es necesario actuar, pero es necesario hacerlo congruente, inteligente y conjuntamente, para ser eficaces.

 

Si no se entiende la época en que vivimos, la perspectiva más clara es el fracaso. Que pierdan su tiempo los mezquinos lanzando cortinas de humo propicias para la inacción, y echémonos a caminar quienes de verdad queremos un mundo saneado, solidario y digno, mientras algunos pierden su tiempo buscando la vanagloria, que al fin y al cabo no es otra cosa que gloria vana, si bien se ve.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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