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Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

Domingo, 28 de Octubre de 2012 20:53

La Reforma del Agua: Cambio de Régimen (II)

por  Oscar Pimentel
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De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, México tiene un grave problema de escasez de agua potable. Cada año el país consume el 17 % de sus reservas, mientras que Argentina, el país más similar en consumo, usa sólo el 3.5 %. Esto nos conduce de manera inexorable hacia una situación de colapso en la disponibilidad natural de agua potable por la imposibilidad de que se recupere el ecosistema. [1]

El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su reporte 2012 del Índice de Competitividad Urbana, atribuye acertadamente este fenómeno de deterioro de nuestros recursos hídricos a las malas políticas públicas del gobierno en todos sus órdenes, federal, estatal y municipal, lo cual ha propiciado un enorme desperdicio y uso irracional del agua.

El primer problema de estas políticas gubernamentales es la ausencia de un sentido de responsabilidad de los servidores públicos frente al futuro de la comunidad a la que se gobierna.

Lo más común en nuestra realidad mexicana son los políticos que evaden los diagnósticos claros de los problemas, y que no les interesa definir proyectos certeros que los comprometan a una solución determinada de los mismos. No, a ellos les gusta improvisar, porque los compromisos a futuro atan y obligan a trabajar con un sentido técnico y político que, si bien resuelve los problemas, también puede significar un costo político para quien adopte las soluciones de fondo que, aunque son indispensables, no son tal vez las más populares.

Eso es precisamente lo que pasa con el tema del agua. Abastecer de agua a  una ciudad conlleva costos financieros muy significativos en infraestructura, equipo y organización de personas especializadas, que generalmente no se trasladan a los usuarios  y es el gobierno quien debe disponer de recursos fiscales para subsidiar a los organismos operadores del sistema de agua potable.  Esta práctica merma la capacidad del gobierno para atender adecuadamente otros rubros socialmente necesarios, fomenta una cultura de no pago en los usuarios, condena a la descapitalización e ineficiencia a los propios sistemas operadores  y promueve el desperdicio y el consumo irracional del agua.

Cuando los gobernantes se niegan tomar las decisiones que son necesarias en cada momento, piensan que atienden a los intereses de su comunidad, y eso hacen creer. No hay nada más falso. Realmente cuando los gobernantes se niegan a asumir el riesgo de una disminución de su popularidad por la adopción de un proceso de mejora, generan mayores costos sociales, políticos y económicos, para la comunidad a la que dicen servir. Los ejemplos sobran: desde los sistemas de pensiones y de seguridad social que no se reformaron a tiempo y dejan en la indefensión a miles de trabajadores; las concesiones fiscales populistas que debilitan las finanzas del gobierno, el negarse a cobrar el impuesto predial; la falta de acuerdos políticos para llevar a cabo las reformas fiscal, energética y laboral que rezaga la competitividad del país; el mantenimiento de tarifas de transporte y agua artificialmente bajas que perpetúan la operación de servicios ineficientes y de pésima calidad, y que conllevan mayores costos a los usuarios por los servicios alternos que debe contratar para resolver sus necesidades en estos rubros.

Lo lamentable es constatar que, a final de cuentas, es el cálculo político personal y de partido lo que determina las políticas públicas en materia de agua, y no los intereses de la población y del país.

La inacción del gobierno tiene costos más altos para la comunidad que la adopción de procesos de mejora y de eficiencia de los servicios públicos. La ausencia de voluntad política para resolver los problemas tiene el  efecto perverso de trasladar mayores costos económicos y sociales a los usuarios.

En este contexto, son alentadores los esfuerzos que realiza la Asociación Nacional de Empresas de Agua  Potable y Saneamiento (ANEAS), para impulsar la profesionalización de los sistemas estatales y municipales, aportar a la mejora del marco jurídico y regulatorio del agua, y contribuir a la definición de las nuevas políticas públicas del próximo Gobierno Federal en la materia.

Otros trabajos, como los estudios y consultas realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntan también a perfilar lo que puede ser una reforma del agua en México. Una política pública que reconozca el alto valor del agua y la necesidad de que las tarifas incorporen, por el propio bien de la comunidad, los costos de la infraestructura, la operación y el mantenimiento; que fomente el cambio de régimen de los sistemas de agua y saneamiento para que sean dirigidas por empresas públicas administradas mediante prácticas corporativas, sujetas a planes de largo plazo y evaluaciones con parámetros de desempeño, y reguladas bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas; que deslinde el tema del agua de los asuntos político electorales; y que incorpore la perspectiva ambiental en todo el ciclo integral de la gestión del agua en el país.

Necesitamos cambiar nuestro modo de pensar respecto del aprovechamiento de los recursos hídricos. La escasez, el cambio climático y la gran ineficiencia que tenemos en el manejo del agua, son situaciones que deben obligarnos a redefinir las políticas públicas y a fomentar una nueva cultura ciudadana del agua, así como de su consumo responsable.

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@oscarpime

http://oscarpimentel.wordpress.com/

[1] IMCO. El municipio, una institución diseñada para el fracaso. Propuestas para la gestión profesional de las ciudades. 2012

Ultima modificacion el Domingo, 28 de Octubre de 2012 21:07

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