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25Abril2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

La semana pasada hice una referencia, muy escueta, al tema de la iniciativa para crear una “Comisión Anticorrupción”, con la que supone alguien que podrá, por fin y de una buena vez por todas, con la lacra de la corrupción. Yo no soy tan optimista.

Creo, en cambio, que puede resultar nocivo un instrumento como el que se pretende crear, por diversas razones.

En primer lugar, porque, según han difundido los medios, parece estar puesto el énfasis sólo en sus repercusiones económicas, que con ser relevantes, no son, ni con mucho, las de mayor trascendencia y gravedad, porque sólo son efecto, y no causa, de la corrupción.

Además, creo que la perspectiva desde la que se ha contemplado el fenómeno es parcial, porque el efecto supuestamente benéfico que promete  coincide con el que interesa a los dueños del capital, que en años recientes han dejado en claro, con hechos, que las medidas que favorecen a “su” mercado suelen no ser favorables para los más y hasta son propicias a la generación de crisis muy serias.

En cambio, no se ha oído mencionar el grave deterioro social que causa la corrupción –no a la inversa- por el efecto de corrosión que tiene la pérdida o menoscabo de los valores tradicionales de convivencia ordenada y equilibrada, para no hablar de justicia y derechos fundamentales.

En realidad, según me parece, el problema central no es la corrupción. Ella es efecto del deterioro axiológico y es por lo tanto éste el que habrá que combatir., aunque no sea una tarea fácil.

El diagnóstico, que debe haber sido hecho antes de elaborar la iniciativa, seguramente refleja la seria descomposición social, el desapego a los valores universales, la falta de respeto de los miembros de la comunidad -entre sí y hacia las autoridades e instituciones- pero también de éstas últimas respecto de los habitantes del país, lo que no es ajeno a la falta de educación y cultura urbana, respecto de las cuales suelen rehuirse responsabilidades indiscrimi9nadamente.

Lo importante, en todo caso, es combatir la corrupción efectivamente. Para ello es imprescindible definirla, categorizarla, distinguirla conceptualmente, para poder decidir y enderezar estrategias y tácticas efectivas para erradicarla.

Es, además, imprescindible compatibilizar la propuesta con el sistema federal, sin restarle efectividad. No hay que olvidar que, en aras de incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, se han introducido falacias jurídicas y políticas en la Constitución, que aduciendo ventajas, han producido retrocesos en esta materia y en los fines expresos a los que decían estar destinadas.

Un caso típico es el supuesto fortalecimiento del municipio, a pesar del cual, a casi treinta años de la reforma, el municipio sigue atenido a los apoyos federales y estatales que le permiten sobrevivir, y de manera precaria por lo general. Lo mismo puede decirse del llamado “sistema de planeación democrática” que no ha sido eficaz, sino para revertir los efectos positivos de la estructura federal del estado mexicano.

Nadie puede negar la conveniencia y el sólido sustento ético que cualquier decisión de erradicar y prevenir la corrupción implica, pero con ser una medida que se antoja útil para "abrir brecha" y demostrar que se va "en serio" el combate contra un mal cuya percepción  está muy generalizada–como también lo está, por infortunio, la coparticipación- eso no es suficiente para tener éxito.

Por el contrario, una medida poco pensada y con un sustento social tan inconsistente, podría muy bien revertirse y causar mayores perjuicios que beneficios.

¿Por qué no enfocar el tema desde la perspectiva de los derechos fundamentales, que en última instancia son aquello que la corrupción vulnera?

Así podría establecerse una condición constitucional de avanzada y garantizar mejor su combate, por medios tradicionales y nuevos de garantía constitucional, pero siempre de manera fundamental y, por lo tanto, obligatoria para todo orden de gobierno y administración en todo el país, sin vulnerar el “pacto federal” y sin merma de él.



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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