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Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Domingo, 04 de Noviembre de 2012 22:42

La Reforma del Agua: Cambio de Régimen (III)

por  Oscar Pimentel
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La reforma de la política pública en materia de agua es indispensable para garantizar una mejor calidad de vida de la población y   un desarrollo sustentable del país.

En consecuencia, se requiere una profunda transformación del marco regulatorio y de gestión institucional  de los recursos hídricos, en particular de los sistemas operadores de agua potable que abastecen a la población urbana, que  alcanza ya casi el 80% del total de habitantes.

El propósito debe ser lograr el cien por ciento de la cobertura de los servicios de abasto de agua potable, drenaje y saneamiento con eficiencia, sustentabilidad financiera y compatibilidad con el medio ambiente.

La experiencia ha demostrado, ya fehacientemente, que alcanzar este objetivo no es posible mientras los sistemas operadores sean apéndices del aparato público  administrativo, cuyas motivaciones fundamentales están asociadas a la política electoral y partidista. En esos organismos se pueden dar, ciertamente, periodos de gestión de eficiencia y fortaleza financiera, pero tarde que temprano se vuelven vulnerables ante los usos electorales  y las desviaciones de recursos a otros fines.

Por ello, es necesario rescatar los sistemas operadores del terreno político electoral y colocarlos en el campo de la política pública; con planes de largo plazo, escrutinio de los órganos  de  fiscalización y rendición de cuentas,  transparencia, y participación ciudadana.

Lo anterior solo se puede lograr con la voluntad política del gobierno, bajo la presión o no de la sociedad civil, para emprender la transformación de los sistemas de agua potable y saneamiento.

La decisión fundamental debe ser diseñar un nuevo régimen para los organismos que les garantice el espacio de independencia y autonomía, necesario para que puedan operar conforme a  metas de eficiencia, autosuficiencia financiera, ajuste de tarifas y fortalecimiento institucional. La clave es la adopción de practicas corporativas, como base para emprender procesos de mejora, profesionalización y modernización en todos los ámbitos.

Es decir, el nuevo régimen institucional de los organismos de agua debe sustentarse en practicas empresariales que aseguren su viabilidad económica y la incorporación de los métodos y técnicas de gestión mas avanzados.

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, estos organismos deben contar con un Consejo de Administración cuyos integrantes sean representativos de la sociedad  y seleccionados por su reconocimiento como personas comprometidas con su comunidad, sin conflicto de intereses ni militancia activa en partido político alguno, con preparación y experiencia.

Asimismo, el gerente de la empresa debe ser seleccionado de acuerdo con un perfil profesional técnico y de gestión que garantice la incorporación de recursos humanos calificados, nuevos sistemas de operación y administración, y tecnologías avanzadas. Es la única manera de desterrar el influyentismo, la incidencia de los compadrazgos y el amiguísimo que tanto daño hacen a las instituciones públicas.

Proponer que los organismos de agua se conviertan en empresas, no significa en absoluto que sea condición indispensable la participación de la inversión privada. Ello es una posibilidad, pero no la única manera de organizar empresas; de hecho, pueden ser empresas totalmente públicas, sin capital privado, pero con las prácticas corporativas, la participación ciudadana y la transparencia, esas sí indispensables, para que puedan ser eficientes.

Las empresas de agua potable y saneamiento deben contar con planes de largo plazo que contemplen los problemas de las reservas de agua para el futuro, los efectos del cambio climático y las proyecciones del crecimiento poblacional y económico para definir sus metas de abasto y las necesidades de nuevas inversiones en infraestructura y de procesos de mejora. Deben también establecer parámetros de desempeño para poder evaluar de manera periódica y sistemática sus avances y los obstáculos que se encuentren en el proceso.

Una decisión  de gran importancia es determinar la cobertura territorial que deben tener estas empresas, en virtud del acelerado proceso de urbanización y metropolización que se observa ya en todo el país. Los municipios, facultados constitucionalmente para ofrecer los servicios de agua y saneamiento, debieran revisar con detenimiento sus capacidades para cumplir por sí mismos con esta tarea de manera regular, estable y eficiente o bien explorar la posibilidad de asociarse para constituir empresas de alcance metropolitano o estatal y así aprovechar las ventajas de las economías de escala, evitar duplicidades y reducir burocracia.

El cambio de régimen en las instituciones que actualmente administran el agua potable, requiere también de una seria revisión al marco jurídico y regulatorio para adecuar las normas a las nuevas condiciones y hacer factible la reforma que se pretende, así como para crear instancias de regulación que supervisen el cumplimiento de las responsabilidades  de las empresas de agua y vigilen que se preserven siempre los intereses de la comunidad.

Finalmente, un aspecto que no debe quedar en el olvido es que todo el esfuerzo por reformar los sistemas de agua debe contar con un enfoque ambiental que garantice la sustentabilidad en el manejo del agua y contribuya al cuidado y preservación de los recursos naturales.

La verdad es que ya estamos retrasados en nuestra respuesta a la sobreexplotación de los acuíferos y al deterioro de los recursos hídricos en el país. Cualquier titubeo y demora en las decisiones reduce las posibilidades de mejorar la disponibilidad de agua y con ello el bienestar de la población.

Como en muchos otros temas cruciales para el futuro de  México,quienes tenemos algún tipo de responsabilidad publica, política o civil, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

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@oscarpime

http://oscarpimentel.wordpress.com 
Ultima modificacion el Domingo, 04 de Noviembre de 2012 22:57

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