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24Marzo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Uno de los vicios centrales -y de los problemas torales- de la democracia en nuestro tiempo es que, ante la imposibilidad de ejercer todos el poder de manera directa, se ha tenido que acudir al recurso técnico de la representatividad y ello ha conducido, en la práctica, a una distorsión que, en el fondo, lo que hace es anular toda posibilidad para ella, en lugar de propiciar que tenga lugar en el curso cotidiano de la gestión pública y el gobierno.

La exigencia de una representatividad ordenada y manejable dio en la necesidad de contar con instituciones "intermedias" -los partidos- que pudieran fungir como "gozne" entre la comunidad y el gobierno, capaces de ser portadores de las corrientes políticas del país, para poder integrar, entre todos, una suerte de "voluntad colectiva" que, de todas maneras y en el fondo, no deja de ser ficticia en cuanto tal, porque en realidad es más producto de negociaciones grupales que de consensos sociales ampliamente construidos a partir de argumentos racionales y bien sustentados en la realidad.

En esa circunstancia, el envilecimiento de la representación ha originado que, en los hechos, el poder se concentre formalmente en los partidos –que no son ajenos a la poderosísima influencia del poder “metainstitucional” del sector económico y, muy principalmente, de los medios masivos de comunicación- que se convierten así, en el mejor de los casos, en promotores de posiciones ideológicas casi siempre irreductibles, cuando no en custodios de los intereses de los poderes fácticos, de los que se convierten frecuentemente en socios.

Por eso la política, que debiera ser un ámbito de todos y para todos, se aleja cada vez más de los ciudadanos, con un doble efecto, igualmente pernicioso en sus dos facetas: por una parte, se anula la capacidad de portar los intereses, convicciones y valores de ellos al mosaico de muestras representativas que debieran ser los poderes parlamentarios –legislativos, se dice comúnmente- y por la otra, los ciudadanos se alejan de la política, actividad que afecta sus vidas cotidianas de manera trascendental.

Ese desinterés ciudadano provoca que la llamada “clase política” se adueñe de la cosa pública y haga de ella y con ella lo más conveniente a los propósitos de quienes pertenecen a tal “clase”, haciendo que las negociaciones se lleven a cabo al interior de grupos encuadrados en ese sector social, aunque –se han sofisticado los procedimientos de control social- siempre se les dé un cariz de apertura democrática de la que, en realidad, carecen.

Lo peor de todo es que, esa argucia desarrollada desde el siglo XIX, pero llevada en el siglo XX a niveles de excelsitud, ha llegado a arraigarse en las nuevas generaciones de políticos de tal manera que aun parecen creer realmente en sus bondades y, por lo tanto, hasta alardean de ella, sin que desde la hoy llamada “sociedad civil” –una noción nacida en el marxismo que encanta a las derechas- poco efectiva ha sido por lo general la reacción, si alguna ha habido.

Nadie niega la bondad de los acuerdos políticos en beneficio del interés general –la garantía de las libertades y derechos fundamentales es su meollo- pero es evidente la anomalía democrática consistente en que una de las ramas del poder público –el Ejecutivo federal- suscriba, en un “estado de derecho”, con las cabezas de los tres partidos mayoritarios, nada más, un pacto en el que se contengan los acuerdos torales para la definición de políticas públicas de alcance nacional, a pesar de que en muchos aspectos, constitucionalmente establecidos, requieran ellas del concurso de un congreso plural –“gobierno de las mayorías, CON RESPETO DE LAS MINORÍAS” es la democracia- o sean propias del régimen interior de los estados.

La marginación de los poderes legislativos –federal y locales- el desdén por las minorías e ignorar los espacios de “régimen interior de los estados”, violentando las instituciones constitucionales, me parece grave y tal vez un augurio no muy halagüeño. Ojalá me equivoque.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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