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18Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

En el momento más oportuno llegará al Senado de la República el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa. Se abrirá así un período de intenso diálogo entre el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor y la comisión senatorial de educación, que encabeza el panista Juan Carlos Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato —donde también fue ya gobernador— ex director de Conacyt y conocedor de los temas educativos. 

Esta expectativa suscita ya nuevas protestas de las corrientes del magisterio que se oponen de modo supuestamente irreductible a algunos elementos de la reforma, en particular a la evaluación objetiva y transparente del desempeño de los maestros. Oponerse es su derecho. La disidencia y su manifestación pública son inherentes a una  democracia plural. No lo son, sin embargo, la violencia, la destrucción de la propiedad pública, ni el privar a terceros del goce de derechos que la constitución y las leyes otorgan a los mexicanos, tales como el libre tránsito por las vías de comunicación y el derecho de las familias a que sus hijos reciban educación pública, gratuita, laica y de calidad. Derecho que conculcan al mantener cerradas las escuelas durante meses, que los educandos no podrán recuperar.

Las tácticas elegidas son erróneas. No es con pedradas ni desfiles de encapuchados como pueden lograrse acuerdos de beneficio para la sociedad, los educandos y los maestros. Nada benéfico se conseguirá provocando sistemáticamente a la represión a una autoridad cuya obligación es hacer valer la ley y preservar el orden público. Por lo contrario, si las intenciones son limpias y las aspiraciones legítimas, es indispensable privilegiar el diálogo y abrir las puertas a la construcción serena e inteligente de consensos. Precisamente porque la coyuntura nacional es compleja y presenta riesgos severos, el ánimo de todos los actores del proceso político debe ser por necesidad ecuánime.

Es hora de que los maestros regresen a las aulas. Porque legalmente no hay huelga y porque los educandos tienen derecho a recibir las clases sin más demora. Sólo así puede la autoridad recibir y dar cause a las demandas legítimas de quienes disienten y responder con soluciones viables a sus temores y preocupaciones. Más aún, en un diálogo constructivo los propios maestros inconformes pueden contribuir a tejer soluciones eficaces que respondan a sus legítimas inquietudes, siempre dentro del marco de la ley. De todas las reformas emprendidas y por emprender, la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto es la de mayor trascendencia. Es un paso decisivo para el porvenir de la nación. Obstaculizarla o retrasarla en defensa de intereses mezquinos es atentar contra México.

Se equivocan quienes quieren atribuir las fallas de la educación mexicana a los maestros, cuando han sido y están llamados a seguir siendo el mejor aliado con que cuenta la autoridad educativa. Los maestros, los que enseñan y se preparan, los que educan y se educan. No quienes cobran como maestros y pasan más tiempo en las calles que en las aulas. Al servicio de intereses políticos poco claros y no de las nuevas generaciones de mexicanos.

Instruir no es igual que educar. Se instruye con palabras, pero se educa con el ejemplo. Los maestros han de dar el mejor testimonio de conducta, civismo y dignidad, como lo han dado siempre. Toca a la autoridad esforzarse por restituirles, tanto y tan rápido como sea posible, niveles de vida acordes con su destacada responsabilidad social. Pero corresponde a los propios maestros reconquistar la estima de los educandos, las familias, la sociedad y la nación entera, con un buen desempeño y el manifiesto deseo de mejorarlo. Emilio Chuayffet no dará marcha atrás. La reforma educativa seguirá avanzando.

            Twitter: @alzati_phd



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