Screen

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

19Noviembre2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

El Centro para la Investigación y la Docencia Económicas (CIDE) publicó recientemente su estudio Retos de la Competitividad Urbana en México, en el cual aporta resultados muy interesantes y reflexiones que, quienes nos interesamos en el desempeño del gobierno, debiéramos incorporar de inmediato al debate público.

Independientemente de las calificaciones que obtienen las 74 zonas metropolitanas analizadas en términos de su capacidad de ser competitivas, o sea su poder para atraer inversiones y talento a sus respectivas comunidades, son más aleccionadores los razonamientos que se desprenden del estudio de estas experiencias.

Dos cuestiones que pueden ser relevantes. Una, la evolución del concepto de competitividad, o cómo han cambiado las condiciones que se requieren para que una región o ciudad pueda concentrar mayores recursos de inversión privada y recursos humanos de alta calificación. Y dos, la evaluación que se puede hacer del desempeño de los gobiernos locales, especialmente los municipios, en términos de su contribución a la competitividad.  

En la primera cuestión, el estudio es contundente. Lo que hace unos años se consideraba que eran muy buenas condiciones para atraer nuevas inversiones, tales como los salarios bajos, una población pobre y necesitada de empleo, bajos niveles de educación entre los trabajadores, laxitud en la procuración de la justicia laboral y la ausencia de sindicatos, leyes y normas  ambientales ambiguas y negociables, y un marco institucional débil, que hiciera factible los acuerdos en la discrecionalidad y la opacidad, hoy son exactamente factores negativos en la calificación de lo que puede ser una ciudad competitiva.

Hoy, la competitividad implica certidumbre. Significa seguridad pública, confianza en las instituciones de la justicia, salarios justos y regulados bajo criterios adecuados, un alto nivel de educación de la población, ciudades ordenadas en su desarrollo urbano, transporte público moderno, servicios sustentables de agua y energía, cobertura y calidad en los servicios de salud, y esquemas adecuados para la protección del medio ambiente.

Cambió ya, o está cambiando, la idea de que una ciudad puede ser competitiva si permite que se explote a sus trabajadores, que no haya sindicatos o mecanismos de protección laboral, que se arrase con su medio ambiente para que las empresas puedan reducir sus costos. Debe cambiar la idea de que se es competitivo cuando se pueden aprovechar las "ventajas" de la pobreza y la desigualdad para que las empresas puedan maximizar sus utilidades, y los cacicazgos regionales sus ventajas políticas y económicas.

En el segundo tema, el estudio del CIDE coincide plenamente con el reporte, también  reciente, del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO): la organización actual de los gobiernos municipales es obsoleta. No puede ya garantizar ni calidad ni eficiencia en los servicios públicos. Menos aun puede garantizar el desarrollo de una agenda para la competitividad. El municipio está atrapado en las redes de los intereses políticos de los partidos y difícilmente puede procesar proyectos de reformas de fondo que representen algún tipo de costo político.

La competitividad, como conjunción de factores que permiten impulsar el crecimiento económico, requiere una agenda de transformaciones en el ámbito institucional y en los diversos campos del quehacer productivo, cultural, educativo, del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente. Sin equidad, sin Estado de Derecho y sin gobiernos de calidad, sin una participación activa de la ciudadanía en el fortalecimiento de la democracia, no  hay competitividad.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

@oscarpime

http://oscarpimentel.wordpress.com

 



DEJA TU COMENTARIO

Ingresa datos requeridos(*) Código Básico HTML Habilitado

¡Síguenos también en las Redes Sociales!

TwitterFacefooter

twitter Facebook