Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

16Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

El agotamiento del modelo de Estado de bienestar, ha obligado a los gobiernos, a reformular la manera en que se relacionan con los ciudadanos; este proceso aunado a la aparición de una ciudadanía más activa y exigente, en sus relaciones con las instancias político administrativas, han decantado en una evolución de la participación ciudadana, más allá de los aspectos electorales, hasta ubicarse en niveles que apuntan hacia una relación colaborativa.

Particularmente, este proceso de maduración democrática ciudadana, ha tenido especial relevancia en los niveles locales de gobierno, que han resentido los efectos de las políticas descentralizadoras, de los gobiernos centrales que les han transferido la responsabilidad por los servicios, pero no el poder para recaudar los ingresos necesarios.

¿Cuáles son sus alcances y límites de la participación ciudadana en su rol decisor? ¿Cómo se ha configurado esta realidad en el contexto latinoamericano? ¿Cuál es el futuro de la relación gobierno- sociedad civil? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán a continuación

El porqué y el quién de la participación ciudadana.

¿Por qué deben participar los ciudadanos?  Dos son los criterios que participan en la respuesta a esta pregunta. El primero tiene que ver con los resultados que esperan  los políticos de la misma, lo cual va desde la legitimidad y mejora de sus decisiones hasta la obtención de colaboradores en la producción de las PP y la formación de capital social en su territorio. El segundo criterio, estrechamente relacionado con el primero, determina el rol que se otorga a los gobernados, ya sea como receptores de la información, solicitando su opinión o como  tomadores de decisiones de la acción gubernamental.

Además de la legitimación y apoyo a sus decisiones en temas complejos para con los políticos; las organizaciones ciudadanas pueden proveer ciertos bienes y servicios, así como en la generación de capital social, elemento indispensable para la cohesión y el buen funcionamiento y desarrollo de la comunidad.

Así, el actor ciudadano adquiere una relación más activa con sus autoridades. En su dimensión económica, se constituye en accionista que vigila el uso eficiente de sus recursos. En lo administrativo- prestacional, es un cliente que exige estándares de calidad y precio en los servicios que recibe. Desde su rol político es un agente con voz y voto en las decisiones públicas.

Existe una contraposición del actor ciudadano en lo individual y en lo colectivo. Esta última se reconoce en la teoría como la forma menos desarrollada y sin embargo la que mejor puede ser aprovechada para la co-gestión y el desarrollo pleno del territorio. (Brugué y Martí i Puig, 2011)

El cómo: Algunas reflexiones latinoamericanas sobre el diseño de los mecanismos de participación ciudadana.

El cómo de la participación ciudadana, constituye por su complejidad el Monte Everest de los impulsores de la misma. La necesidad de mecanismos que permitan decidir con rapidez y eficacia, a la vez que posibilitan escuchar la pluralidad de voces ciudadanas y traducir sus demandas, se ha convertido en el desafío de las democracias actuales. (Subirats, 2000)

Una de las aportaciones de América Latina en esta materia, es el presupuesto participativo, originado en Brasil en la década de 1980 (Gomes, Montesinos, Parés y Ramírez García 2011), y cuyas resultados son ambiguos a lo largo de varias latitudes del continente; por lo que resulta muy útil, el marco explicativo empleado por Montecinos ( en Gomes et al., 2011) que atrae la atención hacia ocho condiciones necesarias y suficientes, para el desarrollo del presupuesto participativo; estas son: el origen de la iniciativa; el rol y voluntad de la autoridad municipal y su cuerpo de gobierno, la naturaleza y origen de los fondos destinados a ser planificados por esta vía, así como el apoyo recibido desde niveles superiores de gobierno, condiciones e incentivos legales, que fomenten esta práctica y finalmente la posición de los partidos políticos, la sociedad civil y los gobiernos regionales y centrales con respecto a este tema.

Según la experiencia en que en la medida que se configure una política de participación ciudadana, de práctica regular y vinculada con otros instrumentos de planeación y gestión, se verá fortalecida la participación responsable y completa por parte de la ciudadanía, además advierten que la población no será capaz de priorizar temáticas distintas a la infraestructura y de servicios básicos, en tanto no vea estas necesidades satisfechas. El otro gran reto, lo constituye el progreso hacia la apropiación de estos procesos por parte de los involucrados, para que sean ellos, quienes demanden la generación de estos espacios de participación y decisión.

Bibliografía

Brugué y Marti i Puig (2011) “Participación y democracia en el ámbito local”, en Alberto Briseño Becerra (coord.), Presupuesto Participativo: una herramienta para la democracia, Congreso del Estado de Jalisco, pp. 15-36

Gomes et al., (2011) “Ejercicios del presupuesto participativo en Brasil, Chile, España y México: contexto, democratización, diseño institucional, aplicación y evaluación”, en Alberto Briseño Becerra (coord.), Presupuesto Participativo: una herramienta para la democracia, Congreso del Estado de Jalisco, pp. 37-124

Subirats Joan (2000) “Democracia, Participación y Eficiencia”, Foro Internacional, 161, XL (3):430-450



MAS EN ESTA CATEGORIA « El Pueblo Unido

DEJA TU COMENTARIO

Ingresa datos requeridos(*) Código Básico HTML Habilitado

¡Síguenos también en las Redes Sociales!

TwitterFacefooter

twitter Facebook