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14Diciembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

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La transparencia y la rendición de cuentas. Una deuda de nuestra democracia

La corrupción es un lastre que lastima a nuestra sociedad y propicia la descomposición de sus instituciones y del estado de derecho.

El clima de incertidumbre y de violencia que vive el país se explica en buena medida por los efectos nocivos que  genera la corrupción en todas las esferas de la vida pública, aunada  a la fallida estrategia del gobierno federal  para combatir a la delincuencia organizada. Pero no solo eso, también la mediocridad de nuestro crecimiento económico, el  incremento de la desigualdad social y, en general, el atraso educativo y cultural que padecemos son realidades que se ven agravadas por los altos niveles de corrupción que prevalecen en el país.

 

La cultura cívica y el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, así  como la confianza en el gobierno, en las leyes y en todo tipo de instituciones  se encuentran en uno de  sus niveles más bajos, según lo documentan diversas encuestas de opinión pública.

 

El Barómetro Global de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional  mediante una encuesta que capta las experiencias y opiniones del público en general sobre este problema, es más que ilustrativo. El 75 por ciento de las personas encuestadas opina que la corrupción se ha incrementado en México, en tanto que un 18 por ciento opina que sigue igual y solo un 7 por ciento considera  que ha decrecido. Las instituciones que son peor calificadas  son los partidos políticos, la policía, el poder judicial, los funcionarios públicos y los legisladores. El 52 por ciento piensa que el gobierno ha sido ineficaz para combatir la corrupción.

 

En esta misma tendencia se ubican los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2010, también elaborado por Trasparencia Internacional, en el cual México descendió 28 lugares del 2006 al 2010 al pasar  del lugar número 70 al número 98 de entre un total de 178 países, lo que da cuenta de la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para erradicar este problema y por supuesto, de la insuficiencia y deterioro de los mecanismos para garantizar un mayor acceso a la información pública  y la rendición de cuentas.

 

En  un sentido más amplio  la Heritage Foundation, una institución conservadora de los Estados Unidos, elabora un índice para medir  la libertad económica, entendida ésta como una combinación del grado de apertura de la economía, la vigencia del estado de derecho y la competencia, mediante la valoración de las políticas públicas que inciden en los aspectos económicos más importantes, los derechos de propiedad  y la corrupción. Los resultados del índice 2011 colocan a México en el lugar 48,  en la categoría de “moderadamente libre”, y se observa un descenso respecto de  la posición 41 que ocupo en el 2010. Esto confirma el hecho de que la acción del gobierno federal no solo no está propiciando mejores condiciones para impulsar el crecimiento y elevar la calidad de las practicas gubernamentales en beneficio de la ciudadanía, sino que está propiciando un clima de mayor deterioro de la confianza y la certidumbre, condiciones tan  necesarias para conducir al país y generar los consensos que exige  la gobernabilidad democrática.

 

A estas pésimas valoraciones internacionales, que aluden a la incompetencia del gobierno federal para desarrollar y fomentar mejores formas de gobierno, se suma el  desplome de México en el Índice Internacional del e-gobierno, mismo que refiere la capacidad del país  para incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación en la mejora de su competitividad, incluida de manera relevante la propia administración pública. En el Network Readinnes Index del informe del Foro Económico Mundial, México paso del lugar 49 en 2006-2007 al lugar 78 en el periodo 2009-2010, lo cual indica que  ha empeorado el entorno que ofrece el país para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Lo más grave y preocupante es que nuevamente  el propio gobierno federal no ha sido capaz de dar impulso a una agenda digital que permita ampliar el uso de las nuevas tecnologías en la mejora de sus tareas y en el combate a toda forma de opacidad y uso inadecuado de los recursos públicos.

 

Frente a  los problemas  de la corrupción, el atraso en el uso de las nuevas tecnologías y  el deficiente desarrollo de las  prácticas  de buen  gobierno, el ejecutivo federal debe asumir su responsabilidad. En un régimen que pretendemos democrático, no es posible que desde la propia administración federal se dirijan embates contra las instituciones garantes del acceso a la información pública; no es posible que no exista una política de Estado orientada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno; no es posible que como país no contemos con una agenda digital para generalizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación  y con ello  incrementar nuestra competitividad y  reducir los espacios a las decisiones y actos discrecionales; no es posible tampoco que después del arduo trabajo que significó lograr acuerdos entre las diversas  fuerzas políticas para  aprobar la reforma del sistema de justicia penal y dar transparencia a la impartición de justicia, no se le de la prioridad necesaria a la instrumentación de esta reforma.

 

Urge poner orden. Urge enfrentar los problemas y proponer soluciones para evitar  las graves consecuencias que pueden tener la actual indiferencia y la ausencia  de una política pública clara y compartida en contra de la corrupción. Urge una revisión de las asignaturas que tenemos pendientes  para avanzar en materia de transparencia, para mejorar los mecanismos y prácticas de rendición de cuentas, para impulsar una agenda digital y para garantizar la vigencia del Estado de derecho.

 

Es mucho también lo que debe y puede  hacerse desde los partidos políticos, los  gobiernos locales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los sindicatos, las organizaciones sociales, el sector privado  y el sistema educativo para enfrentar estos retos. Mientras no logremos establecer compromisos claros y dar pasos efectivos en contra de la opacidad y la  corrupción nuestra  democracia estará en riesgo.

 

Ello debe ser especialmente importante para los partidos políticos, los gobiernos estatales y municipales y los poderes e instituciones autónomas, quienes deben impulsar compromisos de alcance nacional para mejorar los sistemas de acceso a la información pública, así  como  asumir la  responsabilidad de manejar con  honestidad y transparencia  los recursos públicos, fomentar  una cultura de austeridad y eficiencia congruente con las grandes carencias que se padecen en todos los ámbitos de nuestra comunidad, y lo más importante, garantizar  la aplicación de los recursos conforme a objetivos y metas claramente definidas.

 

Es necesario avanzar en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción con mejores mecanismos e instrumentos contables y financieros, con mejores elementos programáticos y de evaluación de resultados y del desempeño.  Es preciso retomar  los referentes ya establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción firmada en 2003, retomar los propósitos que dieron origen al Instituto Federal de Acceso  a la Información y a los diferentes organismos de transparencia en los estados,  y definir una agenda con los temas más apremiantes en los diversos campos de la administración pública federal, los gobiernos locales, la seguridad, la justicia y  la economía.

 

Es muy importante que los diversos actores políticos puedan desplegar iniciativas para fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos y programas gubernamentales, en la vigilancia del  adecuado funcionamiento de los mecanismos de acceso a la información, así como en tareas de  promoción de la  cultura de la legalidad y la responsabilidad cívica.

 

Como en muchos otros temas de la agenda nacional, los problemas del país y el reclamo de los mexicanos no pueden esperar. Los procesos electorales de este año y la elección presidencial del 2012 no deben ser motivo para detener las reformas y los acuerdos políticos que se requieren para reorientar las políticas públicas.

 

Nuestra democracia no puede fructificar  sin  las reformas  indispensables para crecer, mejorar el bienestar de los mexicanos,  adecuar nuestras instituciones políticas y garantizar un gobierno eficaz. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, son una parte sustancial de esta transformación.

 

 

* Vicepresidente de la Fundación Colosio  A.C.



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