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22Marzo2017

Edición No. 233 Del 19 al 25 de Octubre de 2015

A contrapelo

Xavier Díez de Urdanivia

El pasado jueves, el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Armando Luna Canales, rindió un informe especial sobre la situación de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en la Laguna coahuilense.

Es el primer informe que rinde ese organismo desde que asumió la competencia constitucional para velar por los derechos fundamentales en la materia laboral, que antes le estaba vedada.

A decir verdad, no resulta alentador el resultado de la acuciosa investigación de que dio cuenta Luna Canales, porque, por principio de cuentas –y sólo para enunciarlo sintéticamente y en los términos literales del informe- “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores agrícolas, no sólo (lo) es por la naturaleza de su trabajo si no por la condición que tienen de migrantes, pues se viola su dignidad humana y sus derechos humanos inherentes, en específico (sic) derechos laborales, de salud, educación entre otros”, con el agravante de que “estos hechos no sólo afectan a las victimas sino a sus familias y sus comunidades”.

Pero si eso es preocupante, puede serlo más que de la información obtenida pone en evidencia la falta de acciones concretas de las autoridades competentes para remediar tan lacerante situación.

Según el informe, tras diversas visitas de campo, arroja información que indica la privación de garantías efectivas para asegurar los derechos de los trabajadores, lo que contraviene gravemente sus derechos fundamentales al desarrollo, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la seguridad personal “e, incluso –dice el informe- a la vida”.

La Comisión, a través de sus visitas a los campos donde laboran los jornaleros agrícolas en la Laguna, constató que la situación dista mucho de concordar con las previsiones del artículo 123 constitucional, diversos tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por prontas providencias.

Tampoco, por supuesto, se da cumplimiento a las condiciones generales de trabajo, a las obligaciones de capacitación y adiestramiento, a las que conciernen a la seguridad social, y menos aun a las obligaciones de seguridad e higiene indispensables.

No hay que perder de vista que los llamados “jornaleros agrícolas”, aquí y en otros estados y territorios, son trabajadores migrantes. Por eso llama la atención, como puntualmente lo señala el Presidente de la Comisión, que a pesar de que el INEGI reporta altas tasas de desempleo en la región se contrate gente de fuera de ella.

¿La causa? Según lo detectó la Comisión Estatal estriba principalmente en que los habitantes de la región no están dispuestos a desempeñar esas labores en las condiciones en que lo hacen los migrantes y con esos sueldos.

Nada justifica –menos una falazmente invocada “competitividad”- que tal situación persista, porque no se puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que se hagan economías –bajar costos y aumentar utilidades- a costa de los seres humanos y su dignidad, que no otra cosa son esos trabajadores.

¿Dónde quedó, en que recóndito recoveco, la vergüenza de esos patrones? ¿Quién, sin pudor, es capaz de restaurar esa descarada esclavitud, que incluso a la encomienda colonial supera en su aberrante condición?

Tras hacer precisas recomendaciones a diversas autoridades, la Comisión concluye con lo que es una realidad evidente: “La responsabilidad no sólo se considera que es del Estado, se requiere de una participación eficaz del sector privado, pues a mayor grado de responsabilidad social de los empresarios agrícolas de la región podremos observar un impacto favorable en la calidad de vida las familias jornaleras”.

Eso no se satisface con el solo cumplimiento de las leyes y demás normas aplicables, requiere de una conciencia clara de la responsabilidad que implica vivir entre iguales, conciencia y responsabilidad que deben quedar más claras y se incrementan especialmente cuando la relación se da entre los más favorecidos y quienes están en tan franca desventaja como los jornaleros.

Es una cuestión, sobre todo, de vergüenza, pudor, solidaridad y ética, no de derecho.

 



Xavier Díez de Urdanivia

Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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