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21Agosto2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

En la última década, la sociedad mexicana ha luchado por demostrar su indeclinable voluntad de progresar en la vida democrática de nuestro país, desarrollando y fortaleciendo los principios fundamentales de libertad de expresión, pluralidad y capacidad de elección política, y participación ciudadana en la vida pública. Es por ello que el artículo 6° de la Constitución Política de nuestro país ha tenido una serie de modificaciones.

Actualmente en la Cámara de Diputados se encuentra en estudio la más reciente propuesta de reforma en la materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. En este tenor la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) se encuentra realizando foros en todo el país para recoger propuestas u opiniones sobre la reforma constitucional que está en discusión y sobre el diseño de las leyes generales de acceso a la información.

Ahora bien en Coahuila la última reforma propuesta por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, que entró en vigor el día 13 de marzo del presente año, reforma de avanzada, en la cual se adoptan los principios de Gobierno Abierto, contemplando como derecho fundamental de toda persona, el solicitar, difundir, investigar y recabar información pública, incluyendo el concepto de Rendición de Cuentas, y se incrementan las obligaciones de información pública mínima que debe de difundir todo sujeto obligado, donde se incorpora la obligación a cargo de los fondos y fideicomisos públicos, otro de los elementos importantes de esta reforma, es que se le faculta al Instituto Coahuilense al Acceso a la Información Pública (ICAI) para imponer multas de 10 a 1000 veces el salario mínimo a todos aquellos sujetos obligados que no cumplan con el acceso a la información pública.

 

En Coahuila, la transparencia es esencial para conocer el desempeño y los resultados del servicio público. Lo observamos con programas como “Escuela Transparente” en la que es evidente la voluntad política de los involucrados en que la información más relevante se encuentre al alcance de la sociedad.

Hoy se cuentan con medios para allegarse de la información sobre el quehacer gubernamental y sus resultados, generando mecanismos y aprovechando las nuevas tecnologías y herramientas innovadoras para lograr una relación más estrecha con la ciudadanía, logrando con ello transparentar y generar un Gobierno Abierto.

Pero ¿Cuáles son las Características deseables de las leyes generales de transparencia y de protección de datos personales en el país?

Para empezar creo que es necesario que estas leyes establezcan un mismo concepto de lo que debemos entender por Derecho de Acceso a la Información.

El acceso a la información es un derecho fundamental que abre la puerta al acceso equitativo y justo del conocimiento de la información relevante para la vida digna de los individuos y la sociedad en democracia; poseyendo una cualidad de empoderamiento de los más débiles para gozar de iguales oportunidades, aunado a una cualidad educativa en tanto promueve el conocimiento, en particular sobre los actos del Estado y sus implicaciones en la vida de las personas.

Las Leyes Generales de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales deben contener tanto el derecho, como la garantía de acceso a la información pública, mismo que comprende el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado. El derecho a obtener información incluye las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el derecho a informar incluye las libertades de expresión, de imprenta, de constituir empresas informativas; el derecho a ser informado incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, completa; los cuales deben acompañarse con procedimientos expeditos.

La transparencia, con la rendición de cuentas y la fiscalización constituyen una herramienta poderosa para construir confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y es así que el primer paso para contar con transparencia y una verdadera rendición de cuentas es la existencia del derecho de acceso a la información, el cual juega un papel central en el desarrollo de la eficacia de estos, contar con los mecanismos necesarios para hacer efectivo el derecho al acceso a la información.

Es por ello que se debe continuar trabajando en una Ley General de Acceso a la Información acorde con los principios que ya se han logrado en casi todos los organismos garantes del acceso de las entidades federativas del país, como son la autonomía, en su más alto sentido, en la legalidad y certeza jurídica, en la imparcialidad y expedites del procedimiento; conservando estas características en el órgano garante federal y los estatales en sus respectivos ámbitos de competencia.

Otro de los elementos que deben privilegiarse en la norma secundaria es la que se refiere a la simplificación, accesibilidad y economía procesal, utilizando las herramientas tecnológicas que acerquen a las personas a la interposición de recursos y de los procesos de acceso a la información pública; aunado a la necesidad de regular la suplencia de la queja y la afirmativa ficta. También, fijando la atención en el proceso de Acceso a la Información, es necesario un esquema que permita de forma accesible la producción de medios probatorios y la implementación sistemática y permanente de sistemas de medición y evaluación de las instituciones, tanto para efectos de calidad como de responsabilidad.

Esto hace relevante cuestionarnos sobre la importancia de la existencia de un órgano garante de velar por la entrega y respaldo de la información; órgano que es necesario continúe a nivel estatal y federal, dotándolos de autonomía y de facultades propias para cumplir con los propósitos de garantizar el acceso a la información y protección de datos personales.

Es importante que los estándares a fijarnos por las Leyes Generales sean acordes a los progresos que se han generado en los propios Estados, tomando ejemplos como el de Coahuila, en donde se ha impulsado tanto la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y sus procedimientos. Establecer un límite menor a lo que ya establecen legislaciones como las de Coahuila, sería ir en retroceso en la aplicación y garantía de estos derechos.



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